La indigencia en México tiene su raíz en el abandono de la política industrial del país hace ya 30 años y de la falta de políticas financieras y culturales propias. Así obtienen sus ganancias el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, que forman una estructura imperial, sostiene Roberto Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Gian Carlo Delgado, investigador del programa “El mundo en el siglo XXI”, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, califica como una “sobornización de la banca mundial” el mecanismo de préstamos del BM a México y en particular a los municipios, “ahí es cuando se opera esa estrategia”.
Las instituciones financieras que nacieron tras la segunda guerra mundial en la que se repartió el mundo, buscan mantener ese reparto global imponiendo a las naciones “un nuevo sistema colonial, pero más limpio, es decir, son políticamente correctos, neutros”, explica el experto en economía mundial.
Las agresiones comerciales, financieras, tecnológicas e ideológicas de la banca mundial al país se traducen en la disputa por los mercados, las materias primas, zonas de pesca y la explotación de hidrocarburos.
Para Castañeda la aplicación de esas políticas financieras logró en los municipios que la pobreza se enseñoreara entre las comunidades indígenas y se establecieran relaciones leoninas entre un ente internacional (BM o FMI) y un municipio.
Esa es una relación asimétrica que deja todas las desventajas a los municipios y los principales beneficiados son los “socios” empresariales del Banco Mundial. Con esas medidas, el municipio queda desprovisto de la eventual protección de la Federación o de la atención pública nacional.
Gian Carlo Delgado observa que la pobreza en los municipios de México está ligada a la política del BM que se impulsó para el país desde el año 2000. Ese ente financiero “está interesado en operar a nivel regional porque al actuar a nivel local, desarticula la atención pública sobre esas zonas, sólo los directamente involucrados son quienes eventualmente pueden denunciar cualquier anomalía”. Así, en términos de rechazo social, es más fácil operar a nivel municipal y estatal pues la cantidad de actores se restringe.
Para mantener esa aparente indiferencia ante los grandes problemas nacionales, se ha bloqueado el desarrollo intelectual de las poblaciones, para evitar que crezcan todas sus capacidades, señala Roberto Castañeda, quien sostiene que “para evitar el socialismo científico se inventó el capitalismo retrasado mental; o sea, para que la gente se deje gobernar y explotar, se les trata como retrasados mentales, esa situación es la que priva en las comunidades marginadas del país”.
“El sistema no está hecho para independizar a nadie. En la medida en que puedan generar pueblos analfabetas, pueblos incultos y pueblos ineptos para ganarse la vida, el sistema prospera” comenta este investigador, también autor de la Bibliografía comentada del pensamiento radical en el siglo XX.
Como la política ha sido secuestrada mediante el sistema financiero que compromete a los gobiernos a apoyar a la banca imperial dentro de las poblaciones del país. Los políticos son los sirvientes de esta nueva estructura internacional que se va imponiendo país por país, dejando huérfanas a las poblaciones, afirma el experto. En contraste, al ciudadano se le cierran las puertas de acceso a la educación, la vivienda, el empleo, el crédito o el apoyo rural.
Es entonces cuando los pobres observan que el país en donde viven no les sirve y tienen ante sí sólo dos soluciones: migración o delincuencia. Sin embargo, ante el incremento de la pobreza en el país, Castañeda excluye la posibilidad de un estallido social. La población no explota porque carece de capacidad para hacerlo “se requiere un tremendo grado de capacidad organizativa y recursos materiales y hace mucho que en los municipios se eliminaron ambas posibilidades: no tienen un salón de clases, un lugar para reunirse, no tienen un sindicato ni un partido político, por lo que es muy difícil que se organicen”.
Por ello, las únicas salidas para los pobres son la inmigración y la delincuencia. Ésta es una forma de explosión social en pequeñísima escala. La persona no necesita más que decidirse a que ‘el bien es vivir’ y con esa ética ¡adelante hacia el delito, hacia la violencia y hacia lo que resulte! Si eso no resulta ¡pues hacia la emigración! ¿Que eso tampoco es posible? Se combinan otras cosas, como la prostitución”.
En torno a esa problemática, la banca internacional mantiene un rol neutro y concede empréstitos a cambio de la promesa de bienestar. Eso constituye “el fascismo compasivo, examina Castañeda, donde la corrupción abarca hasta la teatralización compasiva por el dolor ajeno a través de los medios. Ellos mismos se conduelen de los procesos que han puesto en marcha ellos mismos: la televisión muestra compasivamente la miseria que provocaron las empresas que patrocinan los cortes comerciales de ese programa.
“Estamos en medio de farsantes, pues lo que actualmente existe es un gobierno en el que la mitad del uniforme es de nazi y la otra mitad es de sacerdote, sin dejar lugar para la verdad. Es una farsa”, continúa Roberto Castañeda quien ejemplifica una de las formas que tiene la agresión de las trasnacionales, toleradas por los organismos financieros internacionales en los países pobres: una fábrica que contamina en un país rico, provoca daños en la población que salen muy caros para la empresa dado el nivel de conciencia de la población que resulta afectada. Entonces, se decide trasladar esa fábrica a un país pobre, se la ubica en un municipio pobre en donde envenena a la población”.
Con esa política, “le sale muy barato a las empresas, porque los médicos del IMSS ni siquiera se enterarán de qué están enfermos sus pacientes, ni siquiera saldrán a la ventana a ver las chimeneas de la fábrica que polucionan las viviendas donde viven estas personas”, concluye el economista.
Más valor agregado
Para Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía, el avance de la pobreza en México se explica en la falta de una estrategia del gobierno para combatir sus causas, no tanto en la acción de los organismos financieros internacionales.
Estos organismos han aportado algunos recursos –mínimos- que no van a solucionar el problema de la pobreza, “nosotros mismos debemos hacerlo, tener una estrategia clara para cambiar la estructura económica del país”, reitera el catedrático quien propone que esos negocios pequeños produzcan bienes con valor agregado. “De lo contrario, nunca vamos a salir de la pobreza”.
En México existen 4 millones de pequeños negocios dedicados a actividades muy competidas, de ahí que sus productos no alcancen buenos precios. “Tendríamos que cambiar todo el enfoque económico. Capacitar a la gente para que haga cosas diferentes y para lograrlo, sería bueno volcar todo el potencial de las universidades y ligarlas a través del servicio social obligatorio para que los jóvenes vayan a todas las pequeñas y medianas empresas del país y a todos los pequeños comercios rurales a enseñarlos a hacer cosas diferentes, cuestiones de mayor valor agregado”.
En ese sentido, Ruiz Durán considera que, en lugar de que los productores del campo vendan sus cosechas en la ciudad, al agregarles un valor -con empaques nuevos, desinfectados o como las ensaladas que ofrecen los supermercados- obtengan mejores precios. Concluye con una propuesta: hacer una cruzada nacional a favor de elevar el valor agregado de nuestros productores.
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