Ecuador: Poder Constituyente y Asamblea Nacional Constituyente

El poder constituyente

El poder constituyente es el poder fundante del contrato social que establece una República. No nace del poder constituido: aquí está el nudo gordiano. Nace de la autoconstitución del poder soberano de las clases y fuerzas subordinadas que buscan alterar el orden constituido para liberarse.

La historia es la maestra del futuro. El esfuerzo para refundar la República está en analizar su recorrido, para saber las fronteras a las que hemos llegado y los ideales que debemos conquistar.

Podemos aprender de otros pueblos hermanos, sobre todo ahora en que estos procesos atraviesan el conjunto de nuestra América.

La primera lección es que los grandes procesos de fundación de las Repúblicas, desde la Revolución Francesa, la Revolución Americana, hasta los procesos contemporáneos de Cuba, Venezuela o Bolivia, empiezan por reconocer la originalidad de su propio camino, por reconstruir un imaginario colectivo de este recorrido, a fin de sentar la bases del nuevo contrato social para fundar o refundar las repúblicas. Aunque no sólo debemos mirar los procesos triunfantes, sino también los procesos truncos, sobre todo de los países vecinos, como el de la Asamblea Constituyente del 91 en Colombia.

En nuestro país este poder soberano se ha presentado únicamente en dos acontecimientos: la constitución de la República, como desenlace de los procesos independentistas; y la constitución del Estado liberal, como desenlace de la revolución alfarista. Estamos ante la posibilidad de un nuevo momento fundante, la constitución de un Estado de bienestar común, como desenlace de la crisis del Estado y la democracia liberal, y de la emergencia de nuevas fuerzas sociales y políticas.

La originalidad de la vía latinoamericana actual está en la utilización de los dispositivos de la democracia liberal-representativa para abrir el cauce del poder constituyente: la conquista del gobierno para construir el poder popular.

En las oportunidades anteriores se ha partido de luchas armadas, de procesos violentos. Hoy estamos ante la posibilidad de una salida pacífica y democrática, como resultado de un largo proceso de lucha de los trabajadores, de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, de los ciudadanos/as patriotas.

Con la derrota del poder político y del poder económico, y el triunfo de Rafael Correa, se confirma el mandato de cambios profundos, de transformación del contrato social, de refundación de la República. Triunfa el rechazo al poder tradicional, a la partidocracia, a las mafias del poder, al poder económico; el rechazo a la neocolonialización imperial, al TLC, al Plan Colombia, a la Base de Manta, al yugo de la deuda externa; el rechazo a la compra de conciencias y de votos.

El poder constituyente tiene como fuente la transformación de esa fuerza social de oposición en poder alternativo, en un poder capaz de constituir un orden económico y político diferente. Por tanto tiene que tomar la forma de poder paralelo y autónomo, bajo diferentes expresiones: comunas constituyentes, asambleas territoriales, organizaciones políticas.

El camino está abierto: triunfa la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente ó ANC con plenos poderes. La tarea es transformar esa propuesta en un proceso real, triunfar en la tercera vuelta.

Para avanzar en esa perspectiva contamos con mejores condiciones de lucha: El triunfo de Correa consolida la modificación de la correlación de fuerzas a nivel continental, quiebra el intento de enlazar el eje Uribe-Alan García; y fortalece la presencia de gobiernos soberanos. A nivel local la iniciativa ha retornado a las fuerzas del cambio.

Sin embargo la tarea es difícil. El enemigo busca recuperarse a través de una estrategia de relegitimación del Congreso y de mediatización de la Asamblea Constituyente, de cerco económico y político al nuevo gobierno, y de contención de las aspiraciones de cambios radicales de la gente.

La Asamblea Nacional Constituyente

La Asamblea Nacional Constituyente es la institucionalización del poder constituyente, es su representación en delegados-mandatarios. Si no hay un poder soberano en acto, no hay Asamblea Constituyente: si no hay presentación, no hay representación.

Aquí está la primera confusión que hay que superar: hay diferencias entre el poder y la asamblea constituyente. Surge el poder constituyente en momentos fundantes y no se reduce a la reunión de los asambleístas. “Al poder constituyente (originario) se opone el poder constituyente asamblear y a los dos el poder constituido. El poder constituyente es absorbido en la máquina de la representación.” (Negri, 1993)

El proceso independista, el poder constituyente se expresó en las Juntas Patrióticas y en el Ejército Libertador, con “dos momentos bien diferenciados: el primer grito de la independencia o “revolución quiteña” (10 de agosto de 1809) y la batalla del Pichincha o “imposición revolucionaria” (24 de mayo de 1822).”

