Para inflar sus estadísticas, el ministro francés del Interior, Nicolas Sarkozy, procede a expulsiones del territorio, vergonzosas en su contenido, ilegales en la forma y contrarias a los compromisos del gobierno.
Desde hace varias semanas, el ministro francés del Interior, Nicolas Sarkozy [futuro candidato presidencial derechista francés para las elecciones de 2007 ndlr], se presenta con aire de víctima porque su nombre es citado en un asunto de cuentas ocultas de las que no sería titular.
Es triste, pero conocemos casos peores. Mucho peores, y que también ocurren.
Mariam Sylla y sus dos hijos, Mohamed (cinco años y medio) y Aissata (tres años) fueron montados a la fuerza en un avión rumbo a Mali el sábado 13 de mayo de 2006. Esta mujer vivía en Francia, donde nacieron sus hijos, desde hacía siete años. Casada desde muy joven, había sido víctima de violencia conyugal que le había provocado quedarse casi sorda. Refugiada en Orleáns, trataba de reconstruir su vida. Sus hijos estaban escolarizados. Mohamed, en la sección de los mayores de la guardería infantil Jolibois en Orleans-La Source, y, Aissata, en la sección de los pequeños en la guardería Claude Bernard, en Orleans-La Source.
Mariam Sylla fue interrogada el 11 de mayo en Eure donde visitaba a una amiga. Esa misma noche fue detenida en Rouen (Oissel) con sus hijos mientras se llevaba a cabo un procedimiento para impugnar el decreto prefectoral de reconducción a la frontera dictado por el prefecto de Loiret y cuya audiencia estaba fijada para el 15 de mayo.
Fue expulsada en menos de 48 horas, sin que nadie fuera avisado. La circular ministerial del 31 de octubre que suspende hasta fines del curso escolar la reconducción de los padres con hijos escolarizados fue deliberadamente ignorada por los prefectos y el gabinete del Ministro alertado.
Ella debía presentarse a una audiencia ante el juez de libertades y detenciones (JLD) antes de su expulsión, pero no fue así. Debía comparecer ante el tribunal administrativo el 15 de mayo para impugnar el decreto prefectoral de reconducción a la frontera (APRF) emitido por el prefecto de Loiret, pero no se le permitió presentarse a la audiencia.
Sometidas a la obligación de completar una cifra dictaminada por el ministro del Interior, las prefecturas de Loiret (signataria de la APRA) y de Eure (responsable de la detención) ignoraron las reglas de procedimiento. ¡Qué importa la forma con tal y lograr la expulsión y las cifras!
Decidiendo (en su ausencia forzada) sobre su caso, el 15 de mayo el Tribunal administrativo de Orleáns anuló el decreto prefectoral de reconducción a la frontera. Dicho de otra forma, vergonzosa en su contenido, la expulsión de Mariam Sylla y sus hijos es también ilegal en la forma.
La Red de Educación sin Fronteras (RESF), los profesores y padres de alumnos de los centros adonde acudían Mohamed y Aissata, todos los que en este país conservan un mínimo de apego a los valores que deberían constituir la base de la sociedad, exigen la repatriación de Mariam Sylla y de sus dos hijos.
Estos hechos deshonran a los responsables de los mismos, comenzando por el Ministro del Interior, el Primer Ministro y el Presidente de la República que, más allá de los sórdidos conflictos que los oponen, comparten la responsabilidad de estos horrores, entre otros, sin contar los altos funcionarios que se prestan para ello.
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