En el número 2270 de la avenida 8 de Julio, en la Zona Industrial de Guadalajara, se ubican las oficinas corporativas de una empresa privada de la que Petróleos Mexicanos (Pemex) es socia con el 49 por ciento del capital accionario. Se trata de Mexicana de Lubricantes (Mexlub), compañía dedicada a la elaboración de lubricantes y aditivos automotrices, aceites industriales y grasas. Su director, desde 1993, año de su fundación, es Salvador Martínez Garza, empresario neoleonés avecindado en Guadalajara desde 1945, quien incursionó en el negocio petrolero como representante de Texaco, convertido luego en socio de Pemex.

El de los lubricantes representa el 5 por ciento de las ventas totales de los petrolíferos en el país, se trata de uno de los 40 negocios más lucrativos en México, un negocio en el que Mexlub se anuncia como líder. La compañía, de la que cada uno de los mexicanos es socio, tiene oficinas en Guadalajara, Monterrey, Veracruz y Hermosillo, dos plantas de producción en Lagos de Moreno, Jalisco, y Tultitlan, Estado de México, y una planta de distribución en Tijuana, cada una “con personal altamente capacitado, lo que le permite responder a las demandas de los diversos mercados en los que participa”.

Según se anuncia, es “líder en venta de lubricantes automotrices e industriales, aditivos y grasas, con avanzada tecnología de producción, instalaciones certificadas, una amplia línea de productos de la más alta calidad y un equipo humano profesional, comprometido a superar las expectativas de los mercados más exigentes”.

Abona a la confianza de sus accionistas el que la compañía, “ha tenido la visión de invertir en tecnología de vanguardia en cada uno de sus procesos, siempre bajo las más estrictas normas de calidad y regulaciones para el cuidado y protección del medio ambiente”.

Además de su presencia en el mercado nacional, la compañía exporta a Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú.

Sin duda que es un buen negocio, tanto, que incluso su director se hizo dueño de uno de los equipos de futbol más taquilleros del país, el emblemático Club Deportivo Guadalajara (conocido popularmente como las Chivas Rayadas del Guadalajara), equipo que conoció como patrocinador de la marca Texaco que el rebaño sagrado portó impreso en la parte frontal de sus playeras durante la temporada 1993-1994. Aficionado al futbol y cierto del negocio que representa, el socio de Pemex, proyectó en 2011 la compra de otro equipo de futbol, el Atlas, los Zorros rojinegros cuya marca está valuada en 60 millones de dólares.

En el lucrativo negocio de los lubricantes, el problema estriba en que aún cuando Pemex posee el 49 por ciento de las acciones, en los 19 años de existencia de la compañía, no ha recibido un solo dividendo como ganancia.

Coinversión fallida

El caso de Mexlub es un ejemplo de que la asociación de Pemex con capital privado no es garantía de eficiencia y transparencia, ni panacea para su desarrollo. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se impulsó el primer esquema de asociación privada en la industria petrolera. Se crearía una empresa asociada con privados, que formulara, envasara y comercializara lubricantes terminados y grasas, para que Pemex se limitara a producir en sus refinerías exclusivamente lubricantes básicos.

La empresa tendría capital mixto, con el 49 por ciento de las acciones para Pemex y el 51 por ciento para sus socios particulares, con el objetivo de que la sociedad no se sujetara a la regulación aplicable a las empresas paraestatales y contara con el control operativo propio. El socio debía aportar el capital inicial para la inversión y, al cabo de dos años, la compañía sería independiente.

Mediante el otorgamiento de una licencia para formular, envasar y vender las marcas que comercializa Pemex, la compañía conservaría el acceso exclusivo de los lubricantes automotrices a la red de estaciones de servicio propiedad de Pemex. El 9 de abril de 1992, el Consejo de Administración aprobó el esquema, y se convocó a un proceso de licitación en el cual en enero de 1993 se eligió como socio a Impulsora Jalisciense, SA de CV.

