Constructora Colombiana de Maquinaria (CM) fue fundada en 1957 en el barrio Guayabal, de Medellín, y duró 48 años. Registraba un promedio de fundición de 192 toneladas mensuales, cuyo 70% eran molinos para granos dela marca Reina. Fabricó partes de maquinaria agrícola y automóviles, y ante la cesación de pagos por crisis financiera los trabajadores se declararon en huelga en julio de 2004 y tomaron las instalaciones, apoyados por Sintrametal (CUT) y varias empresas autogestionadas por trabajadores. La planta fue cerrada y en septiembre de 2004 la Superintendencia de Sociedades declaró su liquidación obligatoria, al verificar que no había indicios de recuperación.

Así surgió CM Fundición y Maquinados, nuevo nombre de CM, que entró a ser administrada por sus trabajadores y que será de su propiedad una vez el liquidador y la Superintendencia de Sociedades determinen que con la planta, los equipos, las marcas y el mercado se pague gran parte de las acreencias laborales acumuladas.

Ese puede ser el modelo del tipo de acciones que se suscitan cada vez que una empresa industrial colombiana es destrozada por los piñones del libre mercado y pone a sus trabajadores en el trance de rescatar su fuente de trabajo o desaparecer del escenario.

Según datos de septiembre de 2005 suministrados por la Supersociedades, en los diez años anteriores alrededor de mil empresas colombianas entraron en proceso de liquidación y 540 de ellas estaban en liquidación definitiva. La famosa constructora Pinski Asociados se llevó diez años en proceso concordatario de acreedores, y en ese mismo septiembre sus bienes fueron vendidos en subasta privada y con la venta se pagó el 80% de las acreencias laborales. Tejidos Única, emblemática fábrica de Manizales, vendió en subasta sus equipos y con el producido cubrió parte de sus acreencias laborales. Por su parte, Distral Industrial, otra importante empresa multinacional, fue entregada a sus 258 trabajadores y recuperada como Compañía Colombiana de Ingeniería Mecánica. Las empresas desaparecían y siguen desapareciendo a costa de quienes hicieron de ellas factores de progreso nacional: sus trabajadores. Pero una parte ellas logra mantenerse en pie y se niega a morir.

Es el drama de la resistencia obrera a los funestos efectos del que Lenin llamó capital imperialista y ahora rebautizaron como globalización.

¿En qué están hoy tantos otros proyectos de salvación? Croydon, la famosa productora de calzado y otros productos de caucho, fue liquidada en 1995 y sus trabajadores activos recibieron los bienes de la empresa cinco años después, cuando ellos cubrían solo el 53,3% de la deuda laboral total, y con ese activo crearon Croyfast S.A. Actualmente ellos piensan optimizar el proceso de producción y distribución y concentrarse en adelante en solo tres renglones: calzado colegial, bota industrial y costura de capellada. No hay capital de trabajo ni hay apoyo del gobierno para pensar en algo más. Deben competir con los demás y, como tienen deudas elevadas, les cierran las puertas del crédito. Los pensionados también recibieron bienes en dación de pago y con ellos fundaron Calzacroydon, que en la práctica es una especie de concesionaria de los antiguos dueños. Han ido creciendo, mientras la maquinaria que utilizan ha ido depreciándose. Recibieron 27 marcas y hoy les quedan apenas cinco. Para poder producir bajo una marca hay que pagar un derecho de diez años y obtener una especie de patente de laSuperintendencia de Industria y Comercio, y para eso no alcanza la plata obrera.

En Soacha, al sur de la capital colombiana, está Colmesa, antigua constructora de calderas y otros equipos industriales que pertenecía a la multinacional Klein. Sus 150 trabajadores recibieron bienes en dación de pago y en los últimos dos o tres años la empresa está ganando utilidades. Empezaron con labores de mantenimiento de equipo y ahora hacen montaje de maquinaria. Desapareció el sindicato pero la empresa ha recuperado el mercado. La mayoría de ellos tiene formación calificada y allí todavía opera la práctica de los años 50 y 60 consistente en que los hijos de los operarios calificados van reemplazando, con igual o mejor calificación, a sus padres.

