Según un informe de la Oficina de la Contraloría de Estados Unidos
(Government Accountability Office) desde 2003 se han otorgado contratos por
un valor superior a 766 millones de dólares a las empresas privadas de
seguridad. Las críticas señalan que a través de esos contratos se emplean
mercenarios sin escrúpulos que complican la acción de la reconstrucción de
la Coalición cobrando a veces sueldos superiores a varios miles de dólares
diarios. También se critica a las empresas privadas de fraude y de
enfrentamientos con las mismas fuerzas norteamericanas de ocupación.

Con la mundializacion de la economía, el uso de la fuerza se ha convertido
en un negocio más que hay que privatizar a toda costa. Se estima que el
valor de esa industria ha pasado de 33 mil millones de dólares en 1990 a
unos 100 mil millones en 2006, calculándose que alcanzará en 2010 más de 200
mil millones. Durante la primera guerra del Golfo, a principios de 1990, uno
de cada 100 soldados era un empleado de una empresa privada de seguridad.
Pocos años después, durante las guerras en ex Yugoslavia la proporción había
pasado ya a uno de cada 50 y actualmente la proporción sería de uno de cada
10. Los conflictos en ex Yugoslavia, Angola, Colombia y Sierra Leona, por
poner sólo algunos ejemplos, han favorecido la multiplicación de esas
empresas. Pero ha sido a raíz de las guerras de Afganistán y de Irak y de la
inestabilidad de la posguerra en esos dos países lo que ha impulsado el
mayor auge de las empresas privadas militares y de seguridad. También es en
esos países en donde
los limites de la zona gris en la que actúan tiende a desdibujarse con más
facilidad y el paso entre lo que se considera operaciones de seguridad y
violaciones de derechos humanos se
confunden.

Los miles de empleados armados que operan en Irak constituyen uno de los
problemas más controvertidos en la reconstrucción del país ya que sus
actividades se enmarcan dentro de un contexto de falta de control y de
fiscalización de los comportamientos de los empleados de esas empresas.
Muchos de esos comportamientos son similares a los que ocurrieron en la
cárcel de Abu Ghraib. CACI y Titan, dos empresas privadas de seguridad
norteamericanas se han visto implicadas en violaciones de derechos humanos
que ocurrieron en 2004 en dicha cárcel. El informe del General Antonio
Taguba indica que dos de los empleados de CACI estaban directa o
indirectamente implicados en la utilización de perros sobre los prisioneros,
abusos sexuales forzados y otros abusos cometidos a los prisioneros. Otro
informe sugiere que uno de los 27 empleados de CACI que trabajaba para el
Ejército norteamericano en Irak sabía pertinentemente que las instrucciones
que estaba dando a los soldados que interrogaban
a los prisioneros equivalían a una forma de tortura. Las fuentes de CACI
pretenden que su personal estaba en todo momento actuando bajo el mando
militar y ejecutaban las órdenes del personal militar. Según la versión de
la empresa Titan, sus empleados son traductores e interpretes del Ejército
norteamericano y no estarían implicados en las torturas que se infligían a
los prisioneros. Las investigaciones que se han llevado a cabo para
establecer la implicación de ambas empresas en los delitos cometidos no ha
impedido al gobierno norteamericano de renovarles los contratos: uno por un
valor de 15 millones de dólares con CACI por el que se facilitan servicios
de interrogación con miras a obtener información en Irak y otro de 400
millones de dólares con Titan para emplear a más traductores. Cuando
ocurrieron los incidentes de Abu Ghraib el Gobierno de EE.UU., como Potencia
ocupante, tenía jurisdicción en Irak. El hecho que las violaciones de
derechos humanos fueran perpetradas
presuntamente por empleados de empresas privadas, como CACI y Titan
contratadas por el Gobierno norteamericano, no exime a éste Gobierno de sus
obligaciones conformemente al derecho internacional de derechos humanos y al
derecho internacional humanitario. Sin embargo, contrariamente a las
observaciones hechas por el Gobierno de Estados Unidos a Naciones Unidas en
las que se afirma que “el personal bajo contrato de los Estados Unidos se
encuentra bajo la dirección de la Coalición y está sujeto a la jurisdicción
penal de los tribunales federales estadounidenses” ningún empleado civil
presuntamente implicado en las violaciones ocurridas en Abu Ghraib ha sido
objeto de investigación imparcial por un tribunal federal ni legalmente
sancionado.

