También fue una sorpresa que se hiciera un planteamiento que no tendrá efectos inmediatos. No solamente porque el tiempo electoral cierra posibilidades de tramitación parlamentaria sino, además, porque se trataría de una modificación de tal envergadura que incluso no bastaría con una ley de quórum calificado, ya que a juicio de especialistas, la vigencia del artículo 3 transitorio de la actual Constitución mantiene para la gran minería y las empresas nacionalizadas del cobre la aplicación de las normas constitucionales que se dictaron en 1971, cuando se las reintegró al patrimonio nacional.

A pesar de lo anterior, la iniciativa de Villarzú tiene relevante importancia. Pretende instalar -una vez más- el tema de la privatización de Codelco aduciendo falta de recursos para financiar ampliaciones y aumentos de producción. Espera que los candidatos presidenciales se pronuncien sobre el tema y ambientar así una idea que puede funcionar en el futuro, o comprobar si existe ambiente para consolidarla.

El ministro de Minería, Alfonso Dulanto, descartó de inmediato la iniciativa. No está en la agenda de este gobierno, dijo. La derecha, en cambio, la acogió con júbilo. El Mercurio de 26 de abril escribió: “Una apertura a la Bolsa en el mercado local y en plazas internacionales ofreciendo acciones de la compañía a los trabajadores chilenos a través de los fondos de pensiones y colocando en el exterior un porcentaje minoritario de la propiedad -pero que sea interesante para los inversionistas-, no sólo permitiría allegar los recursos requeridos sino, al mismo tiempo, obligaría a que la empresa se sometiera a todas las normas de información y de gobierno corporativo propias de los mercados transparentes, práctica que de suyo contribuye a generar valor”.

El entusiasmo mercurial se extendió a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Un par de días después, propuso su privatización. Sostuvo: “No hay motivos para que Enap se mantenga como empresa estatal”, agregando “que en un país en que casi no existen empresas productivas estatales y cuando hasta Codelco da señales de desear una privatización parcial, la orgullosa calidad de empresa estatal de Enap resulta un raro anacronismo”.

Desde hace muchos años, la privatización de Codelco ha sido un objetivo para las transnacionales y los grupos económicos internos. Varias veces lo intentaron durante la dictadura. Durante el gobierno de Patricio Aylwin, en el comienzo de la transición, lograron que Codelco se desprendiera de reservas y concesiones que fueron puestas a disposición de las transnacionales.

Los planteamientos de Villarzú son, en síntesis, los siguientes. La empresa necesita alrededor de dos mil millones de dólares anuales durante los próximos cinco años para ampliar la producción según los requerimientos del mercado. No puede, sin embargo, endeudarse ni utilizar sus utilidades que debe traspasar al Estado como excedentes. Para obtener los recursos, propone una ampliación de capital mediante venta de acciones a los trabajadores y -eventualmente, como pide El Mercurio- a inversionistas extranjeros. La privatización no superaría el veinte por ciento de la propiedad de Codelco, cuyo valor se estima en 21 mil millones de dólares, sin considerar el valor de las enormes reservas que mantiene en su poder, lo que constituye un factor que debería incluirse.

No parecen valederos los argumentos que sustentan la propuesta.
Es indispensable determinar, previamente, si interesa producir cantidades significativas de cobre adicional, arriesgando una caída de precios. Las decisiones que toma Codelco influyen el mercado. La situación de baja del precio por sobreproducción de las minas chilenas comenzó a cambiar cuando Codelco, bajo la dirección de Villarzú, dejó de vender cientos de miles de toneladas producidas.

Hay formas de financiamiento diferentes a la privatización:
– Codelco podría endeudarse, porque tiene una situación holgada y su endeudamiento no afectaría mayormente la calificación de riesgo.

Sería transparente el motivo del endeudamiento y, además, porque durante los años anteriores, teniendo Chile una calificación más baja que la actual, recibió un alto flujo de inversión extranjera. Un leve aumento de intereses de los créditos afectaría principalmente a privados, cuya situación debería tener una prioridad secundaria al lado de los intereses de Codelco, como empresa pública que aporta la mayor cantidad de excedentes e impuestos al presupuesto nacional.

Hace veinticuatro años, en plena dictadura, cuando Codelco pasaba por situaciones más complejas y cuando las trabas al endeudamiento eran aun mayores, un gran economista, Aníbal Pinto, escribió: “...queda en pie la circunstancia meridiana de que la solvencia de Codelco le habría permitido acceder fácilmente al mercado internacional de capitales al igual que otras empresas estatales latinoamericanas”. Esa solvencia se mantiene acrecentada hoy. Igualmente, la importancia eventual de una ampliación y modernización de Codelco es tan grande, que justifica una actitud firme del gobierno frente a limitaciones o advertencias del FMI u otras instancias similares.

– Codelco podría recibir un préstamo de las AFP, que en conjunto disponen de más de cincuenta mil millones de dólares -de los trabajadores-, con un interés garantizado (que pudiera ser de un 10 por ciento) para afrontar la inversión.
– Dada la alta demanda de cobre de China (ahora también de India) podrían establecerse contratos de abastecimiento de cobre de largo plazo, pagaderos, a lo menos en parte, con la construcción de las ampliaciones que requiere Codelco.

En cuanto a la conveniencia de la privatización parcial mediante la venta de acciones a los trabajadores, resulta en definitiva un espejismo. Los trabajadores venden paulatinamente sus acciones que, finalmente, se concentran en manos de grandes empresarios, nacionales o extranjeros. La venta de acciones a inversionistas extranjeros, que ha propuesto El Mercurio, es extraordinariamente peligrosa. Representa una desnacionalización encubierta a través de la gradualidad.

La tenencia de acciones en manos extranjeras implica el peligro de que conflictos propios del giro empresarial se conviertan en conflictos políticos entre Estados, especialmente en el caso de empresas mayoritariamente estatales. Y, por último, las inversiones extranjeras, en el marco de los tratados de libre comercio, disponen de una serie de protecciones y garantías que disminuyen o inhiben la posibilidad de utilización de instrumentos propios de la soberanía nacional.

En definitiva, la proposición hecha por el presidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú, y de quienes pretenden colgarse de ella, debe mirarse con atención. Nuevamente aparece el peligro de la privatización de Codelco, que arreciará, si no ahora, en el próximo gobierno. Es bueno estar notificados y alertas

Hernán Soto