Su institucionalización se formuló en la Asamblea Nacional Constituyente de 1830, en Riobamba, en donde participan, ya no todos los sectores que intervinieron en las luchas y que integraban la nueva República, sino que la componen siete diputados representantes de cada uno de sus departamentos, Quito, Guayaquil y Cuenca. Todos los asambleístas fueron varones, blanco-mestizos, propietarios terratenientes o comerciantes, mayores de edad, católicos, de habla castellana. Quedaron excluidos los indios, las mujeres, los cholos, los laicos, los jóvenes, los no propietarios.

La República se constituye, no como resultado del triunfo de los ideales libertarios encarnados por Bolívar, Sucre y Manuelita Sáenz, sino más bien como resultado de su derrota, como resultado de la fragmentación de la Gran Colombia en función de los interesas de las oligarquías terratenientes locales.

En la Revolución Alfarista las fuerzas principales fueron la burguesía comercial, sobre todo de la Costa, las montoneras rurales, con presencia de sectores montubios e indígenas, y la intelectualidad liberal. La Constituyente Liberal de 1895 y sobre todo la de 1906, que es la que recoge los principios alfaristas, estuvo integrada por representantes de la burguesía comercial y de la intelectualidad liberal, articulados en torno a la visión laica y liberal del Estado, si bien también estuvieron representantes del conservatismo. A pesar de los grandes pasos en los derechos de las mujeres, de los indios y de los montubios, no hay una presencia directa de estos sectores. El Estado liberal se funda, no tanto como resultado del triunfo de la Revolución Alfarista, sino más bien como resultado de su derrota.

La actual derrota de la partidocracia en la primera vuelta, y la derrota del poder económico en la segunda, son resultado de un largo proceso de lucha en el período de la democracia liberal, con tres fases:

(i) de inicios de los 70 a mediados de los 80, actúa un bloque social-político liderado por los trabajadores;

(ii) de mediados de los 80 hasta mediados del 2000, actúa un bloque social-político liderado por el movimiento indígena con participación de los movimientos sociales;

(iii) el período actual, en que empieza a emerger la posibilidad de un bloque social político, con protagonismo de los “ciudadanos”.

El triunfo de Correa capitaliza este proceso, si bien se articula también a los intereses de sectores del poder político dominante no hegemónicos. En la segunda vuelta se expresa un alto componente de rechazo a la amenaza despótica de Noboa, y no sólo el respaldo a la propuesta de cambio.

La primera tarea inconclusa es construir la confluencia y recomposición de las fuerzas sociales-políticas actuantes en un Gran Frente Patriótico. El campo es la conquista de la Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes y con participación hegemónica de los sectores populares.

Dos vías

Pero la Constituyente no sólo es el punto de convergencia de los actores subordinados que luchan por su liberación; sino que se ha convertido en el principal espacio de disputa programática con el las fuerzas opresoras.

Después de la rebelión de abril ya surgió esta batalla; pero en condiciones más desfavorables. El gobierno surgido del derrocamiento de Gutiérrez bloqueó la posibilidad de la Constituyente en un juego de espejos con el poder tradicional, reconstituido después del remezón y parapetado en el Congreso. Sin embargo la energía social purificadora persistió en el rechazo a la partidocracia y al Congreso.

Ahora nuevamente se han puesto en movimiento los dispositivos del sistema de poder. En el alineamiento ante la Constituyente hay una división del trabajo de las fuerzas dominantes. En el Congreso un bloque, articulado en torno al eje PRIAN-PSC-UDC [1]
, empuja una estrategia de “todo el poder al Congreso”: relegitimación, para que asuma las reformas políticas y vuelva innecesaria la Asamblea Nacional Constituyente; recaptura de la institucionalidad, en particular de los organismos de control, para cercar al Ejecutivo.

Un segundo bloque, articulado en torno al eje PSP-PRE e ’independientes’, [2]
ha iniciado el acercamiento al Gobierno electo para negociar la instauración de una Constituyente que coexista con el Congreso. La gran prensa, liderada por el diario El Comercio, y las cadenas de televisión vinculadas, han iniciado una campaña de ablandamiento, como lo hicieron en la fase inicial del gobierno de Palacio, para mostrar la inviabilidad y la inconveniencia de la Constituyente; mientras los discursos de diálogo se multiplican. El monitoreo del poder imperial todavía sigue los cauces regulares.

Éste es un viejo juego repetido cíclicamente por el poder constituido, desde la instauración del actual período democrático: los afanes de cambio de Jaime Roldós terminaron enredados en los acuerdos con los “padres de la componenda”.

La campaña empezó en la misma tarde del 26 de noviembre.

Conocidos los resultados, Gutiérrez desfiló en los canales vinculados para proponer el negocio: un congreso constituyente y una constituyente maniatada.

