El carrusel de la Distrital

Ricardo García Duarte es un abogado con maestría de Altos Estudios de Desarrollo obtenida mediante convenio del Externado de Colombia, que ganó beca en Francia para doctorado en Ciencias Políticas y tiene la mala suerte de ser rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Bogotá.

Hombre académico de izquierda, estuvo en el Movimiento Firmes, de los años 80, junto con Gerardo Molina y Diego Montaña Cuéllar, y es un tipo amigo de todos. Es como usted o yo: trabajador, estudioso, bohemio, conversador. Es de los que no llevan un peso en el bolsillo y sin embargo siempre les alcanza para comprar libros o vinos secos. Hombre sencillo y lúcido, ha sido profesor de las universidades Distrital, Externado y Nacional. Todo el mundo lo conoce. Pero repito que tiene un defecto: ser rector de la U.D.

El pasado 28 de marzo, cuando volvió a la libertad después de que la Fiscalía lo declarara exento de todos los cargos que le imputaban sus antiguos compañeros de claustro, dijo en la Universidad: “No vengo con triunfalismo. Estoy contento de que los organismos de control del Estado me hayan esculcado todo y no me hayan encontrado nada”. Ya el 24 de enero anterior la Procuraduría General lo había absuelto de responsabilidad disciplinaria en una demanda por conflicto de intereses que el propio apoderado de la U había retirado, sin que el acusado aprovechara eso para hacerle pagar costas a la institución, como era su derecho. Pasó más de tres meses bajo detención domiciliaria porque sus enemigos, que lo atravesaron con inculpaciones, no lograron lanzarlo a los calabozos de una cárcel. Todo porque García se atrevió a tocar disposiciones ilegales intocables de la Universidad, que desde 1999 deberían haber sido abolidas y no lo fueron, por la cobardía y la complicidad de los anteriores rectores. Estaban relacionadas con pensiones de jubilación mal liquidadas y con negociados en los contratos del plantel. Desde los años 60 era vox populi en Bogotá que en la U.D. había una rosca formidable y que el régimen pensional era de oro puro.

García era profesor de planta desde 1998 y en 2003 fue elegido rector. Tres años atrás había sido nombrada decana de Educación una profesora que desconocía la universidad y descontaba del sueldo a quienes asistían a las asambleas. Se produjo un movimiento para sacarla del cargo y en él se enroló nuestro docente. Había ya en marcha un plan para elevar el nivel académico y recuperar el claustro con base en la eliminación de la corrupción administrativa y el clientelismo, que comprometía a personas de derecha, de izquierda, neutros, comunistas y anticomunistas. Había agenciamiento desde el concejo distrital. Samuel Arrieta se ganó la curul con votos salidos de la Distrital y ahora hace parte de Convergencia Democrática y pelea curul en el Senado. Antonio Caicedo, veterano de la Universidad y uno de los más favorecidos por las pensiones de oro, salió electo al Congreso con votos de las negritudes.

El movimiento renovador encuentra aliados y cuando se hace la consulta para escoger rector Ricardo saca la segunda votación más alta. Eran los tiempos del alcalde Mockus y todo el mundo estaba jarto con la corrupción de la U. Ya para el año 2003 el presupuesto no alcanzaba. Los trabajadores de administración se jubilaban a cualquier edad después de veinte años de servicios, y los profesores a los cincuenta de edad y aun antes. El sistema de salud favorecía a toda la familia del empleado y hasta a la tercera esposa, sin que hubiera previa comprobación de los datos. Un trabajador podía cambiar anualmente de gafas y monturas (y de esposa, agregaríamos). Había cirugías estéticas pagadas por la Universidad. El sistema de contratación de profesores era bastante bueno: salarios bajos pero todo ingreso sumaba como salario: viáticos, quinquenios, por ejemplo. Por eso las pensiones eran mejor que buenas y llegó el momento en que no hubo dinero del presupuesto para pagarlas sin riesgo de quiebra. El gobierno dijo entonces: “O controlan eso o no hay más presupuesto para la universidad”. Y García optó por lanzarse al rescate y evitar el colapso. De un total de 285 pensiones establecidas, 280 fueron demandadas por mala liquidación; algunas ya fueron falladas a favor de la Universidad y las demás siguen su curso.

