Políticas públicas de comunicación o la comunicación política y los límites de la gobernabilidad

De tal manera, estas políticas refieren a derechos y responsabilidades de los Estados en todo aquello que involucra a la comunicación. Se podría decir por tanto, que las políticas públicas definen los alcances y límites de la gobernabilidad.

– Existen distintos modelos para afrontar la explotación y la gestión de los medios de comunicación. Hay modelos comerciales-privatistas, modelos públicos y modelos mixtos. Durante casi todo el siglo XX Europa optó por los modelos públicos, medios bajo el control del Estado.

– En Argentina, en el arranque de la radiodifusión, se tomó como modelo el europeo, específicamente el británico, para cambiar luego por el modelo privatista y comercial norteamericano, que finalmente se impuso.

– Medios públicos y privados coexisten actualmente bajo el contralor de una "policía del aire" llamada Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) creada por la ley de la dictadura militar, displicente al momento de verificar el cumplimiento de los pliegos de las empresas licenciatarias de radios y canales, indiferente a la baja calidad de contenidos, en su mayoría de factura internacional y tolerante en grado extremo con la abrumadora concentración de la propiedad en pocas empresas de medios.

Este ente controlador está sospechado de omitir aplicar y ejecutar sanciones a las empresas televisivas por sus reiteradas infracciones a las normas de la ley 22.285 especialmente en lo que hace a la calidad de contenidos. El Comfer se defiende diciendo que prefiere instar a las emisoras a "mantener una actitud responsable de autorregulación". También ha continuado en la senda de gobiernos anteriores de canjear multas por espacios en distintos horarios.

El Comfer había asumido el compromiso de sancionar una ley de radiodifusión de la democracia, apenas iniciada la gestión del presidente Néstor Kirchner. Resulta chocante a más de dos décadas de gobiernos democráticos, la vigencia de la ley 22285 sancionada por la dictadura militar, firmada por José Alfredo Martínez de Hoz, Jorge Rafael Videla y Eduardo Llerena Amadeo. En verdad, lo que se debería discutir es una Ley de Telecomunicaciones, la convergencia tecnológica así lo habilita. Hablar de Ley de Radiodifusión o Ley de Telecomunicaciones transparenta -por otra parte- el tipo de corporaciones en las cuales un gobierno se respalda al diseñar políticas públicas de largo alcance.

– La ausencia de esta Ley va acompañada de la postergación o normalización en cuentagotas de las miles de radios comunitarias y de bajo alcance que ampliaron el mapa de medios de Argentina, prestan un servicio informativo, cultural, identitario y constituyen una importante fuente de trabajo para miles de periodistas, locutores, operadores, productores.

Al inicio de su gestión, el interventor Julio Bárbaro había coincidido con la idea de que "se necesita una nueva ley de radiodifusión, nuevas reglas de juego. Y ésa es la tarea que vamos a encarar". También subrayó en esos primeros días de gestión que la ilegalidad de los medios de bajo alcance provenía de "una situación de injusticia", puesto que no se habían habilitado desde el Estado los medios para la normalización de estas radios y por la resolución 574 reconoció la legalidad de las emisoras que tenían el Permiso Precario y Provisorio (PPP).

Al poco tiempo, influido por las presiones de las corporaciones mediáticas y las cámaras patronales, como la Asociación de Radiodifusoras Privadas de Argentina (ARPA) mandó al freezer la normalización por medio de la resolución 962, que quitó la legalidad a los PPP y adoptó un discurso agresivo hacia los medios de bajo alcance, mientras que continuaban los decomisos, en medio de una fuerte campaña de la cámara de radios privadas contra la "radiodifusión clandestina".

Ahora, como gesto benévolo se anunció la normalización de poco más de 120 emisoras, cuando en el país tanto los cálculos oficiales como los informales hablan de más de 5000 distribuidas en todo el territorio nacional.