En la reciente presentación del informe de 2006 de Amnistía Internacional el
director de AI Estados Unidos ha hecho hincapié en que la confianza que ha
depositado el Gobierno de Estados Unidos en las empresas privadas de
seguridad ha ayudado a crear zonas libres de toda regla que están protegidas
por la bandera y la fuerza militar norteamericanas convirtiendo a Estados
Unidos en el líder mundial que evita rendir cuentas en materia de derechos
humanos. El mismo director añadía que la privatización de los negocios puede
estimular la eficacia pero la privatización de la guerra no hace sino
facilitar la impunidad. Según él, el comportamiento ilegal de las empresas
privadas de seguridad y la renuencia por parte del Gobierno de EE.UU. de
llevarlas ante los tribunales están deshonrando su reputación en el mundo.
De los 20 casos conocidos por AI de civiles que presuntamente habrían
cometido actos criminales ha habido únicamente una condena en relación con
la muerte de un detenido en
Afganistán. Según AI no ha habido ni un solo caso de un empleado de una
empresa privada de seguridad en Irak llevado ante los
tribunales.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, en vista del crecimiento de las
empresas privadas de seguridad, ha decidido examinar las actividades de
estos actores no estatales y programado un enfoque más sistemático que se
centra en empresas que operan en situaciones de conflicto o que suministran
capacitación y asesoramiento a las fuerzas armadas regulares. Asimismo, el
Comité mantiene un dialogo con la autoridad que contrata a dichas empresas
privadas y con el Estado de origen.

El Consejo de Europa ha lanzado un grito de alarma al respecto. En 2005,
teniendo en cuenta el creciente problema causado por la propagación y el uso
de empresas privadas de seguridad que en muchos estados sobrepasa el número
de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, la Asamblea Parlamentaria
del Consejo adoptó una recomendación sobre el control democrático del sector
de seguridad en Estados Miembros. Dicha recomendación hace hincapié en que a
partir de lo que era una acción limitada, las empresas privadas de seguridad
están invadiendo ya áreas que tradicionalmente estaban reservadas a la
policía. Asimismo, llama la atención sobre el hecho que asegurar la
seguridad de la sociedad a través del imperio de la ley es una misión
fundamental de las autoridades. Si bien hay que reconocer que los servicios
privados de seguridad pueden aportar una contribución útil, la falta de
control sobre estos servicios, el alcance de sus actividades y el
comportamiento poco profesional
de sus empleados pueden en todo momento poner en peligro el disfrute de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales. La recomendación del
Consejo también recalca que las regulaciones en los Estados Miembros al
respecto varían mucho y que incluso en algunos países son
inexistentes.

Los medios de información televisivos se interesan cada vez más a las
actividades de las empresas privadas de seguridad en Irak y difunden
reportajes, como el de la Televisión de la Suisse Romande en marzo 2004, en
los que se puede apreciar a los empleados de dichas empresas participando
directamente en los combates. La cadena de televisión CNN, el 13 de junio de
2006, en una emisión sobre las actividades de dichas empresas privadas en
Irak reproducía un video filmando, desde la parte trasera de un vehículo en
marcha, una calle de Bagdad. Del interior del vehículo, el cañón de un rifle
apunta y dispara a aquellos coches que le siguen. Se pueden apreciar los
impactos de las balas en la calle así como en un Mercedes que sigue al
vehículo y que se estrella contra un taxi. Los pasajeros del taxi se
precipitan fuera de él pero nadie sale del Mercedes, sugiriendo que los
pasajeros de ese coche alcanzados probablemente por los disparos están
heridos o han fallecido. Según CNN las
personas que se encontraban en el vehículo desde donde se disparaba formaban
parte de un convoy de una empresa privada militar que trabaja para Aegis. Es
harto conocido que los vehículos de esas empresas por temor a los coches
bombas disparan a diestro y siniestro según van avanzando por las calles de
Bagdad y otras ciudades iraquíes para advertir que los otros coches en el
tráfico deben darles la preferencia de paso y que los coches que circulan
detrás de ellos deben mantenerse
alejados.

