Fue el 23 de enero de1983 el día en que se perpetró el homicidio simultáneo de los periodistas (1) en el poblado de Uchuraccay, departamento de Ayacucho, territorio que vivía bajo una suerte de ley marcial, léase, que estaba controlado por fuerzas militares y policiales que luchaban en contra de la guerrilla de “Sendero Luminoso”.

Los reporteros asesinados se habían detenido allí con el objetivo profesional de averiguar sobre la matanza de siete campesinos, cuyos ejecutores, se dudaba, podían ser miembros de Sendero o de patrullas castrenses.

Como respuesta a protestas de periodistas y organizaciones sociales, que surgieron en Perú y otras naciones latinoamericanas, el presidente Fernando Belaúnde nombró una Comisión Investigadora de tres personas, Vargas Llosa incluido, quien actuó como presidente de ella y encargado de redactar el informe del dramático episodio.

Las víctimas habían sido muertas a golpes de hachas y sepultados de a dos cuerpos en cuatro remedos de ataúdes.

El Informe Vargas, que así fue llamado, aceptó la versión del mando militar de la zona el cual aseguraba que los informadores fueron ejecutados por los propios comuneros de Uchuraccay quienes los habían confundido con “terroristas” porque, entre otras cosas, portaban una “bandera roja” (sic).

Adelantemos que la historia de la bandera era burda pues nada tiene que ver con el trabajo reporteril. Hay más: fotografías captadas por Willy Retto, uno de los asesinados, y encontradas tres meses después de la masacre, demuestran que los periodistas convivieron amistosa y pacíficamente con los comuneros.

El 12 de diciembre de 1984 y a propósito del documento de Vargas escribimos en el diario mexicano Excelsior: “Consciente de que al público al que se dirige primordialmente, puede vendérsele exóticas pomadas, señala como explicación básica la supuesta existencia de “dos Perú”, el moderno de las ciudades, y el ancestral y mágico de las montañas andinas. El crimen de Uchuraccay fue pues, para él, poco menos que un ritual y nada tiene que ver con el contexto de la guerra sucia declarada en la zona”. (2)

Las afirmaciones contenidas en el Informe Vargas-que el autor vendió como artículo a la prensa estadounidense y europea- fueron desechadas por los familiares de las víctimas y luego por la justicia peruana que actuó luego de sortear las vallas impuestas por los militares.

En noviembre de 1984, el juez Ventura Huyhua, que tomó el caso, decidió enjuiciarlo y no sólo desmintió a Mario Vargas LLosa sino que asimismo lo encarceló en la ciudad de Ayacucho. El detenido clamó que había sido vejado… Vargas fue defendido por el presidente Belaúnde y algunos parlamentarios, mas en réplica, Mario Cavalcanti, abogado de los familiares de los asesinados, pidió que se le enjuiciara también “por haber iniciado una campaña de desprestigio en contra de los jueces y pretender así, intimidar al tribunal que investiga el crimen cometido en Uchuraccay”.

El seis de diciembre/84 la Corte Suprema respaldó al tribunal.

Así terminó una de las tantas aventuras del “gran demócrata”.

Hernán Uribe

– (1) Los caídos y sus medios Jorge Sedano Falcón, diario “La República” (Lima); Eduardo de la Piniella, diario “Marka (Lima); Willy Retto Torres, diario “El Observador” (Lima); Pedro Sánchez Gaviria, “Marka”; Amador García Yanque, semanario “Oiga” (Lima); Jorge Luis Mendevil Trilles, “El Observador”; Octavio Infante García, diario “Panorama” (Huamanga); Juan Argumedo García, guía. Una semana después mataron a Félix Gavilán, corresponsal de Marka

– (2) Uribe, Hernán “Vargas Llosa en aprietos. Ayacucho: Licencia para matar” (Excelsior, México, 8/9-12-1984.