Bancos Garosos

Hace unos meses, cuando el sistema bancario colombiano dio a conocer las fabulosas utilidades obtenidas en 2005, mayores que las de cualquier otro ejercicio pasado, me dio por indagar con qué suma contribuía yo a ese festín.

Tengo una cuenta de ahorros en Conavi para administrar mis modestos ingresos de estrato 3, pagar servicios públicos y cumplir con dos obligaciones familiares mensuales, y solo hago uno o dos retiros al mes para mis gastos diarios. Nunca visito los siniestros cajeros automáticos y nunca he conocido lo que es un crédito bancario. Pero aun así salgo perdiendo. No ahorro en la cuenta de ahorros. Tengo frente a mí los extractos de los seis meses corridos entre el primero de octubre de 2005 y el 31 de marzo de 2006 y vean ustedes las cuentas: el banco me cobra $70.870 por administrar la cuenta; el gobierno se lleva $54.906 por impuesto de cuatro por mil; en total, se me fugan $125.776, mientras por concepto de intereses solo recibo $19.833.

Como quien dice, Conavi me quita más de tres y media veces lo que me da. En un año aporto a la banca y el gobierno $211.886, que es el diez por ciento de mis ingresos mensuales, que antes de ir a la cuenta de ahorros han pagado casi el 11% por retención y no sé qué vainas más, porque trabajo bajo la forma de “prestación de servicios”. O sea: le presto al banco mi plata, el banco trabaja con ella durante seis meses y encima de eso me cobra por hacerle el servicio de prestarle plata. Así sea poquita, es préstamo aquí y en Cafarnaum, y se supone que los que prestan plata ganan y no pierden.

Trato de imaginar cómo es la situación de los centenares de miles de personas que están en circunstancias similares a las mías y en mi ayuda vienen los datos que contiene la denuncia que el pasado 16 de junio han hecho la Unión de Empleados Bancarios (Uneb) y la CUT en torno a que “el Ministerio de Hacienda prepara un decreto modificatorio del artículo 92 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, mediante el cual se introducirá en Colombia el sistema de corresponsales bancarios como mecanismo de facilitación para el crecimiento del sistema financiero”.

Los sindicatos recuerdan que, mediante la ley 45 de 1990, tuvo lugar una profunda transformación del sistema financiero nacional, que prometió propiciar una mayor competitividad que beneficiaría a los ciudadanos con más y mejores servicios, a costos accesibles. Entonces se dijo que el objetivo final era reducir el margen de intermediación y los costos bancarios. Posteriormente, la reforma laboral (ley 50/90) y la de seguridad social (ley 100/93) redujeron los costos operacionales de la banca y trasladaron cuantiosos ahorros de los trabajadores a la administración del sistema financiero, y otra serie de reformas “han venido reduciendo las inversiones forzosas y los encajes bancarios”. Todo ello se ha traducido en incrementos significativos de las utilidades bancarias y la rentabilidad de los accionistas.

Superada la crisis financiera de finales de la década del 90 las utilidades se han incrementado significativamente.

A diciembre de 2005 las utilidades bancarias acumuladas sumaron $3,37 billones (alrededor de 1.475 millones de dólares). El sistema financiero colombiano, que en la etapa de crisis (1998-2000) perdió $3,4 billones de pesos, en los últimos cinco años (2001-2005) ha acumulado utilidades cercanas a $8,7 billones. Ellas son resultado del alto margen de la intermediación financiera, los mayores costos de los servicios bancarios (tasas y comisiones), los altos ingresos que produce la especulación financiera (deuda pública) y los menores costos administrativos logrados por la reducción del personal bancario. Esta flexibilización no se ha traducido en beneficios sustanciales para los usuarios, y el margen de intermediación, que bordea el 10%, sigue por encima del estándar internacional (3%). Los costos de los servicios financieros crecen y cada vez representan una mayor participación en los ingresos de las entidades. Los ingresos por servicios financieros diferentes de intereses de los establecimientos de crédito han pasado de $ 820.452 millones de pesos en diciembre de1995 a $3,016 billones en diciembre de 2005. No hay menores costos para los ciudadanos, pero sí ganancias fabulosas para los banqueros.

El proyecto de corresponsales bancarios implicará todavía mayores utilidades, porque contempla una reducción significativa de los costos operacionales pero no establece un límite a los costos de los servicios financieros. No hay ninguna regulación que impida que las entidades sigan cobrando las cargas actuales sin ninguna reducción o beneficio para los ciudadanos. Los bancos tendrían libertad para crear sus propios corresponsales y no admitirían a terceros en el nuevo negocio. Las actuales sucursales pueden ser cerradas y remplazadas por los nuevos operadores y no se establece limitación alguna al tipo de municipios donde podrán funcionar los corresponsales. Los bancos quedan en libertad de operar con el nuevo sistema en todo el país, con lo cual se distorsiona el proclamado propósito de llegar a las zonas más deprimidas de la nación. Los corresponsales significan un nuevo deterioro del empleo estable y remunerado de conformidad con la legislación laboral y las normas convencionales vigentes en las entidades bancarias. Los trabajadores de esas nuevas oficinas no tendrán vínculo alguno con las entidades bancarias, a pesar de que ellas serían constituidas por los propios bancos. El mecanismo se convierte así en una burla a la legislación laboral, por limitar los derechos de asociación y contratación colectiva.

“Los bancos —afirman la Uneb y la CUT— han contado con todos los beneficios para llegar a un mayor número de colombianos y en especial a los sectores más deprimidos de la sociedad. Sin embargo, no lo han hecho. No requieren nuevos beneficios para hacerlo; basta un mayor grado de responsabilidad social y deseo de invertir parte de sus altas ganancias en brindar mayor cobertura y mejores servicios a los pobres del país. Todos los colombianos hemos aportado a la consolidación y fortalecimiento de los bancos en sus momentos de crisis. Ahora, en época de vacas gordas, se requiere menos indolencia ante la inmensa mayoría de colombianos que siguen esperando disfrutar de los beneficios otorgados a los bancos. Desde 1990 se han removido muchas normas (desregulación financiera), consideradas por los bancos como un obstáculo para la bancarización, sin mejoras significativas en la cobertura, calidad y costo de los servicios para los ciudadanos. No son necesarias más concesiones; lo que se requiere es mayor responsabilidad social (…) Eliminar los controles legales a las tasas de interés de todos los créditos y en especial a la tasa de usura, traerá como consecuencia un incremento significativo de las mismas (…) En Colombia se está produciendo una mayor concentración bancaria, reforzándose la estructura oligopólica, con un uso indebido del poder del mercado sobre los usuarios. Mayores libertades en el manejo de las tasas de interés no significarán reducciones significativas para los usuarios”.