Ante el deficiente estado en que se encuentran las carreteras, caminos y puentes de México, es inexplicable que las cuotas de peaje que pagan los usuarios sean de las más caras del mundo. El incremento de 3.1 por ciento en promedio, que entró en vigor en febrero pasado, fue propuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y avalado por el anterior secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

La SCT argumentó que el alza al peaje a nivel nacional tenía el propósito de recabar más fondos para el mantenimiento de la carpeta asfáltica y mejorar la administración de casetas; sin embargo, la mayoría de los recursos son entregados, desde hace cuatro años, a SIASA, una empresa “de portafolios” que opera con la venia de Luis Téllez y Agustín Carstens.

Hace tres semanas el secretario de Comunicaciones anunció que este año destinará mil 60 millones de pesos para obra carretera y mantenimiento de la Autopista del Sol, que además de ser la segunda más cara del país y una de las más caras del mundo, año con año la SCT le destina mayores recursos para su mantenimiento.

Esta carretera, al igual que el 90 por ciento de las autopistas de cuota, tanto de la llamada Red Propia como de la Red del Fideicomiso de Apoyo al Rescate Carretero, son administradas y “conservadas” por SIASA, creada por funcionarios del gobierno foxista para desmantelar Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

SIASA entró en operaciones en mayo de 2002, y actualmente mantiene el control administrativo y de personal de autopistas de cuota, con la autorización de Luis Téllez la en SCT y Agustín Carstens en la SHCP, pese a las graves irregularidades con las que opera.

Fideicomiso encubierto

Durante el gobierno de Carlos Salinas, la SCT, por medio de Capufe, creó el fideicomiso F/121128 para administrar el personal asignado a carreteras y puentes federales de cuota, mediante un contrato elaborado entre Capufe, como fideicomitente, y el entonces Banco Mexicano S.A., como fiduciario.

El fideicomiso tendría vigencia de cinco años a partir del 6 de agosto de 1993; oficialmente concluyó en 1998, pero a finales de la administración de Ernesto Zedillo y durante los primeros meses de 2000 continuó su operación sin que nadie dijera algo.

En 2000 el Sindicato de Terrajeros emplazó a huelga al fideicomiso por irregularidades en la firma del contrato colectivo de trabajo en centros que no dependían de Capufe, sino del fideicomiso.

En noviembre de 2001, Manuel Zubiría Maqueo fue nombrado por Vicente Fox como director general de Capufe. A unas semanas de asumir el cargo, el hermano del actual titular del SAT, José María Zubiría, junto con el abogado Baltasar Cavazos Chena (hijo de Baltasar Cavazos Flores, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo), crearon SIASA. La cual, al amparo de la SCT y de la SHCP, ha hecho un jugoso negocio sin ninguna obligación legal.

De acuerdo con servidores públicos y ex funcionarios de Capufe, Manuel Zubiría ideó crear la empresa para desmantelar la planta laboral de Capufe.

La abogada Claudia Ruiz, asesora de los trabajadores del sector carretero, y quien durante los últimos cuatro años ha llevado denuncias laborales contra SIASA, señala: “cuando lo nombran director, Manuel Zubiría dijo que tenía un amigo que podía resolver los asuntos laborales de Capufe, y trajo a Baltasar Cavazos Chena; así crearon SIASA”.

Servicios Integrales de Autopistas inició operaciones el 1 de junio de 2002. Un año después cambió su nombre a Servicios Integrales en Autopistas S.A. para deslindarse de denuncias laborales y adeudos fiscales.

SIASA tiene atribuciones para “recibir más del 93 por ciento de los ingresos carreteros; proveer a Capufe de la mano de obra que se requiera para operar, administrar, conservar y reconstruir las vías de cuota concesionadas”. Contrata al personal que opera en carreteras, la parte operativa se realiza con equipo de Capufe, desde herramientas menores hasta camiones, grúas o maquinaria pesada.

Cuando los trabajadores demandan a SIASA, Capufe entra como “obligado solidario” de aquella para pagar los litigios perdidos, incluso las demandas en tribunales laborales contra la empresa tienen como codemandado o segundo demandado a Capufe. Así que, en caso de que los juicios se pierdan, si SIASA se niega a pagar las indemnizaciones, Capufe asume los pagos.

