Discriminación y excesiva represión

Durante los meses de marzo y abril, el movimiento indígena protagonizó una serie de movilizaciones para oponerse a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos y exigir la caducidad del contrato con la empresa petrolera estadounidense OXY por incumplimiento del contrato firmado con el Estado ecuatoriano.

Tras entrevistarse con las más altas autoridades del Estado, representantes de todos los pueblos y nacionalidades indígenas, autoridades locales y otros actores, el Relator manifestó que “estas movilizaciones generaron una respuesta que a todas luces parece desmesurada por parte de las autoridades, porque hubo represión en algunas instancias de ese movimiento en algunas partes, hubo actos de discriminación contra los indígenas que se dirigían a la reunión de Quito y a otras partes; la fuerza pública detuvo a los indígenas, los bajó de los autobuses porque usaban la vestimenta indígena”. Agregó, sin embargo, que hay puntos de vista diferentes sobre el impacto de estas movilizaciones en otros sectores de la sociedad en los que “hubo el temor de que las movilizaciones pudieran interrumpir el orden público, el libre tránsito, las actividades y el flujo de abastos”.

Según el Relator, estas últimas movilizaciones han polarizado a la opinión pública, algo que es muy delicado para el país y que debe ser atendido por todos los sectores y por las autoridades a fin de “negociar las diferencias”. “En la prensa hubo un discurso de tinte racista por parte de algunos comentaristas que va en contra de la tradición que el Ecuador siempre ha tenido y en contra de la tolerancia mutua y de la convivencia que es la base de la resolución de los conflictos”, añadió.

Pero además de referirse a estas situaciones de represión y discriminación, el sociólogo Stavenhagen, señaló que “hay un peligro en estas movilizaciones recientes que es la posible criminalización de la protesta social, aplicando el derecho penal a legítimas expresiones que en este caso era con respecto al TLC, pero que pueden ser con respecto a la presencia de la OXY en el país… Y esto plantea un desafío para el libre ejercicio de los derechos humanos y para la protección de los mismos no solo de los pueblos indígenas sino de todos los sectores del país”.

Se agudiza la pobreza

Tras recorrer cinco provincias del país (Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, Chimborazo y Pastaza), una primera conclusión del Relator es que “los pueblos indígenas continúan en situación de pobreza a pesar del crecimiento económico de los últimos años. La débil respuesta de las estrategias de desarrollo ante los problemas acumulados de falta de empleo de las comunidades indígenas contribuye a fomentar el incremento de las migraciones de sus miembros. A la pobreza rural se suma de manera creciente la difícil condición de los indígenas en el sector urbano. La situación de las mujeres indígenas en ese contexto es especialmente vulnerable”, dice un comunicado distribuido a la prensa,

Así mismo, los pueblos indígenas carecen de un adecuado acceso a los servicios sociales básicos, como la educación y la salud. “Las niñas indígenas continúan siendo las más marginadas en el proceso educativo. Los programas de educación intercultural bilingüe no han dado los frutos que se esperaban debido, principalmente, a la falta de recursos presupuestarios y técnicos. Lo mismo ocurre en el área de la salud indígena. La mortalidad infantil y la falta de acceso a servicios de salud en las áreas rurales son particularmente preocupantes”.

En materia jurídica, se concluye que “a pesar del reconocimiento constitucional de los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas, persisten grandes retos para su protección y promoción efectivas. Los avances logrados en la Constitución de 1998 se han visto limitados por la falta de desarrollo legislativo y la débil aplicación de las normas. No se ha legislado en materia indígena sobre la consulta previa, libre e informada, la salud y la jurisdicción indígena”.

Varias situaciones de conflictividad ligada a la disputa de competencias y a eventuales violaciones del derecho a la vida y a la integridad física se están produciendo por la falta de reglamentación en materia de justicia indígena.

Pueblos amazónicos

Con respecto a los pueblos que viven en la Amazonía ecuatoriana, el Relator expresó su preocupación por el deterioro progresivo del hábitat indígena y el impacto de las actividades extractivas como la minera, petrolera y maderera sobre el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

El relator visitó la comunidad indígena de Sarayacu, ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, que resiste a los intentos de la Compañía General de Carburantes (CGC), de iniciar la exploración petrolera en sus territorios. Para aplacar la resistencia indígena, el Estado ha procedido en varias ocasiones a militarizar la zona. El caso ha sido conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha dictado medidas cautelares a favor de la población de Sarayacu.

“En Sarayacu, dijo el Relator Stavenhagen, recibí denuncias de que la empresa mencionada plantó varias decenas de cargas para fines sísmicos, que desde luego están allí todavía, pero no han sido desactivadas, pero el daño que pueden crear es considerable y desde luego para los miembros de la comunidad de Sarayacu es una invasión de su territorio, y yo diría, y son palabras mías, es un insulto tener plantadas en su territorio cargas que pueden o no pueden ser explosivas pero que están ahí”. Añadió que es importante que se adopten medidas de remediación ambiental y en principio las empresas que han entrado a la Amazonía para obtener enormes ganancias de sus actividades son las primeras responsables para remediar y prevenir daños futuros, pero solo lo van a hacer si el Estado y la comunidad internacional actúan.

De otro lado, el Relator expresó su especial preocupación por la situación de los pueblos huaoranis no contactados o en aislamiento voluntario, cuyos territorios sufren la presión de los madereros. Estas fueron sus palabras: “Durante mi visita salió la noticia de que hubo un incidente de violencia que puede haber causado varios muertos en una zona muy apartada como resultado de un enfrentamiento, que no sería el primero, entre madereros ilegales y una de las comunidades de los pueblos no contactados, o en aislamiento voluntario, que existen en la zona, y que precisamente por la lejanía no se ha podido confirmar e identificar cadáveres. Desde luego no me puedo pronunciar sobre algo que no hay datos efectivos, pero eso se inscribe en una conflictividad antigua : ya hubo un incidente hace tres años en la misma zona que causó víctimas, desde luego todo el mundo sabe que hay madereros ilegales que operan prácticamente sin ningún control en esa zona y que esos madereros ya han tenido encuentros anteriores con estas pueblos”. Agregó que se encuentra muy preocupado por este caso, exhortando al gobierno ecuatoriano a tomar medidas de protección, “porque estos pueblos, por ser tan frágiles, no tienen la protección del Estado en materia de Derechos Humanos y son pueblos que están en peligro de extinción como pueblos, y esto es una preocupación grave no solo para el gobierno ecuatoriano, la sociedad y el movimiento indígena, pero también para la comunidad internacional”.

Rodolfo Stavenhagen, que fue designado como Relator de pueblos indígenas en el 2001, presentará en dos o tres meses un informe al flamante Consejo de Derechos Humanos, cuyas recomendaciones espera que sean consideradas por el gobierno y los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana.

Eduardo Tamayo G.