En Popayán funciona todavía Empaques del Cauca, una empresa afamada que inicialmente trabajaba con la cabuya obtenida del fique —mediante proceso que tradicionalmente ha ocupado a familias enteras de indígenas y campesinos—. En la actualidad opera principalmente con base en productos sintéticos y mediante procesos más avanzados. Sus 300 operarios recibieron la dación de pago en asocio con el gobierno y crearon otra empresa. Pese a las dificultades encaradas, que atravesaron durante años por huelgas y protestas públicas de los fiqueros, los nuevos “empresarios” han mantenido la producción y sobre todo se pusieron al día en materia de tecnología. Cales y Derivados S.A. (Caldesa), la empresa que crearon los 170 trabajadores de la disuelta Colombiana de Carburos (Colcarburo), sigue funcionando en La Sierra, en el corazón del complicado Magdalena Medio, y provee fundamentalmente cal para purificación de aguas de centenares de acueductos del país. En Duitama (epicentro colombiano estimado de un proyecto suramericano globalizador del transporte terrestre, la industria y las fuentes de agua), la que anteriormente se llamó Mecanizados y Motores hoy se conoce como Socofam, tiene 60 operarios y produce partes de autos y herramientas.

Los autogestionarios —que no empresarios— se han visto precisados a convertirse también en administradores. Inicialmente el Sena —creado en los años 40 del siglo pasado por iniciativa de los sindicatos— apoyó los proyectos, pero ahora, como tantas otras empresas estatales, está en capilla, esperando su desaparición bajo el designio privatizador del gobierno. Antes de que Alvaro Uribe llegara a la presidencia por primera vez (agosto de 2002), el Sena hacía gestión educativa y promocional mediante estudios financieros de las empresas en crisis, formas de mercadeo, diseño y sistematización de operaciones. Ahora la crisis financiera que arrastraba la entidad se ha profundizado y el Sena ha restringido las labores encaminadas a elevar la producción industrial; en vez de profesionales del fomento económico cuenta con una porción cada vez mayor de empleados de contrato civil, desvinculados anímicamente de los objetivos del servicio. Por su lado, los sindicatos propiciaron un proyecto de ley enderezado a dosificar los impuestos que deben pagar las empresas rescatadas, de acuerdo con el cual el Estado los cobraría en forma gradual, partiendo de cero en el primer año hasta llegar a la totalidad de la obligación. El proyecto, sin embargo, llegó adherido a la reforma tributaria de 2005 y se ahogó.

Pero no solo pasa eso. Entre los trabajadores colombianos no hay cultura de emprendimiento, de autogestión, para no decir de creación de empresa, y el ejercicio de salvar las fuentes de empleo es muy difícil. Cuando se presenta la liquidación o la crisis financiera de una empresa, los afectados por el cierre encaran, en primer lugar, el problema del desconocimiento de la realidad económica de la industria. Se trata de vencer el primer impulso de quienes se ven de repente dueños de bienes ajenos: venderlos. Tal como ocurre hoy en Acerías Paz del Río, donde, tras más de ocho años de empeño y resistencia por salvar la empresa, ésta volvió a tener utilidades de producción, se convirtió en pieza apetecible para la inversión extranjera de bajo costo y al final, bajo el acicate del gobierno, los trabajadores, alarmados por los avatares del mercado internacional, quieren terminar la pesadilla deshaciéndose de sus acciones.

En octubre de 2005 tuvo lugar en Caracas la primera reunión latinoamericana de empresas tomadas por los trabajadores y de las que funcionan bajo el sistema de autogestión obrera. El proyecto continental cuenta ya con una comisión coordinadora y el presidente Chávez ha dicho que quiere ayudar. En cada empresa en proceso de rescate se está promoviendo una suerte de apadrinamiento de entidades del Estado. Así está ocurriendo en Brasil, Uruguay y Perú, por lo menos, mientras en Venezuela, mediante acuerdo con algunos empresarios, se ha dado inicio a un proceso enderezado a crear un banco de crédito para el sector de empresas rescatadas por sus trabajadores. La idea es crear y mantener el escenario de rescate autogestionario latinoamericano y Colombia dispone de once procesos para negociar con ese proyecto.

Pero ninguna empresa tiene probabilidades de éxito si no hay consumo interno. Los habitantes del país afectado deben consumir la producción nativa. Las empresas en trance de ser salvadas requieren campañas de promoción y publicidad y el gobierno debe ayudar en eso, como lo hace el Instituto Pensar, de la Universidad Javeriana. El Polo Democrático Alternativo, que proclama su alineación con el pueblo, tiene ahí puesto de primera fila.

¿Cuándo sus líderes hablarán de eso en el Congreso?

Álvaro Delgado