Son pocos los logros –cada día con menos investigaciones exitosas y condenas por lavado de dinero– que pueden anotarse las autoridades y son muchos los talones de Aquiles que registra el sector financiero.

De acuerdo con el Boletín de Sanciones de la CNBV, de enero a septiembre de 2016, la CNBV emitió 128 opiniones de delito, por conductas que presuntamente constituyeron un delito financiero, de las cuales 18 por ciento se asociaron a actividades de captación irregular y no se establece claramente el delito de lavado de dinero. Con éstas, se acumulan 611 opiniones de delito en lo que va de la actual administración.

El mismo documento revela, además, una tímida supervisión respecto al combate de lavado de dinero. En el caso de las sanciones a casas de bolsa –que representaron el 8.7 por ciento del total– el 14 por ciento de los problemas de regulación detectados en este sector fueron resultado de “fallas en los controles para determinar la identificación del cliente”. En el caso de la banca, no se precisa, sin embargo, sí las “fallas en procesos internos” están vinculados con el lavado de dinero. Así de ambiguo.

Pero el documento que no tiene desperdicio y que revela la dimensión del problema de lavado de dinero es la 1 Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, en el que participaron desde la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial de la Federación y el Banco de México.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal, fue el responsable de coordinar esta evaluación que servirá como base para la Cuarta Ronda de Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI) que concluirá en octubre de este año con una Reunión Plenaria.

El gobierno mexicano reconoce en este documento que la amenaza que representan las organizaciones delictivas en México en materia de lavado de dinero es alta.

La impunidad también los es: las cifras totales reportadas en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015 del INEGI revelan que en promedio, durante 2012 a 2014, sólo el 53.9 por ciento del número de averiguaciones previas iniciadas fueron terminadas y 39.9 por ciento quedaron pendientes de concluir. En cuanto a los delitos del fuero federal se destaca que se observa una disminución continua en el porcentaje de consignaciones con y sin detenido, pues pasaron de 36.7 a 25.2 por ciento entre 2012 y 2014. Por tales motivos se concluye que existe una falta de certeza jurídica y una alta percepción de impunidad,

por lo que la vulnerabilidad en este sentido también es alta.

Según la información analizada, se observa que de 2010 a 2014 del total de sujetos inculpados en las causas penales iniciadas por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), se han sentenciado condenatoriamente al 15 por ciento y absolutoriamente en el 4 por ciento en promedio por año. En ambos casos, se observa un decremento en el porcentaje de sentencias al pasar del 20 al 5 por ciento de 2010 a 2014 para las sentencias condenatorias, y de 3 a 1 por ciento en el mismo periodo para las absolutorias. En promedio, en el 12 por ciento de los casos se concluye el proceso penal por un medio distinto a la sentencia. Por tales motivos y derivado del bajo número de sentencias condenatorias, se concluye que se tiene una vulnerabilidad alta. Este factor afecta en gran medida a la efectividad del régimen, por lo que tiene un impacto alto en la persecución de estos delitos.

El intercambio de efectivo entre México y Estados Unidos también es un tema vulnerable en la lucha contra el lavado de dinero. El reporte multisectorial establece que se tiene un monto bajo de dólares en efectivo asegurados en aduanas por parte de las autoridades mexicanas y las de Estados Unidos. Si se compara el monto asegurado por incidencias con el monto total de exportación de dólares en efectivo para 2014, dicho monto equivale al 0.7 por ciento. Esto, aunado a la significativa disminución del flujo de dólares en efectivo operados en el sector financiero a partir junio de 2010, fecha en la que se emitieron disposiciones para restringir la captación de dólares en algunos sectores financieros y, por otro lado, los bajos montos reportados. De esta forma, el riesgo de contrabando de dólares se considera bajo. El sistema financiero, por lo tanto, se encuentra en mayor riesgo así como 2.51 millones de avisos sobre información requerida a los intermediarios del sector financiero.
Buenas intenciones

Si bien en la CNBV, Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Procedimientos Preventivos de la CNVB, es responsable de un ordenado esquema de supervisión, al menos en el aspecto técnico, las autoridades de este sector deben mejorar la detección, persecución y penalización del flagelo que ha permitido avanzar al crimen organizado.

