Considerada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, La Huasteca neoleonesa podría ser convertida en zona residencial y en campo de golf, tras la aprobación ilegal del cambio de uso de suelo hecha por el ex regidor interino de Santa Catarina, en noviembre pasado. El negocio involucra a un hermano del gobernador González Parás y a funcionarios del primer círculo.
La Huasteca, Nuevo León. La reserva de la biósfera del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, también conocida como La Huasteca, está en peligro: el 1 de noviembre pasado el regidor interino del municipio Santa Catarina, el priísta Ramiro Ayala -quien sólo ocupó el cargo durante una semana- autorizó el cambió de uso de suelo en esta zona, con lo que violentó disposiciones ambientales nacionales e internacionales.
Aunado a esta modificación, calificada por activistas como ilegal, el ex funcionario público aprobó el Plan de Desarrollo Urbano del Valle de Reyes en beneficio de la empresa Maple Urbanizadora, propiedad de Ramiro Guzmán Barbosa, quien pretende afectar 2 mil 394 hectáreas de bosque y de área semidesértica, correspondientes al ejido El Potrero, con la construcción de 5 mil viviendas y un campo de golf.
Según trascendió a la prensa local, a pesar de que el proyecto fue rechazado en noviembre de 2005 por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la inversión de esta inmobiliaria ascenderá a 500 millones de dólares.
Otro impedimento legal en contra de la empresa se refiere a la opinión desfavorable al manifiesto de impacto ambiental sobre la construcción del campo de golf, emitida por la Comisión Nacional de Zonas Naturales Protegidas, también dependiente de la Semarnat, el 11 de mayo de ese mismo año. En ese entonces, el rentable proyecto era impulsado por Inmobiliaria Dos Carlos, filial de Altos Hornos de México (AHMSA).
De acuerdo con la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), La Huasteca neoleonesa es patrimonio de la humanidad: en esa reserva se albergan mil 368 especies de flora y fauna, 73 de éstas consideradas en peligro de extinción, amenazadas, endémicas, raras, vulnerables o de protección especial.
Ambientalistas y vecinos señalan que entre las especies de fauna silvestre que corren grave peligro con la aprobación de este plan, se encuentran el coyote, el puma, el tejón, el mapache, el venado cola blanca, el tlacuache, el armadillo, el jabalí, la zorra gris, la liebre, las ardillas gris y roja, la cotorra serrana oriental, el carpintero arlequín, el pato arcoiris, el cardenal, el halcón pálido y el jilguero americano.
Erasmo Gutiérrez, ejidatario de El Pajonal -también ubicado dentro de la reserva-, denuncia que la autorización aprobada por el cabildo local se da tras 10 años de lucha. “Desde 1996 fueron compradas esas tierras a un precio de risa. En El Pajonal también presionaron, pero los 18 ejidatarios nos negamos a vender. Incluso ahora nos andan amenazando para que abandonemos nuestras tierras, pero que quede claro, no tenemos miedo y las vamos a defender”.
El campesino advierte que “la resistencia civil había impedido la aprobación (del cambio de uso de suelo), pero ahora fue desde el gobierno de (Natividad) González Parás desde donde vino la orden, porque él está metido, está detrás de este proyecto”.
Hace ya una década, cuenta Erasmo, se inició la compra de los terrenos de El Potrero. Por el metro cuadrado se pagó una cantidad equivalente a 40 centavos actuales. Pero no todos los habitantes vendieron su tierra: 35 familias de igual número de ejidatarios, legítimos dueños según las leyes agrarias, enfrentan amenazas de desalojo, las cuales quedan en la impunidad.
“La voracidad de los empresarios aumentó con la construcción de la cortina rompe picos, que es un retén de agua y que fue instalada en 2000 por el gobierno. Entonces se dijo que era para el beneficio de la gente, pero de qué gente, porque de aquí se están llevando el 60 por ciento del agua a Monterrey, y nosotros, los del municipio de Santa Catarina, ni siquiera tenemos agua potable. Ahora, si se hace el Valle de Reyes, seguro nos roban el ciento por ciento del agua. Por eso, por el bien de toda la gente, nos oponemos a que se construya”, dice Erasmo Gutiérrez.