Dicha compañía se había constituido ese 11 de enero de 1993 en una notaría de Guadalajara, por los socios Industrial de Compuestos Químicos, SA de CV (ICQ), Grupo Industrial Martínez Garza, Envases de Acero Guadalajara, Grupo Financiero Abaco, Grupo Villacero, entre otros, bajo la dirección de Salvador Martínez Garza.

Ocho días después, el 19 de enero, formalizaban la sociedad con Pemex, mediante un contrato de coinversión y la constitución de la nueva empresa denominada Mexicana de Lubricantes, cuyo objeto social fue “la formulación, envasado, transporte y comercialización de toda clase de aceites y grasas lubricantes y negocios afines en México y el extranjero”.
Mexlub se constituyó con un capital fijo de 3 millones de pesos integrado por 300 mil acciones con un valor nominal de 10 pesos cada una; 59 por ciento, propiedad de Impulsora Jalisciense y 49 por ciento de Pemex.

La administración estaría a cargo de un Consejo integrado por siete consejeros propietarios y sus respectivos suplentes; cuatro de ellos designados por Impulsora Jalisciense y tres por Pemex. El mismo día de su creación el Consejo de Administración sesionó y acordó la constitución del capital variable por 356 millones 600 mil pesos. Se protocolizó ante notario público de Guadalajara y en febrero se inscribió en el Registro Público de Comercio.

Se firmaron varios contratos operativos. En uno se estableció que Mexlub debía comprarle a Pemex el 90 por ciento de los aceites básicos, y el otro 10 por ciento negociarlo con precios acordes al mercado internacional. También se firmó el contrato de maquila de aceites y grasas. En éste se asignó a Mexlub la producción de aceites y grasas utilizando aceites básicos proporcionados por Pemex; el producto sería propiedad exclusiva de Pemex Refinación, subsidiaria que le entregaría una parte de la venta, que prácticamente estaba asegurada. Para Impulsora Jalisciense era sin duda un negocio redondo, cuantificado entonces en 332 millones 196 mil pesos en crecimiento exponencial.

En diciembre de 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) máximo órgano de fiscalización en el país revisó la inversión de Pemex en Mexlub y al escrutar las condiciones de la licitación encontró irregularidades desde el proceso de licitación.

La ASF destaca que en la licitación, en la oferta de cada grupo se debía especificar el monto de su postura más el importe de los derechos e impuestos, y por escrito ratificar su oferta; sin embargo, en su propuesta económica ICQ solicitó a Pemex su apoyo para financiar el IVA hasta por un plazo de 60 días. Aun con ese antecedente se le declaró ganadora, cuando debía descalificársele.

En el contrato de coinversión inicial entre Pemex y Mexlub también se suscribió la obligación de Mexlub a pagar adicionalmente el IVA por la compra-venta de los activos tangibles e intangibles de Pemex Refinación que usaría la empresa por la cantidad de 50 millones 840 mil pesos. Eso debía liquidarlo el 19 de febrero, pero lo pagó hasta agosto.

Las pugnas

Desde sus primeros años, la administración de Mexlub se llevó al margen de la participación de Pemex, controlada únicamente por Impulsora Jalisciense. La paraestatal quedó fuera de toda decisión corporativa, y peor aún, no se le reportó un solo peso de ganancia.

El 21 de septiembre de 1993, Mexlub realizó gestiones para registrar la marca del mismo nombre, pero le fue negada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debido a que el 25 de agosto la empresa Bardahl ya había registrado tanto la marca Mexlub como Maxlub para lubricantes y grasas. El 30 de noviembre de 1994 se celebró un contrato de licencia de uso de marcas Bardahl por un término de 20 años, en el que se otorgó a Mexlub la autorización de uso y explotación de esas dos marcas. El 10 de octubre de 2000 Bardahl demandó en tribunales mercantiles a Mexlub por violaciones al citado contrato.

El 13 de noviembre de 1997, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) inició un procedimiento oficioso (ID16801) sobre la inversión de Pemex en Mexlub.