Actualmente la empresa mantiene una oficina en Palenque 395, colonia Vértiz-Narvarte, donde no hay personal, salvo una recepcionista y un contador.

De acuerdo con abogados que litigan en tribunales laborales contra SIASA, ésta ha cambiado por lo menos 12 veces de domicilio, y en ninguno de ellos ha mantenido personal fijo ni estructura administrativa, lo que revela su dudosa personalidad jurídica que la convierte en empresa “de portafolios”.

La cara visible de SIASA es el despacho de abogados de Baltasar Cavazos, asesor del Senado de la República. Tanto Baltasar como Humberto Cavazos han comparecido ante tribunales laborales como apoderados legales de SIASA. Sin embargo, la SCT y Capufe se niegan a revelar la identidad de los dueños de la empresa, pese a que controla la administración y operación de las carreteras del Estado.

SIASA presenta también irregularidades fiscales. Apenas el pasado 16 de enero el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en Capufe la inhabilitó de forma temporal (tres meses) por presentar documentación apócrifa para justificar su estado legal ante Hacienda (Contralínea 73).

En tribunales federales del país están abiertas unas 4 mil denuncias contra la empresa, por abuso laboral y despido injustificado. En la mayoría de ellas, dicen los abogados de los trabajadores, se integraron documentos apócrifos como pruebas de renuncia.

Dicha empresa no tiene patrimonio ni bienes, y nunca responde de las relaciones profesionales de trabajo, además utiliza a los altos mandos de Capufe para el “trabajo sucio”.

Los operadores

En la poco clara relación entre las autoridades de Capufe y SIASA, los altos mandos de la dependencia del Estado: delegados y subdelegados de carreteras, operan también como jefes visibles de los empleados que contrata SIASA, es decir, la empresa no tiene personal de mando visible.

Un ejemplo de la subordinación de los funcionarios públicos de la SCT y Capufe, fue un operativo con policías federales y estatales para despedir a 60 trabajadores asignados a la carretera México-Pachuca.

Durante casi 10 años, 60 trabajadores de esa caseta fueron empleados del entonces fideicomiso F/121128, y para 2002, SIASA se convirtió en su patrón, hasta la madrugada del pasado 22 de marzo.

Claudio Bernardo Vasconcelos, subdelegado de Operación Regional de la Zona Centro Sur de Capufe, llegó esa madrugada acompañado de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, de la Policía Federal de Caminos y policías municipales de Ecatepec para desalojar a los trabajadores, a quienes sometieron durante 10 horas al acoso y agresión para que “entregaran” la administración al nuevo personal de SIASA.

Juana Valadez, administradora de la caseta, señala: “llegaron a las 12 de la noche, en el cambio de turno. Todos iban armados, a los cajeros los encañonaron. El delegado de Capufe, Alfonso Vásquez Repetto, jamás dio la cara. Llegó un dizque representante legal de SIASA que nunca se identificó y dijo que traía orden de liquidar a todos, nos hicieron firmar la renuncia y entregamos la administración”.

Valadez dice que nunca supo quiénes eran los dueños de la empresa, y refiere que cuando la Secretaría de Hacienda hacía alguna auditoría, la orden era asumir que toda la administración y el personal era de Capufe. Para cuestiones laborales, dice, “éramos SIASA”, y para pagos “fideicomiso 121128”.

Explica que la empresa mantenía diferentes figuras para protegerse ante demandas fiscales o laborales.

Cuando los trabajadores de la México-Pachuca fueron desalojados, el “representante legal” de SIASA -quien nunca les proporcionó su nombre- les extendió una hoja de liquidación con el nombre de la empresa, un borroso logo de Capufe y su firma como ‘representante legal’.

La disyuntiva de la empresa, dice la ex administradora, fue “o firmas o te vas a la cárcel; protestamos, pero no había otra opción”.

La mayoría tenía más de 20 años en el sector caminero. Señalan que a pesar de que SIASA les hizo firmar una carta de renuncia, durante los años que trabajaron a nombre de ésta, nunca firmaron contrato.

