Eva Golinger, abogada estadounidense denunció el 25 de mayo pasado en Caracas que el Departamento de Estado de su país estudiaba financiar a medios y periodistas venezolanos. El plan de una llamada División de Asuntos Educativos y Culturales seria influir sobre la política
editorial de los órganos de comunicación, opinó Golinger.

La denunciante se basó en documentación oficial estadounidense
comprobatoria de que dichos programas se practican desde antes y después del golpe de estado del 2002. “Lamentablemente a lo mejor hay en Venezuela periodistas manipulados por el Departamento de Estado”, sentenció la jurista. Las palabras de Golinger reforzaron las
revelaciones que días antes emitió VTV, canal de televisión estatal,
donde se afirmó, con nombres y apellidos, que seis periodistas
venezolanos recibieron dinero del gobierno de Washington(1).

Entre los mencionados se encuentra Roger Santodomingo quien, demás, fue acusado el 28 de mayo pasado ante la Fiscalía de la Nación de “instigar al magnicidio y de recibir financiamiento de EEUU. para desestabilizar al Gobierno”.

Frente a esa imputación de William Lara, Ministro de Comunicación e Información, Santodomingo- dice un despacho de Ifex- apuntó que “sòlo” difundió una encuesta en la que un 30 % opinaba que la “solución” era asesinar a Chávez”…¿ Qué será del Código de Ëtica y del Colegio de Periodistas de Venezuela?

Con anterioridad, el gobierno de Venezuela denunció al canal Globovisión por difundir en clave una incitación a la eliminación física del Jefe de Estado mediante la fórmula de reproducir con insistencia la noticia del atentado al fallecido Papa Juan Pablo II y la utilización como música de fondo de la canción “Esto no termina aquí” del panameño Rubén Blades.

Fue, obviamente, un mensaje subliminal… Los alegatos de inocencia de
Globovisión rememoran un episodio ocurrido en Chile en vísperas de golpe de estado militar. El 21 de agosto de 1973, una radioemisora de Puerto Montt, ciudad ubicada al sur del país, difundió repetidamente este mensaje: “Somos más de lo que pensamos. Caperucita Roja está con nosotros”. Era un recado para los confabulados y el nombre de la niña del cuento correspondía a Pinochet quien había decidido unirse a la
conspiración.

La omisión de El Mercurio acerca de la CIA tiene desde luego una
motivación política, aunque también una explicación freudiana pues le es
molesto rememorar que en los años setenta recibió millones de dólares
para contribuir al derribamiento y muerte del presidente Salvador
Allende. Tres años después del golpe, una investigación del Senado
estadounidense reveló que la intromisión de la CIA en ese periódico
llegó al extremo de realizar sus agentes hasta la diagramación.

El documento del caso, conocido como Informe Church, (nombre del senador que presidió el Comité) se denuncia que ese organismo de espionaje contrató a periodistas, editó publicaciones de circulación nacional y elaboró materiales para diarios, semanarios, radioemisoras, y además muchos de esos “contenidos” fueron exportados a órganos latinoamericanos y europeos.

La injerencia en la prensa de la CIA, un ente estatal, se basó y se
cimienta hoy, en un clásico “principio” imperial que formuló en su
oportunidad, William Colby, uno de sus directores: “La CIA tiene el
derecho legítimo de infiltrar a la prensa extranjera, pero no a la de
Estados Unidos. La CIA tiene la misión de influir mediante los medios
noticiosos en el desarrollo y desenlace de hechos políticos de otros
países” (sic). Sin comentarios…

La propaganda contra Venezuela se ha intensificado a partir de la no
renovación de la frecuencia radioeléctrica a la ex Radio Caracas
Televisión (RCTV). En el senado de Chile se ha aprobado “proyectos de
acuerdo” (así se denominan reglamentariamente) en dos oportunidades y
con votaciones que no llegan a la mitad de los miembros de esa cámara.
En ambos se pide a la presidenta Michele Bachelet que proteste por el
caso RCTV, pero la Jefa de Estado no ha caído en la celada.

En el afán de reproducir el modelo de la publicidad prohijada en
Washington, dichos acuerdos senatoriales apuntan que “Si bien el
gobierno de Venezuela tiene facultad para no renovar la concesión a RCTV para los firmantes significa una clara limitación a la libertad de
prensa y expresión”. Estulticia, ya que, si existe ese mecanismo legal
es lógico que se aplique.

Naturalmente, nadie de los que propician el infierno para Hugo Chávez,
ha hecho mención de que en Estados Unidos rige el mismo mecanismo de permiso y renovación para radioemisoras y la televisión. Es más, el
plazo de uso es de ocho años y para obtener la renovación esos
organismos tienen que demostrar que “han servido al interés público”.

En un artículo muy crítico, Michael J. Copps, miembro de la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC), sugiere reforzar el proceso de
renovaciones y sugiere acortar el período a tres años. Enfatiza: “El uso
del espacio radioeléctrico constituye un privilegio-lucrativo- no un
derecho y me temo que la FCC no ha hecho lo suficiente en defensa del
interés público”(2).

Es muy posible, entonces, que en Estados Unidos NO se renueven algunas concesiones y ante ello ¿Qué dirán los sípidos (miembros de la SIP) y los integrantes del Grupo de diarios de América (GDA)?

Hernán Uribe