La normalización, por lo tanto, pasará a jugar el repertorio de premios y castigos de la política oficial hacia los medios.

Otra perla de las “políticas públicas” de este gobierno se transparentó con la firma del decreto 527/05, que prorrogó 10 años más la concesión de las licencias de televisión abierta, radio y TV por cable.

A los 15 años de licencia otorgados por la ley 22285, y la prorroga automática –contemplada en la ley- por otros 10 años, el gobierno concedió a las empresas de medios 10 años más.

La opción fue a favor de la concentración de medios a manos de grupos locales y extranjeros. Aunque el interventor del Comfer afirma que se apuntó a proteger a empresarios “locales”.

– Estos grupos amparados por el gobierno de Néstor Kirchner, fueron en su mayoría, los que se beneficiaron con la reforma del Estado, con la reducción de aportes patronales del gobierno de Carlos Menem, se endeudaron en millones de dólares en los 90, para dar en mejores condiciones la batalla interempresaria por los medios y luego de la crisis de 2001, fueron protegidos por la licuación de sus pasivos gracias a la pesificación, la sanción de Ley de Industrias Culturales y la modificación de la Ley de Quiebras con que los arrulló Eduardo Duhalde.

– Mientras se sancionaba el decreto 527/05, se arrebató el otorgamiento de la Matrícula Profesional a las entidades de los trabajadores, como la Utpba, por parte del Ministerio de Trabajo. Fueron necesarios pedidos de audiencia, reclamos, la recolección de más de 4000 firmas de periodistas para que se hiciera lugar a la exigencia del gremio y se anunciara –en esta semana- que la situación se retrotrae a la anterior, previa a su arrebatamiento.

– Otra asignatura pendiente en términos de Políticas Públicas es la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Como Utpba, en 2004, dejamos sentada nuestra postura sobre el tema ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Senado, que convocó a opinar sobre la ley y dijimos, entre otras cosas, que “el concepto de lo público debe extenderse a la información que se produce en la órbita privada, esencialmente la vinculada con la gestión de las corporaciones privadas de medios”.

El Estatuto y los medios locales

– Desde la Utpba se sigue sosteniendo la defensa a ultranza del Estatuto del Periodista Profesional, cuya derogación en el año 2001 fue fogoneada por el empresario Jorge Fontevecchia, el mismo que ahora lidera los reclamos de un grupo de empresas por la distribución de la pauta de publicidad oficial. Hoy Fontevecchia, el empresario que en 1998 dejó a centenares de trabajadores en la calle, a partir del cierre del diario Perfil, definido entre gallos y medianoche, se pretende adalid de la libertad de expresión y convoca a lectores desavisados o ingenuos a que aporten dinero a un fideicomiso para sostener sus revistas.

La distribución equitativa de la pauta publicitaria oficial es un derecho por el cual se debe reclamar, pero hay que distinguir la lucha sectorizada de algunas empresas periodísticas contra el gobierno, de las luchas genuinas de aquellos que apuestan a un periodismo independiente.

Ante la profundización de la concentración de la propiedad de los medios, desde la Unión de Trabajadores de Prensa hemos salido a dar campaña en defensa de medios locales y regionales, para que sean declarados de interés comunitario, para que sean receptores de una pauta publicitaria oficial equitativa, para que existan aranceles diferenciados en el precio del papel para los diarios y revistas de comunicación alternativa.

También entendemos que el gobierno debe regular las pautas de publicidad privada, cuyo monto equivale a millones de dólares que nadie controla y que actúa como factor definitorio para la sobrevivencia de algunos medios en desmedro de otros.

En la definición de las políticas de comunicación, hasta el momento, el gran convidado de piedra fue el sector de los trabajadores de la cultura en general, entre ellos nosotros, los periodistas, ignorados también en la discusión sobre la política de industrias culturales. Hasta tanto no se tenga en cuenta la palabra y la opinión de los trabajadores, toda discusión tendrá un carácter sesgado y vertical.