En línea con su promesa de cumplir todas y cada una de sus propuestas de campaña, Trump amarró en el Departamento de Migración de Estados Unidos a los operadores que le permitirían controlar procesos en el gobierno mexicano e información estratégica que, hasta hace algunos meses, se encontraban fuera de su alcance.

La situación, sin embargo, cambia radicalmente y para lograr esa vigilancia de extranjeros no sólo participa el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, sino también el Legislativo.

Hace apenas unos días, la Oficina General de Control del Congreso estadounidense (GAO por sus siglas en inglés) dio a conocer un reporte de 45 páginas bajo el nombre Seguridad en la frontera. El Departamento de Migración avanza en la planeación de un sistema biométrico de identificación; sin embargo, los retos permanecen.

Ahí, los auditores del Congreso reconocieron que con la Agencia de Servicios Migratorios de Canadá se han dado pasos importantes desde la firma de un acuerdo en octubre de 2012, que les ha permitido el intercambio de registros de los visitantes que llegan a través de cruces fronterizos entre ambos países.

Sin embargo, en el caso de México – refiere la GAO – la frontera sur de Estados Unidos permanece vulnerable y no “presenta las mismas oportunidades” de control que con Canadá. La razón de este retraso, de acuerdo con el reporte, es que México no cuenta con la infraestructura fronteriza y la tecnología para la recopilación de datos, lo que limita seriamente los esfuerzos de seguridad del gobierno estadounidense.

Por ello, la GAO reporta que funcionarios del Departamento de Migración de ese país aseguran que ya iniciaron las discusiones con sus contrapartes en el gobierno mexicano para comenzar la operación de un “plan piloto” en territorio mexicano y fronterizo para “capturar” información de viajeros que lleguen a su país.

El objetivo será alcanzar el mismo nivel de información que se obtiene gracias a los acuerdos fronterizos e informativos con Canadá. Además, el Departamento de Migración también explora otros métodos y tecnologías para obtener toda la información biográfica y biométrica de los visitantes que llegan a ese país a través de la frontera con México.

En San Diego, refiere la GAO, el Departamento de Migración de Estados Unidos inició un plan piloto para aplicar pruebas biométricas de salida. Sería para este año fiscal 2017 cuando las autoridades migratorias entreguen los primeros resultados de estas pruebas de reconocimiento facial, de huellas digitales y captura de iris.

En 2015, cuando se realizaron las primeras pruebas para la captura de información biométrica en San Diego (Otay Mesa), defensores de derechos humanos manifestaron su inconformidad. Pero el obstáculo, desde entonces, lo representaba la ausencia de tecnología para generar grandes y robustas bases de datos. Pero eso cambiará gracias al Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza Lorenzo Córdoba, quien está dispuesto a colaborar con las autoridades de EU.

Licitan información de mexicanos

El Congreso mexicano tendría que solicitar al INE la información de la licitación internacional para la “Solución de identificación biométrica mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen fácil”, cuyo fallo se dio a conocer el pasado 20 de junio.

Si bien el proceso comenzó desde el primer trimestre de 2016, se trata de un proyecto planeado desde hace varios años. Resulta que el contrato por más de 14 millones de dólares (un monto relativamente pequeño tomando en cuenta la importancia de la información biométrica) fue adjudicado a la empresa Morpho, que aquí representa Rafael Luengo Bengoa y que es filial del grupo francés Safram, un activo contratista del Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través del cual se busca –como lo ha anunciado una y otra vez Trump- convertir a la información biométrica en la nueva arma para la defensa de los intereses hegemónicos de su país.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, bajo la responsabilidad de Rosa Elena Martínez, otorgó ese contrato a Morpho S.A.S luego de que en la licitación pública internacional abierta con el registro LP-INE-012/2016 participaron otras compañías como NEC, experta en tecnología bancaria; Informática el Corte Inglés y Grupo de Tecnología Cibernética, este último resultó descalificado del proceso.

Casualmente, en otras licitaciones como aquella que convocó la Secretaría de Relaciones Exteriores para la elaboración de pasaportes con códigos y medidas de seguridad digitales, Morpho participó en un consorcio con el mismo Grupo de Tecnología Cibernética. En aquella licitación, tanto como Morpho como el Grupo de Tecnología Cibernética, impugnaron el contrato para la elaboración de pasaportes ante la Secretaría de la Función Pública, sin que la queja prosperara.

Pero el dato más revelador de entre los antecedentes de Morpho S.A.S tiene que ver con las ligas de sus directivos con el equipo de transición de Donald Trump en 2016 y ahora con los responsables de entidades como el Servicio de Migración de Estados Unidos.

De acuerdo con el portal de periodismo de investigación Intercept, Trump aseguró que el gobierno estadounidense investigaría hasta el último rincón de las mezquitas y que controlaría una poderosa base de datos de la gente que llega a su país desde Siria. México no será la excepción.

El desarrollo de complejos algoritmos, de tecnología para el reconocimiento facial y la expansión de soluciones para verificar identidad, son sólo algunas de las obsesiones de Donald Trump en la ejecución de las estrategias de las agencias estadounidenses encargadas de la seguridad nacional.

Intercept aporta datos relevantes sobre los vínculos de Trump con los accionistas de la firma francesa Safran, filial de Morpho. Veámos: Michael T Dougherty, expresidente y lobista de la Secure Identity & Biometrics Association, es ahora ombudsman del Servicio de Migración. Antes, Dougherty participó activamente en el equipo de transición de Trump.

Además de contar con tecnología para recuperar datos biométricos que ya también fue adquirida en India, Morpho ha sido criticada por desarrollar una herramienta que asemeja un buscador como Google dedicado a capturar y almacenar información sobre potenciales terroristas, buscando información de reconocimiento facial. Esta herramienta estaría atentando seriamente contra la privacidad.

Otro nombre relevante es el de Brad Buswell, un exdirectivo de Morpho Detection, subsidiaria de Safran, quien también fue clave en un contrato para equipo de detección en el sector transporte. Buswell también formó parte del equipo de transición de Trump.

Otro más: John Sanders, cabeza de Pramantha Solution, especialista en inteligencia geoespacial, también fue parte del grupo de apoyo de Trump en los días posteriores a su victoria en las elecciones estadounidenses. En Estados Unidos el presupuesto para tecnología asociada a la captura de datos biométricos es de 65 millones de dólares y van por más.

El argumento del gobierno estadounidense para impulsar las tecnologías de información biométrica se centra en el alto índice de mexicanos que ingresan legalmente pero que, al terminar su periodo como turistas o viajeros de negocios, simplemente deciden quedarse.

De acuerdo con la información del Departamento de Migración y Seguridad Interior de Estados Unidos, en el año fiscal 2015 más de 2 millones 896 mil 130 mexicanos llegaron a Estados Unidos. De ese número, más de 45 mil 272 decidieron violar las leyes migratorios y exceder su tiempo de estancia o permanecer en ese país, lo que constituye una tasa de permanencia ilegal de 1.56 por ciento, apenas inferior al de otros países de Asia (1.74 por ciento). En ese año, más de 500 mil extranjeros llegaron a Estados Unidos sin que fuera posible recuperar información biométrica y localizarlos fácilmente.

El INE, con su más reciente licitación, coloca en charola de plata los datos más sensibles de la población mexicana. Será una empresa extranjera con fuertes vínculos con el gobierno de Trump la que controle una base de datos que debería ser considerada como seguridad nacional. Bancos extranjeros, por cierto, también se frotan las manos para tener acceso a estas bases de datos que, como ya confirmamos, no están seguras y ponen en riesgo la integridad de millones de mexicanos.

Claudia Villegas