La empresa Aegis al parecer llevó a cabo una investigación sobre el asunto
pero mantiene en secreto las conclusiones de la misma. Una indagación del
Ejército de EE.UU. indicaría que no habría causa probable de que se hubiera
cometido algún crimen. La cadena de televisión trató sin éxito de
entrevistar en numerosas ocasiones a Tim Spicer, el fundador de dicha
empresa quien indicó a CNN que “no tenía la intención de responder pero que
informaba que se había extendido a Aegis el contrato por el tercer año
consecutivo”. El contrato a que se hace mención es de un valor de 293
millones de dólares, al parecer el más importante que haya firmado el
Pentágono con una empresa privada de seguridad. Por otra parte Tim Spicer,
ex coronel del Scots Guards británico, es el mismo que sobrevivió a las
alegaciones por varios escándalos de trascendencia internacional. En 1997,
contratado por el Gobierno de Papua Nueva Guinea estuvo implicado en una
operación para recapturar la isla de Buganvilla
en poder de separatistas isleños. Y en 1998, en Sierra Leona en un escándalo
de exportación ilícita de armas que por poco le cuesta el puesto al entonces
Secretario del Foreign Office
británico.

Aegis es una de las muchas empresas privadas de seguridad que se presentan
como constructoras de paz y seguridad y que forman parte de un grupo de
presión en Washington, International Peace Operations Association (IPOA),
que trata de obtener respetabilidad y legitimidad en la esfera
internacional.

La utilización de mercenarios ha sido una constante histórica hasta casi
finales del siglo XX en que dichas actividades fueron criminalizadas por la
comunidad internacional. Paralelamente a la utilización de mercenarios, los
gobiernos autorizaron a partir del siglo XIII otras dos formas de violencia
no estatal: la de los corsarios y la de las compañías mercantes como la de
las Indias Orientales o la de la Bahía Hudson. ¿En qué se diferencian las
empresas privadas de seguridad de los mercenarios? Al igual que los
corsarios se diferenciaban de los piratas porque los primeros estaban
permitidos por los gobiernos que los empleaban y los segundos no porque
perseguían sus propios intereses, las empresas privadas de seguridad por el
mero hecho de estar registradas con un gobierno y pagar una cuota anual
cesan de estar consideradas como mercenarios. Al contratar a estas empresas
privadas de seguridad los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, entre
otros, evitan los controles
parlamentarios al mismo tiempo que las emplean en conflictos armados en los
que dichos gobiernos tienen intereses o quieren intervenir desplegando esas
fuerzas auxiliares como milicias. Las empresas privadas de seguridad
constituyen pues un elemento de su política
exterior.

Algunas de las actividades de las empresas privadas militares y de
seguridad, junto con la doctrina del Presidente Bush de guerra preventiva,
constituyen un elemento debilitador más del sistema de seguridad colectiva
establecido en 1945 con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas. Esta
Organización, en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos que este año,
después de la aprobación de la Asamblea General, se ha convertido en Consejo
de Derechos Humanos, un órgano con más prerrogativas, viene llamando la
atención de los Estados Miembros sobre las actividades de las empresas
privadas militares y de seguridad ya sea a través de los informes del
Relator Especial o del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios. Informes que
hasta ahora han tenido poco impacto en los países occidentales, desde donde
principalmente actúan dichas empresas. Es de esperar que a no tardar los
Estados tomen conciencia y se planteen seriamente hasta dónde puede llegar
la privatización del uso de la fuerza.

Jose L. Gomez del Prado