Las palabras que encabezan
esta nota son del Padre Carlitos Cajade, sacerdote fallecido que dedicó
su vida a los chicos y promotor, junto a Alberto Morlaqueti, de los
“Chicos del Pueblo”, que vienen movilizando y reiterando sus derechos y
reclamando que el “Hambre es un crimen”.
Esa es la inseguridad que viven
muchos chicos y hogares argentinos. En estos días donde volvió a
aparecer una coalición de derecha montada en el reclamo por seguridad,
es necesario ampliar el debate sobre que entendemos por seguridad.
Cuando pasamos cerca de un niño que a altas horas de la noche está en la
calle, revolviendo los tachos de basura, buscando algo para comer, y su
familia recoge cartones para vender y poder vivir; cuando vemos a chicos
que viven en la calle, duermen en las estaciones de trenes o donde los
encuentra el cansancio y la noche, cabe preguntarnos por su seguridad en
una sociedad que los reprime y margina por ser pobres.
¿Qué le ocurrirá a un niño que vive el desamparo, la represión y la
marginalidad social, la inseguridad de vida, que sufre la explotación,
las violaciones y ese maldito “paco” y las drogas que los mata en seis
meses? Hay que combatir a los traficantes de la muerte que está
destruyendo a los jóvenes con las drogas en todos los niveles sociales,
no sólo a los pobres. La pobreza no es un delito, nace de la injusticia
social y la falta de redistribución de la riqueza.
Las políticas neoliberales con sus secuelas de ajustes,
desindustrialización, precarización del empleo, desocupación,
conformación de un estado “hood robin”, que garantiza la transferencia
creciente de ingresos de los pobres a los ricos, así como el
desmantelamiento de políticas sociales integradoras que procuraban la
justicia social, por otras focalizadas, selectivas y clientelistas de
contención del conflicto social crearon un proceso de fragmentación y
exclusión social. En ese contexto de anomia y desintegración de la
sociedad aparecieron y crecieron diversos comportamientos delictivos
principalmente en jóvenes excluidos totalmente de toda posibilidad de
empleo digno y educación. El narcotráfico empezó a ocupar los espacios
donde el Estado se retiraba, imponiendo sus propias reglas de terror en
los territorios donde actúa.
Los chicos que mueren de hambre y enfermedades evitables y aquellos que
mueren bajo las balas de delincuentes y del gatillo fácil policial
revelan la continuidad de las políticas de exclusión y control social
para mantener el actual modelo de concentración económica y saqueo. Aún
quedan los resabios de la dictadura militar, de la policía del gatillo
fácil, de las torturas en cárceles y comisarías. Frecuentemente aparece
la percepción de que la policía más que combatir el delito, administra
su tasa de ganancia. Basta ver las implicaciones reiteradas directas e
indirectas de personal de seguridad en diversas actividades delictivas.
Por eso, cuando aparecen los reclamos para otorgar mayores atribuciones
de poder a la policía se refuerzan estos comportamientos de
“autogestión” de ingresos y se legitima la continuidad del gatillo
fácil. El pueblo debe preguntarse de qué seguridad hablamos.
Un antiguo proverbio Zen dice: “El loco corre al Este y su guardián
corre al Este; ambos corren al Este pero con intenciones diferentes”.
Podríamos aplicarlo a las últimas manifestaciones por el tema de la
seguridad. La convocatoria de Blumberg, convocó a personas
principalmente de la clase media alta que priorizan en sus reclamos los
problemas de seguridad ante hechos sociales delictivos. Así también
familias que han sido víctimas y viven el dolor por la pérdida de un ser
querido, a las cuales acompañamos y nos solidarizamos, para que ese
drama no vuelva a ocurrir a ningún ser humano.
Sin embargo, a diferencia de las manifestaciones anteriores en esta
ocasión la convocatoria canalizó con mayor claridad la coalición
política y social que acompaña al ingeniero. Los militares procesistas
que reivindican la dictadura terrorista, retirados y otros en actividad,
con ropa de civil, los políticos de la mano dura Patti, Ruckauf, los
propagandistas del establishment Neustadt y Grondona, la guardia
pretoriana de Blumberg integrada por los “sin gorra”, policías
sancionados por diversos delitos y separados de la fuerza por el
Ministro de Seguridad de la Provincia de Bs. As. Dr. León Arslanian.
También sectores ultramontanos de la Iglesia católica que añoran la
alianza de la cruz y la espada, así como de políticos como Macri y Lopez
Murphy exponentes del neoliberalismo que aspiran a canalizar los votos
del miedo para beneficio de los “mercados”. Son los que presentaron la
concentración en Plaza de Mayo como un “triunfo contra el gobierno”.
Como si esto fuera poco el dirigente piquetero Castells terminó por
legitimar “¿por izquierda?” esta armada brancaleone.
Que esta derecha se exprese no sería preocupante, sino fuera por el
sostén que brinda al despliegue de diversas formas de control social y
represión sobre los más pobres. Entre sus propuestas Blumberg insiste en
bajar la edad de imputabilidad de los menores para penalizarlos y
encerrarlos en institutos y cárceles. Más del 80% de los menores
internos no es por delincuencia, es por pobreza, por exclusión social,
por ser víctimas de una sociedad injusta. Las cárceles son depósitos
humanos, no centros de capacitación y rehabilitación. La mayoría de los
presos son jóvenes.