Por su parte, Bardahl inició un litigio para reclamarle a Pemex el pago de perjuicios ocasionados “desde la firma de los contratos de coinversión y licencia de uso de marcas” con el cual se otorgó a Mexlub la venta de grasas y lubricantes alegando que desde la firma de dichos contratos no podía vender sus productos.

Paralelamente se acentuaron las diferencias entre Pemex y su socia Impulsora Jalisciense. “Los problemas empezaron a partir de 2000 con la oposición de Mexlub a proporcionar información y no celebrar asambleas, por lo que Pemex Refinación tomó la decisión de rescindir y terminar los contratos operativos celebrados entre ellos, mediante el aviso del día 6 de febrero de 2002”, de acuerdo con la versión del jurídico de Pemex, la Oficina del Abogado General (OAG).

En efecto, aquel febrero Pemex le comunicó a Mexlub su determinación de dar por terminados los contratos de maquila y de licencia de uso de marcas, y por rescindido el contrato de suministro de aceites básicos, argumentando que Mexlub incumplió sus obligaciones sustanciales previstas en cada uno de los contratos referidos, pero sobre todo, porque hasta esos momentos Mexlub no le había reportado utilidades netas que pudieran ser distribuidas como dividendos en dos ejercicios fiscales consecutivos, lo cual, según el contrato de coinversión, era causal de disolución de la sociedad y rescisión del contrato. Martínez Garza respondió con juicios de amparo.

Así empezó para Pemex uno de los casos más conflictivos en su historia. Situaciones litigiosas costosas y abrumadoras. Un rosario de procedimientos judiciales y administrativos instaurados entre Mexlub, Impulsora Jalisciense y Pemex. Catorce juicios, algunos de ellos aún vigentes, que involucraron a abogados de Pemex, adscritos a la OAG, en conductas irregulares que hoy están incluso bajo escrutinio del Órgano Interno de Control (OIC) y de la Procuraduría General de la República (PGR), al detectarse la premeditada negligencia por parte de los abogados de Pemex para defender el caso.

Corresponsabilidad de Pemex

Apenas en diciembre, la ASF auditó por fin la inversión de Pemex en Mexlub. Los resultados –que fueron integrados en el informe de la revisión a Cuenta Pública 2010– comprueban lo que durante muchos años ha sido un secreto a voces: el enorme desaseo en la asociación entre Pemex e Impulsora Jalisciense, y la corresponsabilidad de funcionarios de Pemex en la administración discrecional de Mexlub, pero sobre todo destaca la ineficacia en la defensa del patrimonio de la paraestatal.

En pocas palabras, la ASF concluye que Pemex “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables”, tal y como precisan sus resultados:

La auditoría desaprueba desde el proceso mismo de licitación en la que se eligió a Impulsora Jalisciense como ganadora del proceso, luego la constitución de la empresa, su operación, e incluso en los procesos litigiosos, lo que explica porqué hasta ahora el caso parece no tener salida.

Los directivos de Pemex han justificado que desde que Mexlub comenzó a operar no se le dio acceso a los estados financieros dictaminados, pero la ASF detectó a este respecto que también hubo graves incumplimientos solapados por Pemex. Por ejemplo, el no obligar a los directivos de Mexlub a entregarles los informes trimestrales y anuales de la situación financiera de la empresa, además de los informes mensuales sobre las ventas y operaciones, y los informes trimestrales debidamente firmados por su director de finanzas incluyendo el estado de pérdidas y ganancias, balance general y flujo de efectivo; además del presupuesto anual de inversión de capital. Todo ello estipulado en el contrato de coinversión.

En diciembre, cuando auditó a Pemex respecto a su inversión en Mexlub, la ASF le pidió a la paraestatal la información financiera que estuvo obligada a proporcionar Mexlub de acuerdo con sus obligaciones contractuales. Sin embargo los directivos de la paraestatal le dijeron que no había antecedentes de dicha información.