Dentro del Parlamento, el bloque de izquierda aún no se dibuja claramente como una fuerza por la constituyente. Todavía los partidos electorales de izquierda están concentrados más en los temas de cogobierno.

Desde las filas del Presidente electo hay una doble respuesta: el Ministro de Gobierno designado anuncia la negociación con Gutiérrez y Abdalá, para conformar un bloque parlamentario mayoritario que apoye la convocatoria al Congreso. El Presidente electo, Rafael Correa, declara que pueden coexistir la Asamblea y el Congreso, aunque ratifica el Decreto Nº 2 sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes.

La tarea es construir un polo que congregue a las fuerzas que están por una Constituyente originaria, con plenos poderes, y con una composición popular. El reto es avanzar hacia la construcción de un movimiento político constituyente.

Constituyente con plenos poderes

La derecha se ha visto obligada a aceptar el triunfo del mandato de la convocatoria a la Constituyente. Empero ahora su estrategia es coartar su carácter constituyente de plenos poderes y tratar de copar la representación, para lograr que no se produzcan los cambios profundos que se requieren.

El debate hoy se centra en torno a tres propuestas:

1. La derecha busca que el Congreso “rompa el candado constitucional” [3], para asumir las tareas de la reforma política. El recurso es el formato presentado por Gustavo Noboa.

2. El segundo formato. En nombre de la tranquilidad, se busca resucitar la fórmula Roldós: una consulta previa que obligue al Congreso a legislar en la dirección resuelta por el pronunciamiento ciudadano; y si no lo hace en el plazo de 90 días, pasar a la Consulta de la Constituyente.

3. Desde las organizaciones sociales y ciudadanas la exigencia es que se cumpla el mandato expresado en las urnas: ir a una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes.

Para ejecutar los plenos poderes la Asamblea debe asumir tres tareas constituyentes: elaborar y promulgar una nueva Constitución que exprese el nuevo contrato social para la Refundación de la República; elaborar y promulgar las leyes orgánicas correspondientes, para garantizar la inmediata ejecución de la Constitución; y reestructurar la institucionalidad del Estado.

No se puede reducir su labor a una acción jurídica constitucional, ni se puede reducir únicamente a una reforma política.

Para refundar la República se requiere capacidad de desmontar la actual maquinaria estatal y económica y de sentar las bases de un nuevo Estado y una nueva economía. Hay cambios si hay transformación del poder y de la propiedad.

Para la propia conquista de la Asamblea se requiere hincar ese doble proceso: no habrá Constituyente con plenos poderes si coexiste con un Congreso controlado por la derecha; no habrá Consulta, si la decisión final la dejamos en manos del Congreso o del Tribunal Supremo Electoral.

La hoja de ruta

La ANC con plenos poderes no surgirá por decreto. Es la expresión de un poder paralelo, en la combinación de acciones institucionales y de movilización. El Presidente electo está comprometido a convocar a Consulta, de acuerdo a las atribuciones que le da la actual Constitución moribunda.

Empero el poder tradicional no va a ceder posiciones; tiene dos bastiones, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral, controlados por la partidocracia, desde donde va a buscar bloquear la ANC o reducirla a una nueva Asamblea Constitucional, similar a la del 98.

La salida no es meramente jurídica, sino política, es una cuestión de poder. El primer paso es generar un consenso entre las fuerzas sociales y el gobierno electo sobre la ruta, el carácter, el Estatuto y las tareas de la Constituyente; y acordar mecanismos para resolver la representación en la Asamblea a fin de construir una lista única. No hay propuesta sin sujeto.

El sujeto es el poder paralelo de los ciudadanos y los pueblos del Ecuador, bajo diferentes formas; que encuentra su representación en los asambleístas y en la actuación radical del Gobierno. El objetivo es ganar la mayoría tanto en las calles y las plazas, como al interior de la Asamblea.

Todavía el ambiente es de expectativa y búsqueda. Para ganar la mayoría tenemos que juntar la Asamblea con la vida de la gente: mostrar que la Constituyente es el bien común.

El compromiso del Gobierno es mostrar, en los primeros cien días, que es posible el cambio, que otro mundo es posible, con medidas que consoliden el proceso de soberanía ganado por las luchas de los pueblos, los movimientos sociales y los ciudadanos en el NO al TLC y a la OXY, y la respuesta a las necesidades vitales de los sectores explotados, en la línea del cumplimiento de las ofertas electorales de Alianza País.

La tarea de los movimientos sociales, de los ciudadanos es consolidar el poder paralelo bajo diversas formas posibles: desde las comunas constituyentes, las asambleas territoriales, hasta el partido político; e impulsar una campaña que combine la propuesta con la movilización.