Veintiocho periodistas fueron asesinados el año pasado en ocho países de América Latina, en tanto cinco se encuentran desaparecidos señala un resumen acerca del 2006 elaborado por la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) adscrita a la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP). Con diez muertos, México conserva en la región la aciaga condición de la nación más peligrosa en el ejercicio informativo.
Las cifras acerca de profesionales víctimas de la violencia difieren según las fuentes, aunque aparece como más probable la entregada por la Asociación Mundial de Periódicos que es de 105 caídos en el mundo, 48 de los cuales corresponde a fallecidos en Irak, país inmerso en una cruenta guerra provocada por la ilegal ocupación armada de Estados Unidos.
A finales de diciembre pasado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó, por unanimidad, una resolución que “condena todo ataque a periodistas en zonas de conflicto y llama a facciones en disputa a respetar a los comunicadores y su función". En ese documento, la ONU sólo ha recordado que las Convenciones de Ginebra acerca de las guerras proclaman que el periodista es un civil cuya vida debe ser respetada. El punto clave es, pues, que aquello no se respeta, como lo prueba el frecuente homicidio de ellos en Irak a cargo de la soldadesca estadounidense.
Al mismo tiempo, el acuerdo de la ONU olvida por completo la situación de América Latina dónde, con o sin conflictos bélicos, los informadores son eliminados por narcotraficantes, por mafias de diversa naturaleza, y siempre porque los periodistas son testigos de crímenes y de otros delitos. La matanza de periodistas se constató durante las dictaduras cívico-castrenses emergidas con mayor fuerza en los años setenta del siglo pasado. Mas, tal situación continuó bajo gobiernos electos y prosigue hoy. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA dijo en agosto pasado que en los últimos diez años se han registrado 83 asesinatos en Colombia, 24 en Brasil e igual número en México. Hubo asimismo muertes de informadores en Guatemala, Ecuador, Haití. Nicaragua, Venezuela y otros, añade la Relatoría.
En noviembre pasado, la sistemática inseguridad de los profesionales de la prensa, fue comentada por José dos Santos -directivo de CIAP- ante el Quinto Encuentro de Corresponsales de Guerra que se efectuó en La Habana. "En América Latina matan periodistas sin que haya ninguna guerra interna ni invasión militar extranjera frontal, excepto el conflicto armado de baja intensidad que sacude a Colombia desde hace medio siglo”, expresó. Dos Santos rememoró también que desde 1976 a la fecha unos 800 periodistas han sido eliminados en la región.
FUNEBRE NOMINA
El siguiente es el registro, por países, de los caídos en 2006:
ECUADOR
José Luis León, en Guayaquil, reportero de Radio Minutera, y Saúl Suárez, reportero gráfico de La Hora Durandeña. Ambos fueron tiroteados.
EL SALVADOR
Douglas Henández, de La Prensa Gráfica.
COLOMBIA
Gustavo Rojas Gabalo, periodista radial, por disparos; Mariano Pérez Murga y Francisco Bonilla Romero.
GUATEMALA
Edgardo Maas, informador radial: recibió cinco balas.
GUYANA
Ronaldo Waddell, comentarista de televisión, tiroteado; Richard Stewart, Chetram Pergaud, Elión Wegman, Mark Mikoo y Shazim Mohamed. Los últimos cinco fueron tiroteados el 8/8/06 al interior del periódico Kaieteur News.
REPUBLICA DOMINICANA
Domingo Disla Florentino, abogado y periodista; Facundo Lavatta, de Radio Comercial.
VENEZUELA
Jesús Flores Rojas, en la localidad El Tigre; Jorge Aguirre, de Cadena Carriles y Pedro Bastardo , muerto en Cumaná.
MEXICO
José Valdés, en Sabinas (Coahuila); Jaime Olvera Bravo, en La Piedad (Michoacán); Ramiro Téllez Contreras, en Nuevo Laredo Tamaulipas); Enrique Perea Quintanilla; Rosendo Pardo Ozuna, en Tuxtla Gutiérrez; Misael Tamayo Hernández, en Zihuatanejo (Guerrero); José Manuel Nava, ex director del conocido diario Excélsior, en el Distrito Federal; Roberto Marcos García, corresponsal de Alarma, en Veracruz; Alfonso Sánchez Guzmán; y Bradley Hill, estadounidense, en Santa Lucía del Camino (Oaxaca)
Al tenor de las denuncias formuladas por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), el vicepresidente de FELAP, Teodoro Rentaría Arróyave y otras fuentes, en el sexenio presidencial que va del 2000 al 2006 hubo 29 asesinatos de periodistas. Lo dicho sin sumar a cinco desaparecidos: Antonio García Apal, Rafael Ortiz Martínez, Alfredo Jiménez Mota, Jesús Mejía y Alonso Alegreti.
TARDIA JUSTICIA
Otra proverbial característica de los crímenes que afectan a los informadores es la impunidad que sigue a los hechos. Según una investigación de la entidad estadounidense Comité de Protección al Periodista (CPJ en inglés) entre 1992 y 2006 hubo 580 homicidios y en el 85 por ciento de ellos no se realizó proceso judicial alguno. De ello tenemos sobrada experiencia en Latinoamérica.
Sin embargo, la excepción hace la norma. En Chile, exactamente al finalizar 2006 y transcurridos 20 años desde el asesinato de José Carrasco Tapia, un juez ha condenado a 13 años de cárcel y otras penas a los autores materiales, todos ellos militares que pertenecieron a la policía política del fallecido dictador Augusto Pinochet. Carrasco Tapia fue brutalmente eliminado con 13 balazos, el 8 de septiembre de 1986 cuando era dirigente del Colegio de Periodistas y editor internacional de la revista Análisis. Los catorce sentenciados mataron, además, a tres personas de distintos ámbitos como una venganza al estilo gangsteril por el fallido atentado en contra del tirano ocurrido el siete de septiembre de 1986. El fallo obliga también al Estado al pago de 2.125 millones que recibirán las viudas, hijos y otros parientes de las víctimas.
El año 2006 se singularizó igualmente por los atentados de diverso tipo en contra de la libertad de expresión y de los periodistas. Cronológicamente, uno de los últimos corresponde a la detención en Bogotá de Freddy Muñoz Altamiranda, corresponsal del canal televisivo multinacional Telesur. Apresado el 20 de noviembre de 2006, se le imputan los “delitos de rebelión y terrorismo”. El propio Muñoz, Telesur y la FELAP calificaron la acción policial como un atropello a la libertad de expresión y un intento de intimidar al periodismo independiente que practica Telesur.
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