Para privilegiar a Mexlub desde Pemex, los contratos fueron modificados restándole importancia a la paraestatal. La primera modificación fue en noviembre de 1994, sin que hubiera un convenio modificatorio, pero tales modificaciones fueron avaladas también por el jurídico. En tales modificaciones contractuales se dejaba a la paraestatal en franca desventaja frente a la socia, pues se eliminó la obligación de que Mexlub adquiriera cantidades mínimas de aceites básicos (paranínficos y nafténicos); aunque subsistió la obligación de comprarle a Pemex el 90 por ciento mínimo de los aceites básicos que se requirieran para cubrir el mercado, en 1996 dicha cláusula también se modificó para que se comprara el volumen que Mexlub “deseara”.

El negocio iba creciendo a favor de los accionistas privados de Mexlub. Pemex Refinación se obligó a incluir en sus contratos de franquicias, concesiones o autorizaciones otorgados a las gasolineras en todo el país, una cláusula en la que las gasolineras estaban obligadas a vender únicamente los productos autorizados comercializados bajo las marcas licenciadas. Las licencias y derechos se le otorgaron a Mexlub de manera gratuita.

Luego Pemex argumentó que infructuosamente había intentado “por diversas vías legales” ejercer sus derechos como socio de Mexlub. Finalmente el 6 de febrero de 2002 notificaron la recisión y terminación anticipada de los contratos operativos, con lo que se daba por terminada la sociedad con Impulsora Jalisciense.

En 2005 Pemex llamó a una asamblea de accionistas con el fin de aprobar los estados financieros de 2001 a 2004, solicitó auditorías y nombrar consejeros. A Impulsora Jalisciense le demandó la venta forzosa de sus acciones.

El 24 de abril de 2009, un juez de Distrito en Materia Civil de Jalisco en una sentencia en firme ordenó a Mexlub convocar a una Asamblea General de Accionistas para aprobar los estados financieros de 2001 a 2004, entre otros pendientes.

A partir de 2009, Pemex y Mexlub acordaron los términos en los que podían dirimir el conflicto. Firmaron un memorándum de entendimiento, a fin de llevar a cabo una auditoria de la situación financiera, fiscal y legal. En julio de 2010 se convocó a una reunión de accionistas para elegir al Consejo de Administración, el grupo directivo y un comité especial.

Ganancias y pérdidas

En diciembre pasado, cuando la ASF auditaba la inversión de Pemex en Mexlub, le solicitó a la paraestatal los estados financieros del periodo 1993 a 2010. Pemex le proporcionó copia de los estados financieros de los ejercicios de 1993 a 2000 aprobados por el Consejo de Administración y autorizados por la Asamblea de Accionistas de Mexlub; y remitió los correspondientes a los ejercicios de 2001 a 2005 y 2007 a 2009. El resto no. Registra la ASF que hasta ese diciembre de 2011, los estados financieros correspondientes a los años de 2002 a 2005 y de 2007 a 2009 no habían sido aprobados por el Consejo de Administración ni por la Asamblea de Accionistas de Mexlub, por lo que carecen de validez oficial.

Salvador Martínez Garza, el socio de Pemex, según consideraciones de la paraestatal, no ha tenido una administración transparente de Mexlub. La ASF ofrece algunos datos en términos monetarios, entre los que destacan sobre todo millonarias pérdidas avaladas por Pemex. Cabe señalar que las cifras que registra la ASF tienen como referencia también la revisión contable y financiera sobre la inversión en Mexlub que hizo la Unidad de Control de Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública.

En 1993 se obtuvo una utilidad de 71 millones 970 mil pesos; al año siguiente registró pérdidas significativas por 105 millones de pesos; en 1995 pérdidas por 59 millones 294 mil pesos; en 1997 una pérdida por 185 millones 375 mil pesos.

La cifra siguiente es la de 2000 en que se registró una utilidad por 5 millones 847 mil pesos; en 2001 una pérdida por 35 millones 154 mil pesos; en 2002 pérdidas por 1 mil 400 millones de pesos, y en 2003 por 200 millones.

