Una camioneta dodge color blanco, sin placas y con una pequeña imagen del Che estampada en el medallón, fue identificada por activistas sociales como el vehículo del “espía” de inteligencia militar, encargado de documentar las actividades de la primera etapa del recorrido de La Otra Campaña.

La pick up, conducida por un hombre moreno y joven, coleaba la karavana de automóviles que acompañaron al subcomandante insurgente Marcos en su recorrido por las 32 entidades de México, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2006.

Su posición se ubicó detrás de cuatro de las nueve camionetas desplegadas por la Policía Federal Preventiva, para “garantizar” la “seguridad” de los caminantes. Este mismo lugar ocupó la van color dorado, sin placas, que también se relacionó con la Sedena y que en octubre pasado transitó Nayarit y Sinaloa, al reanudarse la andanza encabezada por el subcomandante insurgente Marcos.

Los activistas reconocieron un tercer vehículo –ford focus color rojo–, como el transporte de los “agentes” del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El medallón de éste lucía el “águila mocha”, símbolo inventado por la administración de Vicente Fox.

Los señalamientos sobre el espionaje no fueron errados: la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, facultada para realizar labores de inteligencia, sí da puntual seguimiento a los 67 organismos políticos, 218 agrupaciones sociales, 128 organizaciones indígenas, 596 colectivos y 2 mil 441 personas a título individual, activistas e intelectuales cercanos a Marcos, que suscriben la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y forman parte de La Otra Campaña.

A través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advierte que, al ser una “dependencia responsable de la seguridad del Estado”, sí realiza “acciones” para el seguimiento de lo que califica como “expresiones detractoras del Estado mexicano”.

De acuerdo con el análisis hecho por la Sedena de los informes, documentos, fichas, tarjetas informativas, material gráfico y videográfico, generado por su propio personal durante la primera etapa del recorrido, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tiene por objetivo debilitar a las instituciones. Según la autoridad castrense, “las actividades que el EZLN realiza en el marco de La Otra Campaña se encaminan a ese propósito”.

Por dicho motivo, el asunto es considerado como de Seguridad Nacional, y con ese argumento la Sedena mantiene en reserva por 12 años el seguimiento documental de ese movimiento civil y pacífico, y los análisis derivados de éste.

Los riesgos que observa la dependencia encabezada por Guillermo Galván Galván –considerado como el brazo derecho de Felipe Calderón y de quien depende la legitimidad de la administración federal– son los enunciados en el artículo 51de la Ley de Seguridad Nacional.

De acuerdo con dicho precepto legal, la publicidad de las informaciones podría revelar normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional. Estos análisis también podrían derivar en la actualización o potenciación de una amenaza.

Ello, a pesar del pacifismo que divulga La Otra Campaña. Al describir esta lucha, el subcomandante Marcos dijo en noviembre pasado: “No estoy hablando de un levantamiento armado, de ponerse el pasamontañas y tomar las armas. Estoy hablando de un levantamiento pacífico, no de irse a otro lado y luchar cada quien en su lugar para transformar esto en todas partes, pero apoyándonos unos con otros”.

Sin embargo, la Sedena no sólo realiza sino que justifica las labores de inteligencia y espionaje en contra de los integrantes de este movimiento. “Las acciones que las dependencias responsables de la seguridad del Estado realicen para el seguimiento de expresiones detractoras del Estado mexicano, están sustentadas en la Constitución y legislación vigente”.

Criminalizar la lucha social

Además del espionaje del que son sujetos, los movimientos sociales suelen ser criminalizados y reprimidos, tal como ocurrió con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), autodenominados como el “Séptimo Batallón de Infantería del EZLN”.

El 3 y 4 de mayo de 2006, dicha movilización fue reprimida en San Salvador Atenco, en lo que ya se considera una acción de “contrainsurgencia” directa en contra de La Otra Campaña.

En esta misma línea y a diferencia de las sentencias dictadas a los narcotraficantes, que van entre los 10 y 15 años de prisión, los dirigentes del FPDT, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, fueron condenados a 67 años y seis meses de reclusión, por el supuesto delito de secuestro equiparado.

José Luis Piñeyro, maestro en Sociología y experto en Seguridad Nacional, explica que con los cambios en el Código Penal aumenta la posibilidad de criminalizar la lucha social en México.

“Con la reforma del Código Penal, sobre todo en donde dice que todos aquellos que recurran a la violencia para tratar de que una autoridad cambie su decisión, estamos ante una situación potencial en la que se puede criminalizar fácilmente la protesta social.”

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco, indica que los movimientos sociales pretenden que la autoridad municipal, estatal o federal modifique sus políticas, con respecto al problema del financiamiento al campo, mayores créditos para el sector lechero, etcétera.

“Es evidente que las manifestaciones sociales tratan de influir en las decisiones de los funcionarios públicos. Entonces, decir que se recurra a la violencia, pude ser sencillamente una manifestación multitudinaria, un cierre de carreteras o la toma del edificio de una secretaría de Estado, para que les resuelvan sus demandas.”

Y es que las reformas encaminadas a prevenir y sancionar el terrorismo y su financiamiento, aprobadas por el Senado el pasado 26 de abril, criminalizan la protesta social y posibilitan que luchadores sociales sean acusados de terroristas.

Según admitieron algunos legisladores, la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal –que considera como actividades terroristas todas aquellas que atenten contra la Seguridad Nacional o presionen a las autoridades para que tomen una determinación– contraviene los derechos políticos de los mexicanos.

La sanción que se prevé es de seis a 40 años de prisión y hasta mil 200 días de multa, “sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.

Represión de los movimientos

Otro de los mecanismos para desarticular la lucha social, aunado al espionaje y a la criminalización, es la represión. Al respecto, el doctor en Sociología, Guillermo Garduño, dice que “el Ejército, en un momento determinado y cuando solamente se asume como una fuerza que está a disposición de lo que señale el Ejecutivo, definitivamente está sometida a esos errores”.

Agrega que “si se equivoca el Ejecutivo, el Ejército también se está equivocando. En un momento determinado el Ejecutivo puede decir: ‘Yo no me equivoqué; se equivocó el Ejército’; y entonces tendremos un problema extremadamente fuerte, que redefiniría muchísimas de las relaciones entre el Ejecutivo y el ámbito militar. Eso es algo de lo que tenemos que estar concientes”.

El investigador universitario descarta, en el corto plazo, una represión del Ejército contra líderes y movimientos sociales. “En lo inmediato no, porque eso se hizo en el pasado. En todos los casos de movimientos sociales pasados reprimidos, indudablemente el Ejército participó: contra maestros, ferrocarrileros; desde 1929 hasta Gustavo Díaz Ordaz. El Ejército es el elemento que participa activamente; pero así le fue. Él quedó contemplado como si por motu proprio hubiera actuado, lo cual no es así”.

El académico señala que las represiones contra movimientos sociales ocurren porque son órdenes presidenciales, y que “el responsable es el Ejército. Éste es un riesgo terrible para el futuro inmediato”.

Luego de 45 mil kilómetros recorridos a lo largo del país, el delegado Zero de la Comisión Sexta del EZLN prometió: “Llegó la hora, como hace 100 años y como hace 200 años. Tenemos que levantarnos de nuevo, acabar con todos los gobernantes, todos: desde el más pequeño hasta el más grande”.

Fecha de publicación: Julio 1a quincena de 2007

Nancy Flores