La promocionada contramarcha encabezada por Luis D’Elia, vaciló hasta
último momento en concretar una iniciativa cuyo objetivo de enfrentar la
propuesta de mano dura apareció tamizada por la disputa electoral y la
defensa del gobierno de Kirchner. Dicho dirigente aprovechó la
convocatoria que el “Colectivo Cuidemos a nuestros Pibes” realizó en el
Obelisco, a la cual personalmente y como Serpaj nos sumamos. Quiero
destacar que la información periodística no fue correcta, nunca D’Elia
se comunicó conmigo o con la Coalición. No se coordinó conjuntamente
ningún acto.
Si bien considero que todas las fuerzas populares debemos estar alerta
frente a las amenazas de esta derecha para asegurar mayor represión
social, resulta lamentable que fuerzas políticas populares en este caso
vinculadas al oficialismo no generen sus propias iniciativas y tengan
que legitimarse y excusar sus acciones en las iniciativas del movimiento
social. Ya hemos visto en diversas ocasiones intentos de aparatear
iniciativas populares. Hay que señalar que la lucha por los derechos de
la persona y de los pueblos presenta múltiples expresiones que lejos de
debilitar fortalecen al campo popular, por eso defendemos la autonomía
de cada sector y no aceptamos, ni aceptaremos aparateadas, ni la
manipulación de nadie.
La iniciativa de la concentración en el Obelisco fue organizado por
HIJOS, y grupos que trabajan con minoridad, bajo la Coalición “Cuidemos
a nuestros Pibes”.Son jóvenes con mucho coraje, decisión y humildad que
quisieron expresarse en defensa de los pibes y en contra de quienes
tratan de imponer políticas represivas. No pidieron palco, sonido, ni
dinero; sólo pidieron a un amigo que prestó su coche y pusieron en el
techo dos parlantes y un micrófono, eso bastaba para hacer escuchar su
voz y decir “Si a la Vida, no a la represión”. El documento leído no
salió prácticamente en ningún medio.
En el Obelisco con la Coalición, salimos a defender a los chicos para
que no los penalicen por ser pobres y rechazar políticas autoritarias,
así como para evitar que los legisladores oficialistas que actuaron como
conejos asustados, al votar el endurecimiento de penas presionados por
Blumberg, vuelvan a repetir dicho comportamiento.
Hoy el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Raúl Zafaroni,
señala que esas medidas impulsadas por Blumberg y aceptadas por el
Parlamento son inconstitucionales y que hay que anularlas. ¿Tendrán los
legisladores de los partidos populares el coraje y conciencia crítica
para no ceder ante esta nueva ofensiva de la derecha?
En la concentración en el Obelisco participaron las Madres del Dolor,
AVISE y familiares que perdieron a sus hijos por delincuentes y por la
policía del gatillo fácil, que saben que esos asesinos están en libertad
y gozan de impunidad; que luchan por la memoria de sus hijos y reclaman
el derecho de Verdad y Justicia.
Las políticas sociales vigentes, así como las de seguridad no son
suficientes en un país que fue saqueado y violentado. La violencia es
estructural y esto no se resuelve con paliativos de planes, bolsones o
tickets de comida, ni tampoco con medidas represivas.
Reclamamos al gobierno que avance en una urgente redistribución de
ingresos y de creación de empleo genuino. Todavía se mantiene en pie las
bases del modelo neoliberal y en algunos casos se profundiza con
propuestas privatistas como con la actual reforma a la ley de
hidrocarburos que favorece los subsidios a las petroleras y se deja que
las mismas continúen llevándose la renta petrolera que podría aplicarse
para el desarrollo nacional. ¿Cómo es posible que todavía no se haya
aprobado la expropiación de fábricas recuperadas por sus trabajadores y
la constitución de fondos de inversión para la reconversión productiva
de estas empresas?
A pesar de este triste panorama, existen muchas organizaciones sociales
comprometidas en desarrollar alternativas, que aunque parciales
demuestran que se puede avanzar políticas de integración social y de
participación popular.
Hablo desde las prácticas y la realidad concreta, el Servicio Paz y
Justicia lleva muchos años de trabajo con minoridad en riesgo social; el
Equipo Buenos Aires tiene el programa “Okupakalle”, con guardia las 24
horas del día, con abogados, trabajadores sociales, sicólogos;
coordinando con otras organizaciones y redes que trabajan con minoridad
en riesgo social.
Otra área de trabajo son las “Aldeas Jóvenes para la Paz”, centros
educativos de formación profesional, principalmente con jóvenes raleados
del sistema educativo, con quienes procuramos una toma de conciencia
crítica de su realidad y de un sentido de vida y esperanza. Muchas otras
organizaciones asumen su compromiso social con los chicos todos los
días; los comedores barriales y las redes que trabajan con minoridad. La
mejor lucha contra las redes del delito es desarrollar la organización
popular en cada territorio. Volver a encontrarse con el vecino en la
vereda, como antes, pero incorporando nuevos desafíos: controlar el
accionar policial, asegurar los recorridos de los vecinos, mejorar la
comunicación para intervenir en situaciones críticas y prepararse para
una autodefensa pacífica.
Resulta urgente y central avanzar en políticas culturales, de salud,
educativas y de empleo para los jóvenes pobres. Precisamos políticas de
integración y no discursos que victimicen a los pobres. Como decía
Carlitos Cajade. “Hay que cuidar a los chicos, no matarlos”.
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