En 2005 una pérdida por 82 millones de pesos; en 2006 utilidad por 28 millones y en 2007 por 102 millones; en 2008 utilidad por 72 millones; en 2009 utilidades por 140 millones.

Al mismo tiempo diversos oficios internos de la paraestatal alertaron de la posibilidad de que se perdiera el valor de la inversión en el capital social de Mexlub. Se aludía también a observaciones hechas por auditores externos en el sentido de que no había evaluaciones sobre la recuperabilidad de la inversión en Mexlub, e incluso se sugería que se revisara y dicha empresa podría hacer frente a sus obligaciones.

De acuerdo con los estados financieros de Pemex Refinación, que en diciembre de 2011 revisó la ASF, el monto de inversión de Pemex en la compañía asociada Mexlub al valor de las acciones era de 157 millones 93 mil pesos, al 31 de diciembre de 2010.

Los 764 millones de pesos en inversión en acciones incluyen 178 millones 796 mil pesos de inversión inicial de 1993, 453 millones 877 mil 600 pesos que se han capitalizado desde ese año hasta 2001, y 121 millones 470 mil 400 pesos de reexpresión. Señala la ASF que las estrategias de mercado emprendidas por la administración no se han reflejado en los resultados de la compañía. La participación de Mexlub que en 1992 ascendía al 41 por ciento, según Pemex, ha venido disminuyendo.

Pero además, hubo malos manejos en la administración de Mexlub que suenan más a desfalco. Por ejemplo, que funcionarios de Mexlub recibieron altos sueldos por lo menos entre marzo de 1997 y septiembre de 2001, no obstante que no desempeñaban cargo alguno en la compañía desde marzo de 1997.

También los honorarios legales y contables pagados a despachos externos por litigios como los de Bardahl, y de la Cofeco, que fueron muy elevados en comparación con las utilidades que Mexlub tuvo en los primeros nueve años de su existencia. Y parte de esos gastos se llevaron al activo fijo. Los honorarios legales y contables de los litigios de Bardahl y Cofeco ascendieron a 44 millones 600 mil pesos.
Luego está también la auditoría legal practicada a Mexlub “para la asesoría y la defensa de la empresa en los juicios” que costó nada más y nada menos que 64 millones 541 mil pesos, pagados a 11 despachos jurídicos privados.

Todas las decisiones tomadas por Martínez Garza de manera unilateral, pues, según la ASF los inversionistas no sesionaron entre 2002 y noviembre de 2010. Los comisarios designados entre 2004 y 2010 no contaron con la aprobación de la Asamblea para fungir con tal carácter.

La responsabilidad de los directivos de Pemex no para allí. La ASF registra que Pemex no le informó de los criterios y el procedimiento para determinar el porcentaje de la provisión para baja de valor de las acciones de Mexlub, ni la justificación para mantener la provisión creada desde 2002. El 9 de enero de 2012 los directivos de Pemex Refinación, subsidiaria que encabeza Miguel Tame, dijeron a los auditores de la ASF que no localizaron nada de esa información.

Entre sus conclusiones, la ASF destaca este apartado como uno de los casos que Pemex debe revisar de manera urgente, pues, sin explicación alguna, las acciones de Pemex en Mexlub cayeron estrepitosamente. En 1993 cuando se creó la compañía, cada acción tenía un valor unitario de 10 pesos; en 2002 valían 39.79; en 2006 llegaron a 48.80, y a partir de 2008 registraron una fuerte caída, hasta llegar en 2010 a 22.82 pesos.

En términos de sus obligaciones hacendarias, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, Mexlub no ha presentado dictamen fiscal durante los ejercicios de 2006 a 2010, según registra la ASF.

La propuesta para dirimir el conflicto

Los resultados de la ASF explican por qué la propuesta que circuló en Pemex de hacer borrón y cuenta nueva con su socia Mexlub, causó tanta polémica ventilada en la prensa. Entre 2010 y 2011 directivos de Pemex tuvieron, en las oficinas de Avenida Marina Nacional, reuniones diversas para analizar el caso Mexlub. Se habló de los estados financieros, de los juicios, los precios de transferencia y los posibles escenarios que pudieran presentarse, con la finalidad de determinar la postura de Pemex respecto a esa sociedad.