En carreteras, tanto de Farac como de Capufe, es difícil identificar quiénes corresponden a los organismos del Estado y quiénes a SIASA, pues ésta procesa las nóminas de los trabajadores en instalaciones de Capufe, y para hacer los pagos, semanalmente envía camionetas de valores.

Aunado a la evasión de impuestos, su pasivo laboral crece a la par de los despidos masivos de forma injustificada. Lo más grave, señala la abogada Claudia Ruiz, es que como “obligado solidario” Capufe está como codemandado y finalmente deberá responder al pago de las indemnizaciones de los trabajadores.

Atropello laboral

El caso de la trabajadora Marisol Castillo Ríos es emblemático de la forma cómo opera SIASA. Ella se desempeñaba como cajera en la caseta de cobro de la autopista México-Pachuca. Embarazada, fue atropellada en su lugar de trabajo; quedó “lisiada” de una pierna. Al regreso de su incapacidad, fue despedida por Franciso Ruiz Díaz, administrador de la caseta.

En febrero de 2003 demandó a SIASA y a Capufe, y en representación de la empresa privada el despacho Cavazos Flores presentó un documento apócrifo como prueba de la renuncia.

Desde su despido Marisol no ha encontrado trabajo, y aún espera que las autoridades laborales actúen con imparcialidad y no por influencias de los representantes legales de SIASA.

Las denuncias contra esa compañía en algunos estados, como en Guerrero, se iniciaron a partir de agosto de 2002, cuando trabajadores de la Autopista del Sol enviaron una querella al entonces titular de la SCT, Pedro Cerisola, al que le notificaban que Manuel Zubiría, director de Capufe, pretendía hacerlos firmar un contrato de trabajo con una empresa “fantasma”, para desconocer sus derechos laborales.

La disposición fue avalada por la propia SCT, la cual confirmó que los trabajadores del fideicomiso F/121128 debían sujetarse a las disposiciones de SIASA para que a partir del 1 de junio de 2002, fungiera como su nuevo patrón, para encubrir ilegales operaciones del fideicomiso, que operó hasta mayo de 2002.

En la denuncia, los trabajadores exponían que los contratos de SIASA eran temporales y lesionaban por sus derechos laborales puesto que, además, en ningúno se especificaba los alcances legales.

Los trabajadores expusieron su indefensión jurídica al enfrentarse al representante legal de SIASA, Baltasar Cavazos Chena, con “grandes influencias” en tribunales laborales, y quien “ha pisoteado los derechos de los trabajadores a favor de los intereses de sus representados”.

Actualmente SIASA opera con 3 mil trabajadores, entre administrativos y operativos, distribuidos en todo el país, sometidos a extenuantes jornadas de trabajo por sueldos mínimos, sin equipo especial, ni uniformes de seguridad, todos eventuales.

Aunado a las denuncias laborales, lo más peligroso, señala Martín Curiel Gallegos, secretario general del sindicato de Capufe, es que SIASA maneja los recursos en las casetas de cobro, y administra la mayoría de las casetas del fideicomiso Farac, con las que supuestamente se pagaría la deuda carretera, que en el sexenio foxista pasó de 57 mil 316 millones a 167 mil 316 millones de pesos.

De acuerdo con estimaciones de Martín Curiel, “caminero” de más de dos décadas de experiencia, de cada peso que se paga en las casetas la utilidad es de 85 centavos. Curiel reclama que fue la propia SHCP quien avaló la creación de SIASA y sigue solapando sus irregularidades.

Los abogados demandan que la Secretaría de Hacienda audite a la empresa y que junto con la SFP investiguen por qué, pese a los millonarios montos administrados por SIASA, las condiciones laborales son deplorables.

Por su parte, la abogada Claudia Ruiz responsabiliza a la SCT “como cabeza de sector” de las consecuencias que pudiera tener el que la empresa “de portafolio” desaparezca de un momento a otro y que Capufe tenga que absorber su pasivo como obligado solidario.

Se solicitó entrevista con los titulares de SCT, Luis Téllez, y de Capufe, Humberto Treviño, para saber su postura respecto a las ilegalidades con las que opera SIASA, pero no hubo respuesta.

Publicado: Marzo 1a quincena de 2007

Ana Lilia Pérez