El país ha entrado en una etapa electoral que agudiza tensiones, intereses y compromisos políticos e ideológicos y se reacomodan posiciones. Se privilegian más candidaturas personales que la presentación de opciones y programas de gobierno.

En este marco, el próximo 24 de Marzo no estará ajeno a estos vaivenes y marcará una vez más la voluntad superadora, dentro de la diversidad de los organismos de dd.hh., como de sectores sociales, culturales y políticos que se movilizarán reclamando la vigencia de los derechos humanos y juicio y castigo a los responsables de ayer y de hoy. Levantarán la voz para decir “Nunca más” a la impunidad que marcó largos años de silencio y complicidades.

Siempre es un aprendizaje la capacidad de diálogo, saber escucharse unos a otros a fin de construir y marchar juntos, fortalecer la memoria colectiva y recordar a las víctimas del golpe de Estado por las FF.AA., en 1976, nefasto período vividos hasta 1983, con un proyecto de destrucción y muerte. A la vez es necesario reconocer que en los últimos años se han dado pasos positivos; el gobierno supo escuchar el reclamo de la sociedad y tuvo la voluntad política para terminar con la impunidad y asumir la responsabilidad de impulsar los juicios a los represores que violaron los dd.hh. Un hecho positivo reciente fue la firma en París de la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, aprobada por las Naciones Unidas.

En esa dirección es necesario apoyar la decisión política del gobierno, que por otra parte es su obligación. Llegar a esa instancias, es el fruto de largos años de lucha de las organizaciones nacionales e internacionales que promovieron a ese alto organismo para lograr que se concrete la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, sumándose y fortaleciendo los instrumentos jurídicos promulgados por ese alto organismo, pactos, protocolos y convenciones internacionales que los Estados miembros están obligados a respetar y hacer respetar.

Sin embargo, en cuanto a los derecho humanos, hoy en el país, queda un largo camino a recorrer, donde el Estado de Derecho sea una realidad.

Vivimos en un país plagado de dificultades y a pesar de algunas medidas gubernamentales, se continúa cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. El gobierno nacional y los provinciales no pueden quedarse en el pasado reciente, necesitan generar políticas sociales de prevención y protección de los dd.hh. en particular para superar los graves problemas que viven los sectores sociales más vulnerables, victimas de la violencia y las injusticias.

Un hecho que duele a la sociedad y que exige esclarecimiento y castigo a los responsables es el secuestro y desaparición del testigo Julio López, de quien, desde hace más de seis meses hasta la fecha no se tiene noticias de su paradero.

Situación preocupante y dolorosa que pone en evidencia que, remanentes de los grupos de tareas de la dictadura militar, continúan vigentes y que en su accionar en las sombras buscan paralizar a través del miedo a testigos y a la población, a fin de evitar la continuidad de los juicios.

Si bien las consignas y luchas se mantienen como eje motivador del derecho a la Verdad y Justicia, juicio y castigo a los responsables, los escenarios, dinámica, y alianzas, en la realidad social han cambiado. En este contexto y como todos los años, se están organizando diversas marchas y actos, algunas partirán desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo. Otras han optado por diversos recorridos en la Capital Federal como en el interior del país, sumándose el apoyo y solidaridad de grupos y organizaciones en otros países.

La diversidad es la gran riqueza de los pueblos que permiten el fortalecimiento del hacer democrático; es importante llegar a consensos y tener claro los objetivos y propuestas para superar los problemas existentes y fortalecer la vigencia integral de los derechos humanos.

Es necesario debatir y profundizar situaciones que generan preocupación, por ejemplo, la dispersión de las causas judiciales. Si bien se avanzó en la apertura de los juicios, al paso actual se tardaría muchos años en lograr que se lleven a cabo, por lo tanto es necesario dar pasos superadores y positivos que permitan construir estrategias.

En la apertura de sesiones del Congreso Nacional, el Presidente de la Nación reclamó a la justicia celeridad, en especial a la Cámara de Casación que es donde quedan frenadas las causas.

Es necesario fortalecer acciones para lograr la aceleración de las causas y la unificación por región, (es necesario consultar con juristas para analizar su viabilidad) evitando formas que lleven a la dispersión y que neutralicen los juicios.

Caso contrario, las buenas intenciones se perderán en el laberinto de la impunidad. En la resolución del juicio al ex -comisario represor Etchecolatz, el Tribunal determinó como “genocidio” los delitos cometidos en la Argentina, durante la dictadura militar. Esta figura jurídica marca un hecho trascendente en la jurisprudencia del país. La “Desaparición Forzada de Personas, es un delito determinado como “crimen de lesa humanidad”, que no prescribe en el tiempo y que la Convención sobre la desaparición forzada de personas reafirma.

Entre las asignaturas pendientes que requieren un análisis más profundo a fin de clarificar y superar las dificultades generadas en la marcha del año 2006, está la lectura de un documento que no fue consensuado por todas las organizaciones participantes. Las tensiones provocadas por dicho documento generaron problemas entre las organizaciones y organismos de dd.hh. participantes.

Se sumó a estos problemas la intencionalidad y presiones del gobierno de capitalizar y manipular la marcha, como también pretender apropiarse de la política de los derechos humanos. Esta situación ha dejado un sabor amargo y problemas no resueltos. En esta fuerte dinámica de cambios sociales y re-acomodamientos es evidente que existen alianzas entre el gobierno y algunos organismos de dd.hh., son decisiones políticas que algunas organizaciones asumieron.

Otros organismos no comparten la misma visión y objetivos de buscar alianzas con el gobierno ya que consideran que es conveniente mantener su independencia de todo gobierno de turno, quien debe respetar la autonomía de las organizaciones.

La intervención y manipulación por parte del gobierno en las marchas, no ayuda a la construcción de políticas de dd.hh. y daña el derecho de independencia de las organizaciones.

Es necesario recordar que todo gobierno tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los dd.hh. amenazados hoy en nuestro país, en muchas provincia. Es obligación indeclinable del Estado. Es necesario tener presente que son los gobiernos los que violan los derechos humanos y por lo tanto los mismos no pueden ser juez y parte. Las organizaciones sociales y organismos de dd.hh. son los controladores para lograr el cumplimiento de los derechos sociales.

Esto no significa ser “enemigo del gobierno”, es necesario el diálogo, las propuestas y colaboración entre los distintos estamentos oficiales; ayudar y contribuir en políticas de dd.hh. en su integridad y a la vez ser críticos y reclamar solución a los problemas cuando las autoridades violan los derechos de las personas y el pueblo. La obsecuencia es un camino hacia ningún lado y termina en el descrédito.

El gobierno debe respetar el derecho de independencia de las organizaciones y no buscar manipularlas y condicionarlas a sus intereses.

Muchos años de lucha, capacidad de resistencia social e independencia de los gobiernos, dieron credibilidad y fuerza a la vigencia de los derechos humanos. Queda un largo camino a recorrer y es necesario trabajar en la construcción social y poder evaluar junto a los sectores populares cuales son los caminos y opciones a seguir.

El día 24 se podrá ver cual es la realidad, las decisiones, unidad y fuerza de las organizaciones sociales. No hay que confundir los objetivos que lleven a enfrentar organizaciones del pueblo entre si; muchas veces ponen pobres contra pobres. Están aquellos que buscarán las divisiones y enfrentamientos sociales.

Resistir con esperanza y dignidad para continuar la lucha por la vida, la dignidad de las personas y el derecho de nuestro pueblo. Estamos en camino.

Adolfo Pérez Esquivel