Información bancaria y fiduciaria -que demuestra que al menos 45 millones de dólares fueron extraídos del fideicomiso del Sindicato de los Trabajadores Mineros-, así como algunos testimonios que documentan la forma de operar de la supuesta red delictiva encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, resultaron insuficientes para que la magistrada federal del quinto tribunal unitario, Herlinda Velasco Villavicencio, girara la orden de aprehensión por el supuesto delito de lavado de dinero en contra del defenestrado líder.

Y es que para acreditar este ilícito, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo aportó una prueba: la adquisición de una casa ubicada en Lomas de Chapultepec. Los documentos señalan que Gómez Urrutia compró la residencia en 2002 por un millón de dólares y que, desde entonces, la escrituró a nombre de uno de sus hijos.

Al resolver la causa penal 265/2006, la magistrada Velasco Villavicencio no encontró elementos que acreditaran la procedencia ilícita de los recursos con los que fue adquirida la propiedad, pues la extracción irregular del dinero del fideicomiso F/9645-2 se registró en 2005 y 2006 y no en 2002, por lo que resolvió cerrar en definitiva el caso por lavado de dinero.

El juicio en contra de Gómez Urrutia y 27 personas más, así como de la institución financiera extranjera Scotiabank Inverlat, se deriva de la denuncia presentada el 20 de enero pasado ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la PGR (Contralínea 57).

La acusación fue interpuesta por el actual dirigente del sindicato minero, Elías Morales Hernández, y por Miguel Castilleja Mendiola y José Martín Perales, por la presunta defraudación y probable lavado de dinero de 55 millones de dólares, irregularmente saqueados del fideicomiso F/9645-2, y de los cuales se desconoce el destino final, refiere la indagatoria.

A pesar del revés en materia de blanqueo de capitales, el amplio expediente en poder de Contralínea revela que la PGR sí logra documentar el fraude en contra de miles de mineros mexicanos. Según las pruebas aportadas por el Ministerio Público, antes de acordar la extinción del Fideicomiso 10964526 -del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana-, el defenestrado líder y un equipo cercano comenzaron a transferir los recursos.

El saqueo

La investigación integrada por la PGR y analizada por la magistrada Velasco Villavicencio descubre que, con la colaboración irregular del banco Scotiabank Inverlat, el Comité Técnico del fideicomiso F/9645-2, encabezado por Gómez Urrutia, consiguió transferir los 55 millones de dólares a diversas cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, en lugar de repartir dichos recursos entre los miembros del sindicato.

Según el expediente, dicha institución financiera es corresponsable del delito de fraude por violar las disposiciones del contrato firmado el 14 de octubre de 1988, cuando se constituyó el fideicomiso, y con ello permitir el saqueo de al menos 45 millones de dólares.

Y es que, aunque fue hasta el 4 de marzo de 2005 cuando el Comité Técnico celebró con Scotiabank Inverlat el convenio de extinción del fideicomiso, las erogaciones con cargo al patrimonio comenzaron el 27 de enero de ese año.

De acuerdo con las pruebas aportadas por el Ministerio Público -consistentes en reportes financieros obtenidos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-, Héctor Félix Estrella, propietario, y Baltazar Zarate García, suplente de dicho Comité, solicitaron al delegado fiduciario del banco canadiense retirar un millón de dólares.

Esa fue la primera transferencia irregular que logra acreditar la PGR. El escrito con fecha 25 de enero señalaba que esta cantidad debía ser convertida a moneda nacional y transferida a la cuenta 0453375811, aperturada a nombre del sindicato en BBVA Bancomer. El 3 de febrero de 2005 Félix Estrella y Zarate García ordenaban un segundo depósito por un millón de dólares en esta misma cuenta.

Para el 23 de febrero Félix Estrella, Juan Linares Montufar y José Ángel Rocha Pérez instruyeron a Scotiabank “depositar la totalidad del patrimonio del fideicomiso, conjuntamente con sus intereses a la cuenta 0146591035, aperturada a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros en el banco BBVA Bancomer, dando por cancelado el fideicomiso F/9645-2”.

La causa penal en contra de Napito, como se conoce a Gómez Urrutia en el gremio minero, señala que “del análisis de los estados de cuenta bancarios de la cuenta Cash Management número 0146591035, aperturada en BBVA Bancomer, se conoció que se realizaron depósitos por importe de 54 millones 687 mil 343 dólares, durante el periodo comprendido del 16 de febrero de 2005 al 28 de febrero de 2006, equivalente en moneda nacional a 607 millones 184 mil 204 pesos”.

De acuerdo con el análisis de la ruta del dinero, los recursos supuestamente defraudados fueron transferidos por los circuitos financieros de México -Scotiabank Inverlat, BBVA Bancomer, Banamex, Banorte e Ixe Banco- a cuentas privadas en bancos extranjeros, como el Laredo National Bank, Bank Switzerland, Banco Cafetero de Bogotá y Wells Fargo Bank, entre otras instituciones.

El informe presentado como prueba de la posible defraudación, y que se integra en el amplio expediente, indica que del análisis a los estados de cuenta bancarios “se conoció que se realizaron retiros por un importe de 44 millones 767 mil 765 dólares, durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2005 y el 28 de febrero de 2006, equivalente en moneda nacional a 487 millones 435 mil 86 pesos”.

La resolución de esta causa penal advierte que el dinero manipulado a través de diversas cuentas bancarias y casas de cambio provenía del sindicato minero y que su entonces secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, así como los integrantes del Comité Técnico del fideicomiso F/9645-2, estaban autorizados para disponer del mismo.

Sin embargo, este fallo no cancela la línea de investigación y el probable fincamiento de responsabilidad en contra de Gómez Urrutia y 27 personas más -entre las que destacan familiares del primer círculo del líder minero y ex funcionarios del sindicato- por la defraudación financiera en contra de miles de mineros mexicanos. Este delito es del orden común, por lo que deberá perseguirse en tribunales locales.

Con esto la magistrada Velasco Villavicencio confirma la negativa para expedir las órdenes de aprehensión contra el líder minero por lavado de dinero, que en junio pasado emitieron, en primera instancia, los jueces federales Ranulfo Castillo Mendoza, del juzgado noveno de distrito, y Reynaldo Reyes Rosas, del decimoquinto.

Revista Contralínea. Publicado: Octubre 1a quincena de 2006 | Año 4 | No. 65

Nancy Flores