La conmocionada salida del aire del canal de televisión RCTV de Venezuela generó el rechazo no sólo de simpatizantes y trabajadores en el propio territorio venezolano, sino de la Organización de Estados Americanos (OEA), varios gobiernos y defensores de la libertad de prensa a nivel mundial. El hecho como tal parece sugerir que se trata de una flagrante violación al derecho que tiene el pueblo venezolano a estar informado.

Existen varios elementos que confluyen en el señalado hecho. En primer lugar, hay que considerar que el funcionamiento de Radio Caracas Televisión estaba sostenido en un contrato de concesión firmado entre el Estado venezolano y la familia Phelps (miembros de la familia Granier son accionistas minoritarios), propietaria del canal. Es claro que es potestad del Estado extender o no la concesión a un agente privado, que en este caso, explotaba, de tiempo atrás, una porción del espectro electromagnético. De ahí que la decisión del gobierno de Chávez resulte legal a la luz de las circunstancias contractuales. El asunto de la legitimidad de la decisión recaerá en los niveles de rechazo – o de aceptación - que la medida genere en las audiencias que consumían la programación ofrecida por dicho canal privado.

Otro asunto es que la negativa del gobierno de Venezuela de extender la concesión a RCTV se dé en el marco de una profunda polarización política, orquestada y sostenida en muchas ocasiones por los medios de comunicación de dicho país. Una polarización que tiene un tinte de reivindicación étnica, en cabeza del presidente Chávez. Quizás ahí haya un elemento que pueda llegar a configurar lo que muchos han llamado como un acto de censura oficial. Es posible que Chávez esté reaccionando ante declarados enemigos políticos que no aceptan su carácter populista, como tampoco su origen de clase, cerrándoles espacios estratégicos como lo es un canal de televisión.

Miremos otros elementos de este singular hecho. La importancia y la injerencia que hoy tienen los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, los define, como nunca antes, como actores políticos de insoslayable poder en la generación de estados de opinión pública, visibles en eventos electorales. En los hechos ocurridos en 2002, cuando se dio el golpe de estado contra el presidente electo Hugo Chávez Frías, la familia Phelps (y miembros de la familia Granier) apoyaron el gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga. Por lo menos en esa aparente evidencia se apoyó la decisión presidencial que hoy tiene fuera del aire al mencionado canal de televisión.

El hecho de apoyar un golpe de estado contra un mandatario y un gobierno elegidos democráticamente configura, sin duda, un delito. De ser así, lo que queda claro es que la familias accionistas no separaron sus particulares intereses políticos, de las funciones y deberes propios de la empresa mediática RCTV. Por un lado va la acción política que como ciudadano puede ejercer un empresario o un conjunto de ellos, y por el otro va el uso de un medio de comunicación para sostener un proyecto político con claros objetivos de desestabilizar un régimen político elegido bajo reglas democráticas.

El caso de Radio Caracas Televisión evidencia los peligros que coexisten a la naturaleza oligopólica, empresarial y mercantil de unos medios masivos de comunicación articulados a intereses económicos legítimos, pero que políticamente pueden usarse en contravía de decisiones democráticas de grandes mayorías. Los criterios empresariales con los cuales hoy se entiende, se define y se cumple la labor de informar pueden resultar adversos a un objetivo de inexorable cumplimiento por parte de los periodistas: Generar opinión pública deliberante y crítica.

Una cosa es hacer oposición crítica y asumir periodísticamente un trabajo de seguimiento y análisis a la ejecución de políticas públicas y programas de gobierno, y otra muy distinta es utilizar los medios para desestabilizar a una nación.

Lo sucedido con RCTV obedece a un asunto interno que hace parte de la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía del estado venezolano. El asunto debe resolverse en territorio venezolano. Estas circunstancias no pueden obviarse a la luz de defender una indefinible libertad de prensa, y menos aún, cuando en demostrados casos los propios medios de comunicación convierten la información en mercancía y los periodistas se autocensuran, abandonando la tarea de formar en criterio a las audiencias que los siguen a diario.

Adenda: Habría que mirar las circunstancias en las que vienen informando de tiempo atrás, medios como Tal Cual, en cabeza de Teodoro Petkoff y otros no necesariamente afectos al gobierno chavista. Es posible que en el mediano plazo el Estado venezolano logre una hegemonía mediática a favor de los intereses del llamado ‘socialismo del siglo XXI’. En cualquier caso, los grandes oligopolios hace rato configuraron su propia hegemonía mediática, elevando la información al estatus de mercancía y con ella, reduciendo la libertad de prensa a una entelequia y en un acomodaticio derecho.

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Germán Ayala Osorio