Al interior de Pemex se propuso el borrón y cuenta nueva en relación con esa empresa, propuesta que resulta particularmente “escandalosa”, considerando la estimación que auditores han hecho de que en esta asociación la pérdida para Pemex hasta ahora es de 30 mil millones de pesos.

En la minuta de la reunión preparatoria de la asamblea general ordinaria de accionistas de Mexlub convocada para el 1 de febrero de 2011, la OAG señaló que no se le proporcionó la copia certificada del acta de la asamblea general ordinaria de accionistas del 31 de mayo de 1996, en la cual supuestamente se autorizaron los estados financieros del ejercicio fiscal 1995 que registraban la primer pérdida millonaria.

La propuesta que se barajó en Marina Nacional fue “la conveniencia” de mantener la asociación con Mexlub. Restablecer la relación comercial y corporativa entre los socios para dar valor a la empresa, terminar los conflictos judiciales y evaluar la conveniencia de permanecer en la sociedad o enajenar la parte accionaria.

La ASF registra que Pemex le negó varios expedientes relacionados con la evaluación del capital accionario, no se los entregó Pemex argumentando que ya no se cuenta con ellos. Tampoco tuvo acceso a la información fiscal completa.

Destaca que en los estados financieros de 2010 Pemex Refinación presentó 157 millones 93 mil pesos de inversión en Mexlub, conformados por 764 millones 144 mil pesos de inversión en acciones, menos una reserva del 80 por ciento para baja de valor de las mismas por 607 millones 51 mil pesos.

La defensa

El litigio Pemex-Mexlub se convirtió en uno de los casos más cuestionados respecto al desempeño de la OAG. No pocas veces se habló de deficiencias jurídicas premeditadas en la defensa de Pemex, y el conflicto de intereses entre los abogados de la paraestatal y los múltiples despachos privados contratados por Mexlub para cada juicio.

Destaca sobre todo el caso de Néstor García Reza, titular de dicha oficina a partir de 2003, vinculado a varios de los despachos de Guadalajara que litigaban en contra de Pemex.

Hubo en la paraestatal otros eventos que despertaban la suspicacia sobre el proceder de sus abogados en el caso. En 2002, por ejemplo, el expediente original del proceso de licitación a favor de Impulsora Jalisciense y el expediente de la constitución de Mexlub fueron sustraídos de las oficinas de Pemex. La OAG presentó ante la PGR una denuncia de hechos por la “sustracción y/o extravío” del expediente, pero nunca aportó elementos, ni dio seguimiento alguno a la denuncia, por el contrario, convalidó la propuesta del Ministerio Público de reservar el asunto a partir del 29 de septiembre de 2003.
Un mes antes, la Oficina del Abogado General tampoco se opuso a que la contraloría interna determinara archivar el expediente 036/2002 donde indagaba la implicación de funcionarios responsables, bajo el argumento de que la OAG no pudo establecer la fecha del extravío del expediente.

Gabriel Reyes Orona, director de Transparencia Nacional, define el caso como “uno de los más conflictivos dentro de Pemex”. El caso Mexlub es además, “uno de los cinco que más ha impactado las finanzas de Pemex”, dice este exprocurador fiscal, quien en los últimos años ha escrutado puntualmente el manejo financiero del caso.

Destaca el papel de los abogados de Pemex, quienes, señala Reyes Orona, “se vieron implicados en omisiones y actos deliberados para que el asunto fuera contrario a Pemex”.