Y es que en el complejo montañoso y semidesértico, donde además de la reserva se asientan tierras sagradas del pueblo wirrárika -conocido por los mestizos como huichol-, se localiza también la reserva de agua más pura del estado.
Interés del gobernador
Ligado a Elba Esther Gordillo, el priísta Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León desde octubre de 2003, mantiene una actitud omisa a la problemática, pues este negocio involucra a su hermano y a un funcionario de su administración.
Y es que en días pasados la prensa local reveló que Luis González Parás destaca entre los propietarios de los terrenos donde se pretende edificar el Valle de Reyes. La posesión territorial no es menor, en el ejido El Potrero el hermano del gobernador detenta un área de 30 mil metros cuadrados.
Ante la presión de los medios de comunicación neoleoneses, y luego de que se desatara el escándalo por la aprobación del cambio de uso de suelo de La Huasteca, el gobernador confirmó la información: “Hasta donde sé, no tengo los datos precisos, en primer lugar esa propiedad se adquirió antes de que yo fuera gobernador, con otro grupo de empresarios; es un grupo de grandes y pequeños empresarios; y hasta donde sé no está ubicado en el Valle de Reyes”.
Pero ésta no es la única relación que liga al mandatario con el multimillonario negocio residencial. Alejandro Gómez Casso -hijo del defenestrado líder minero, Napoleón Gómez Urrutia- es otro de los nexos entre el gobernador y el proyecto.
Enquistado en el primer círculo del gobierno de Nuevo León, y en lo que podría constituir un conflicto de intereses, además de ocuparse en la Dirección de Inversión Extranjera y Desarrollo de Nuevos Mercados de la administración de González Parás, Gómez Casso atendía el negocio inmobiliario, pues también se desempeña como gerente general de administración de Inmobiliaria Dos Carlos y como subgerente administrativo de la zona noreste de AHMSA, dueña del proyecto hasta septiembre de 2005.
Ganancias multimillonarias
De acuerdo con los estados financieros de Altos Hornos de México, entregados a la Bolsa Mexicana de Valores, “en septiembre de 2005, la empresa, por medio de su filial inmobiliaria Dos Carlos S.A., concretó la venta de los terrenos del proyecto Valle de Reyes en 75 millones de dólares, el cual incluye intereses al 4.45 por ciento anuales ajustables trimestralmente”.
El informe oficial detalla que, como parte de esta operación que trasladó la posesión de 2 mil 394 hectáreas ubicadas en el Cañón de Ballesteros, del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Maple Urbanizadora cubrió un anticipo de 22 millones de dólares y que por el remanente de 53 millones de dólares se firmaron 16 pagarés por un valor 3.3 millones de dólares cada uno, con vencimientos trimestrales. Su amortización, explica la empresa a las autoridades financieras, comenzó en diciembre de 2005.
Altos Hornos de México, representada en la operación de compra venta por el también funcionario de la administración estatal, Alejandro Gómez Casso, obtuvo una utilidad de 433 millones de pesos, registrada en el estado consolidado de resultados de 2005.
De acuerdo con la compañía, “este proyecto consistía en el desarrollo y comercialización de un fraccionamiento residencial en la zona conurbana de Monterrey, adquirido por la compañía en 1999 a través de la compra del 60.15 por ciento de las acciones de Dos Carlos”.
Por esta empresa, Altos Hornos de México pagó 38 millones 400 mil pesos, consta en los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio 2004. Dicho informe indica que el valor en libros de los terrenos ascendía a 249 millones de pesos y que los gastos preoperativos a esa fecha (diciembre de 2004) ascendieron a 96 millones de pesos.
Además revela que la viabilidad del proyecto dependía de las autorizaciones de la Semarnat y no sólo del cabildo, como ahora se pretende hacer creer. “El proyecto está sujeto a diversas autorizaciones federales y locales”.
El documento oficial de AHMSA especifica que “la autorización de construcción (del campo de golf y del fraccionamiento residencial) está sujeta al cumplimiento de algunos lineamientos ecológicos, entre los que se encuentra la presentación de informes ambientales que al efecto dicte la Semarnat”. En noviembre de 2005 la Semarnat falló en contra del proyecto, para entonces ya en manos de Maple Urbanizadora.
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