Un boletín universitario fechado el 29 de marzo del presente afirma que los factores ilegales de las pensiones oscilan entre el 30% y el 40% del valor total percibido. La del ex rector Fabio Lozano Santos vale $7.500.000, de los cuales $2.250.000 son ilegales; en las catorce mesadas recibidas cada año eso suma $31 millones, y en los siete años en que el avispado ex rector ha venido percibiendo la pensión esa suma se eleva a $220 millones, que “equivalen a negarle un año de estudios a 45 estudiantes” de estratos 1, 2 y 3, que son los mayoritarios en esa universidad.

El desmonte del carrusel de la dicha afectaba a casi cien docentes listos para pensionarse, y se vino la pelea dura. En el consejo superior universitario los representantes de los ex rectores, los egresados pensionados y los estudiantes se aliaron para rechazar toda medida que emanara de la rectoría. El bonachón académico, sencillote y amigo de todos, se convirtió de pronto en enemigo aborrecible. Todo acto de gobierno de la rectoría fue desconocido por sus subalternos. Los empleados se quedaron paralizados en sus puestos, esperando que transcurrieran las horas y los siglos, y durante dos años ni un vidrio roto de las ventanas del claustro fue reemplazado. Los instrumentos y útiles de trabajo aparecían estropeados y comenzaron a denunciarse fallas de procedimiento de la rectoría. De cualquier cosa se pegaban para armar debate permanente y convencer al consejo superior de que el rector, elegido por tirios y troyanos, súbitamente se había convertido en un incapaz, perseguidor de trabajadores y depredador. Exigen la acreditación de veinte carreras, hacen detener al rector y nombran un encargado que comienza por mochar cabezas indeseables, pero cuando estaban en esas aparecieron la Personería y la Fiscalía para decir que García quedaba exonerado de todo cargo judicial. Para peor suerte, la evaluación que contrataron aprobó ya doce o trece de las carreras examinadas. En diez años los estudiantes del plantel habían pasado de siete mil a veinte mil sin que cambiaran las condiciones físicas y de infraestructura. Esa era la causa de las carencias. Los contratistas, por tercera vez, se quedaron con los crespos hechos.

La última jugada que se fragua contra el rector es la destitución del cargo. Quieren llevar el asunto al consejo superior con base en que se apruebe libre nombramiento del rector por el mismo consejo, acabando de un tajo con la autonomía universitaria, ganada por las fuerzas democráticas tras una lucha de decenas de años. Como quien preside el consejo es el Alcalde Mayor o su delegado —en este caso el Secretario de Educación, Abel Rodríguez—, y ambos militan en el Polo Democrático, uno tiene el derecho de esperar una postura democrática de la administración distrital. La jugada coincide con los planes ideológicos del gobierno de Uribe. Es un proceso de la Distrital hacia la derecha, que no debería ser avalado por el Polo. El día que salió libre, García se presentó a la Secretaría General del claustro para dejar constancia de su nueva situación, pero sus contradictores del consejo superior vienen saboteando cada reunión que se convoca para restituirlo formalmente en su puesto. Le queda poco tiempo, hasta el 30 de septiembre próximo, cuando termina su mandato.

Los amigos de García dicen que es un ingenuo porque lo primero que debió hacer al entrar al cargo fue echar a los que pudieran estorbarle su tarea, a quienes él conocía de sobra. No lo hizo entonces ni lo haría mañana. Así es la mente de quienes toman la decisión de servir a los demás por encima de las ideologías y las conveniencias personales. Les va mal. Pero saben que toda la gente de bien los acompaña.