El Congreso de Estados Unidos exigió al gobierno de George Bush que ordene la administración de las aeronaves que entrega a terceros países para combatir el narcotráfico y el terrorismo, entre los cuales México ocupa uno de los primeros lugares tan sólo después de Colombia.

Se deplora, sin embargo, el excesivo gasto destinado a comprar y mantener aviones, así como a firmar contratos con empresas que operan personal con actividades dedicadas a introducirse en las fuerzas militares de la región.

A través de la General Accountability Office (GAO, por sus siglas en inglés), el órgano de vigilancia estadounidense equivalente a la Auditoria Superior de la Federación, busca una mayor rendición de cuentas sobre la administración de las aeronaves que entrega a países como Colombia y México, entre otros.

El Departamento de Estado de la Unión Americana, de acuerdo con el reporte oficial, controla las operaciones de al menos 357 helicópteros y aeronaves cuyo valor está estimado en 340 millones de dólares. Sólo en el caso de Colombia, el gobierno estadounidense ha destinado presupuestos para el mantenimiento de estas aeronaves.

Ahora, el Departamento de Estado de ese país deberá justificar cada dólar que invierte en esta campaña contra el narcotráfico y el terrorismo si es que pretende obtener mayores recursos en el presupuesto para 2008 y 2009.

Hasta ahora, asegura la GAO, la información que ha proporcionado el Departamento de Estado para justificar la presencia en el mundo a través de la operación de sus aeronaves resulta insuficiente. No se ha proporcionado, por ejemplo, la documentación que confirme los ciclos costo-beneficio así como presupuestos comparativos.

A pesar de que se registran avances desde 2004, el Departamento de Estado aún no aplica procesos sistemáticos para la administración de esta flota aérea, lo que obstaculiza los programas para el mantenimiento y la seguridad de dichas aeronaves.

El documento presentado al Congreso de Estados Unidos por la GAO el pasado 2 de febrero recuerda que el Poder Legislativo de ese país ha autorizado más de 5 mil millones de dólares para financiar los programas contra el narcotráfico y el terrorismo.

Países como Afganistán, Bolivia, Colombia (en donde se ocupan para transporte del ejército principalmente), Ecuador, Pakistán, México y Perú son las naciones que han recibido aviones y helicópteros para ser operados por las autoridades locales.

Entre 2002 y 2006 el gobierno estadounidense ha destinado más de 2 mil 200 millones de dólares para actividades aéreas; las unidades de vuelo son propiedad del gobierno estadounidense, por lo que el mantenimiento es responsabilidad de ese país.

La GAO también ha descubierto problemas en la operación de la entidad conocida como Air Wing, cuya base central de operaciones se localiza en Miami, Florida, y que ha incurrido en subvaluaciones del equipo hasta por 162 millones de dólares.

En 2005 el Senado de Estados Unidos se pronunció por las lagunas que presenta la administración de este programa, lo que ha incrementado los costos de administración.

Las investigaciones de la GAO se concentraron en mayor medida en Colombia, pues es en este país en donde opera la tercera parte de los aviones adscritos a Centro y Sudamérica. La revisión se realizó entre febrero de 2006 y enero de 2007. Sin embargo, México no escapa a las conclusiones.

La evaluación tomó en cuenta los compromisos adquiridos en 2004 por Air Wing para iniciar un plan estratégico para modificar los errores en la operación de las aeronaves entregas a países que se consideran estratégicos para la seguridad nacional de Estados Unidos. El plan de Air Wing no contempla, sin embargo, medidas para mejorar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, se limita al plano administrativo.

En general, la inversión en aviones entregados a países que, según el gobierno de Estados Unidos enfrentan problemas de narcotráfico, no se encuentra plenamente justificada. Aún más, carece de análisis económicos que permitan al gobierno de ese país medir la efectividad de los planes y aplicación de activos.

La GAO observa la necesidad de mejorar los términos pactados con empresas como DynCorp International, que ofrecen servicios para la administración de estos aviones, pero sobretodo para la asesoría en materia de erradicación de cultivos de cocaína y opio.

El costo anual de los contratos con esta compañía suma al menos 174 millones de dólares y se extienden por un periodo de 10 años. El mayor contrato que se ha otorgado a DynCorp International corresponde al Plan Colombia, aunque también cuenta con actividades en Bolivia y Perú, así como en la frontera de Pakistán.

Ahora, el Departamento de Estado del país vecino ha solicitado a DynCorp desarrollar una serie de indicadores para medir su desempeño.

Esta misma empresa es la que ofrece servicios al gobierno estadounidense para prevenir la migración desde países como Ecuador, en donde sus prácticas han sido críticas debido al nivel de intervencionismo.

De hecho, la empresa fue demandada por 10 mil ciudadanos ecuatorianos que buscan compensaciones por 100 millones de dólares para resarcir daños a la propiedad privada e indemnizaciones por homicidios a causa de procesos de fumigación en la frontera de ese país.

Los contratos de esta empresa suman más de 93.7 millones de dólares, mientras la prensa estadounidense investiga sus actividades.

En el caso de México, el reporte de la GAO no precisa si DynCorp está proporcionado servicios de mantenimiento y operación de aviones; sin embargo, sí da cuenta de cómo se entregaron helicópteros a la Procuraduría General de la República sin contar con las medidas de control necesarias.

Publicado: Marzo 1a quincena de 2007

Claudia Villegas