Tanto las entidades gubernamentales como las ONGs ambientalistas se dedican particularmente a controlar que la minería formal cumpla con las normas ambientalistas y ecológicas y eso esta bien nadie puede estar en contra de disposiciones que son en beneficio de todos pero la verdad es que nadie se preocupa por la minería informal, nadie la controla y la misma se desarrolla sin ningún tipo de legislación. Con ello se produce una depredación criminal de los sistemas. Las entidades no gubernamentales que tanto se preocupan por la gran minería no les interesa en lo más mínimo y en muchos casos ellas mismas favorecen el desarrollo de la minería informal. Evidentemente que esto no es sólo de carácter ecológico es también parte de hacer política. Sociológicamente hablando es mucho más fácil utilizar y controlar a los grupos humanos dedicados a este tipo de explotación que a los que se encuentran laborando en una empresa que cumple con los compromisos pero que especialmente se encuentran debidamente organizados. Donde los sindicatos formados no responden puramente a consignas políticas sino más bien a sus intereses laborales. En el caso de la informalidad, esto no se da, es la Ley de la selva. A nadie le interesa cumplir con normas y patrones mínimos de trabajo pues ello cuesta dinero y resta tiempo. No se tiene en consideración el daño ecológico que producen al utilizar químicos, reactivos y demás sin ningún estudio científico de lo que están realizando. Como ejemplo tenemos lo que sucede en los ríos de la selva a los cuales se vuelcan ingentes cantidades de venenos como el cianuro y otros, o en San Antonio de Poto, en Puno donde la explotación de los pequeños socavones se hace con lo que se pueda sin mencionar la explotación infantil que ahí se produce. Los mineros que trabajan son niños y niñas que no pasan de los 13 años de edad y que son explotados por personas mayores auto titulados “los propietarios de los socavones”. De esta manera podríamos explicar en una extensa lista todos los casos que la informalidad en este campo produce. Tampoco se conoce el destino final de los explosivos que se utilizan, los cuales en muchos de los casos van a terminar en manos de actividades ilícitas como el terrorismo y el narco tráfico. Consideramos de suma urgencia se legisle al respecto y realmente se ponga orden en este sentido y se acabe de una vez por todas con una explotación real de la gente que termina trabajando para la minería informal.
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