Por tal conducta, incluso, Reyes Orona denunció ante el Órgano Interno de Control al titular de la OAG, Néstor García Reza, al detectar que “en el caso de Mexlub no solamente enderezaba acciones sin acreditar las pruebas suficientes, sin presentar debidamente los procesos y sin acompañarla de los elementos suficientes y eso derivó en que a lo largo de los últimos cinco años se han disipado las responsabilidades y el saqueo que ha habido en Mexlub. Eso no era casual, recordemos que Néstor García Reza guarda mucha relación con despachos de abogados externos que tienen vinculación directa con el consejo de administración de Mexlub, particularmente en Guadalajara”.

La responsabilidad de los abogados de Pemex en el caso Mexlub no ha sido ajena para el resto de los directivos de la paraestatal. De hecho, en las reuniones recientes del Consejo de Administración de Pemex se ha planteado la identificación por la oficina del abogado general de Pemex de la posible comisión de actos ilícitos con el consecuente comienzo de acciones legales que procedan ante las autoridades competentes.

Ahora, en su informe de auditoría, la ASF destaca que el jurídico de Pemex no ha dado seguimiento ni ha hecho las acciones suficientes para la resolución de los litigios en su contra promovidos por Impulsora Jalisciense y Mexlub. Aún cuando desde el 15 de diciembre de 2004, los contratos se suspendieron por la resolución judicial, “han transcurrido siete años y no se ha resuelto la problemática”, destaca la ASF en el dictamen en que reprueba el proceder de los funcionarios de Pemex en este caso.

Aún con las cifras que expone la ASF el caso de Mexlub aún está lleno de claroscuros. Lo único cierto es que de la inversión que en 1993 Pemex hizo en la empresa que dirige Salvador Martínez Garza, 178 millones 796 mil pesos, no le reportó dividendo alguno, por el contrario, según cuantificación de auditores, la sociedad le ha costado a la paraestatal 30 mil millones de pesos.

Para la elaboración de este trabajo se solicitaron entrevistas con los directivos de Pemex y con el de Mexlub, Salvador Martínez. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Procesos litigiosos por Mexlub

De los 14 procedimientos jurídicos destacan:

Impulsora Jalisciense en su carácter de socio mayoritario de Mexlub y Mexlub promovieron juicio de amparo (ID19858) contra la iniciativa de Pemex de rescindirle los contratos de maquila, suministro y de licencia de uso de marcas. Obtuvieron la suspensión lo que evitó, durante varios años, la terminación anticipada y la recisión de los contratos citados. Ello permitió que continuara surtiendo sus efectos y que Mexlub operara con normalidad. Pero en Pemex, en virtud de que se suspendió el suministro de básicos a Mexlub y no se habían generado órdenes de maquila, en 2002 Pemex Refinación registró una reserva para baja de valor por el 80 por ciento de la inversión en Mexlub.

El 10 de julio de 2003, el procedimiento oficioso ID16801 de la Comisión Federal de Competencia resultó en contra de Pemex Refinación: le ordenó que no incurriera en prácticas monopólicas.

El 9 de agosto de 2005 Pemex Refinación demandó el ejercicio del derecho a la compra de las acciones (ID00076). Este asunto se encuentra concluido y mediante él se pretendía la adquisición de las acciones al 85 por ciento de su valor. Se determinó no procedente porque los estados financieros de 2001 y 2002 no estaban aprobados por la asamblea ordinaria de accionistas.

El 20 de diciembre de 2005, Pemex promovió un juicio contra Mexlub (ID12905), en virtud de que entre 2002 y 2004 no se llevaron a cabo asambleas generales ordinarias de accionistas.

El 7 de junio de 2006 presentó una denuncia penal en contra de diversos ejecutivos de Mexlub acusados de administración fraudulenta.

El 6 de diciembre de 2006, la autoridad judicial competente admitió a trámite el juicio de amparo que Impulsora de Jalisco interpuso en contra de Pemex por el acuerdo por el que se dio a conocer la modificación del trámite PMXRE-00-002 incorporación a la franquicia Pemex (ID13117), emitido por Pemex Refinación, mediante el cual se modificaron algunos aspectos. La modificación amplía el objeto social para que los franquicitarios puedan vender cualquier marca de aceites y lubricantes y no solamente la marca Pemex.

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