Los grupos del crimen organizado siguen contando con recursos y utilizando al sector financiero sin mayor problema alguno.

En la CNBV consideran, sin embargo, que lo más importante es estar listos y prevenidos para combatir este problema que, desde la perspectiva de esta autoridad, involucra riesgos dinámicos. En la comisión, que preside Jaime González Aguadé, consideran que no existen herramientas únicas para combatir el lavado de dinero porque, precisamente, representa riesgos dinámicos y cambiantes.

Para la CNBV, uno de los grandes elementos y herramientas contra el blanqueo de capitales, es la evaluación de los riesgos de acuerdo con los diferentes sectores.

La CNBV, por ejemplo, ha estudiado ya el tipo de clientes, zonas geográficas y actividades vinculadas con el blanqueo de capitales. Así, las autoridades de la CNBV prefieren ver el combate al blanqueo de capitales como un área de oportunidad. Se trata, sin duda, de una visión optimista pero poco realista.

La CNBV reduce su responsabilidad en el combate al lavado de dinero a la tarea de supervisar estas herramientas preventivas. En otras palabras, nos enfrentamos a las sanciones económicas por incumplir en la entrega de información o en la identificación de clientes pero no, como sucede en Estados Unidos, a una revelación clara de fallas en los sistemas de una institución para detectar el lavado de dinero.

En la persecución, mientras tanto, se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Procuraduría General de Justicia.

En puerta evaluación y validación de autorizaciones

Fue, a partir de la Reforma Financiera, que la CNBV logró que ciertos intermediarios como los centros cambiarios, los llamados transmisores de efectivo y las Sofomes, tuvieran la obligación de renovar sus registros y obtener un dictamen técnico por parte de la CNBV sobre las medidas para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Este dictamen técnico evaluó el nivel mínimo de herramientas con las que cuentan los intermediarios para prevenir el lavado de dinero. Sólo así se renovarían los registros. En otras palabras, el intermediario que no demostrara que contaba con los mecanismos para detectar y reportar dinero sucio no tendría la renovación de sus registros para seguir operando en el mercado financiero.

Así se estableció en la reforma, que las Sofomes y transmisores de dinero tendrían la obligación de renovar sus dictámenes y registros cada tres años. De esta forma, será en este 2017 cuando los intermediarios tendrán que demostrar que están listos para combatir el dinero sucio. De no hacerlo, no podrán renovar sus registros y no podrán operar.
Evaluación del GAFI en marcha

Ya les habíamos informado que también este año los grupos multilaterales que evalúan el compromiso de sus integrantes contra el lavado de dinero, examinarán la situación de México. Será un momento importante que dejará en claro el avance de las herramientas y la supervisión y, por supuesto, la efectividad de la reforma financiera.

En el caso de los clientes del sector financiero, también deberá acelerarse la presentación de documentos que permitan confirmar el origen lícito de sus recursos.

Uno de los cambios desde 2012, el GAFI determinó una serie de recomendaciones que el enfoque basado en riesgos y no en el rechazo a priori. Esta situación generó que los bancos desarrollaran perfiles claros de cada uno de sus clientes. La CNBV ha registrado que cuando los bancos no cumplen con su propia norma, con sus propios manuales, impone sanciones a bancos que no siguieron sus procesos internos. No hay, sin embargo, revocaciones de licencias como sucede en Estados Unidos. Será interesante conocer la evaluación del GAFI en un momento clave en la relación con Estados Unidos. Se esperan ya ajustes de la regulación contra el lavado de dinero.

Otra de las medidas que ha impulsado la CNBV son las certificaciones a los llamados oficiales de cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y a los auditores internos, con lo que se ha logrado homologar el seguimiento y prevención de riesgos a los que se pueden enfrentar. Seguir un perfil transaccional claro de sus clientes y evaluar cualquier comportamiento inusual.

Claudia Villegas
Fuente
Contralínea (México)