El Estado mexicano es un Estado federal, que tras sus luchas contra el colonialismo, la monarquía y el conservadurismo se abrió paso para construirse como una estructura jurídica, que tiene como tarea hacer posible los fines de independencia, republicanos y democráticos, y así poner las condiciones para la convivencia pacífica de la sociedad libre y su gobierno, sustentado en la división de poderes, el imperio de la ley (para que sus funcionarios actúen conforme a lo que las leyes les permiten) y teniendo sus límites en el catálogo de derechos individuales y colectivos de quienes integran esa sociedad.

Pero, políticamente, sus gobernantes tienden a pervertir el postulado de descentralización (sobre todo política y administrativa, pero defendiendo la descentralización territorial como cotos de caza) y hacen del federalismo una centralización como estira y afloja entre los gobiernos de las entidades y el gobierno federal. El presidente, como jefe de gobierno de la administración federal, busca concentrar más poder violentando la descentralización. Y los gobernadores buscan deshacerse de los vínculos federales y, además, de facto, anulan internamente su descentralización municipal para, a su vez, concentrar los poderes político y administrativo.

Y es que centralización y descentralización son dos postulados siempre en juego: un estira y afloja. Jurídica y políticamente, la disputa entre republicanismo democrático y tendencias, ocultas o abiertas, monárquicas y autocráticas en el contexto de luchas entre el liberalismo político de centroizquierda y el conservadurismo de derecha centrista, sin descartar la lucha de los extremos que derivan en revoluciones y contrarrevoluciones, violentas o pacíficas. En el Estado unitario prevalece “un orden jurídico centralizado (que) implica que todas sus normas tienen la misma esfera de validez” del orden jurídico o Estado. Y “un orden jurídico descentralizado, consiste de normas que tienen diferentes esferas espaciales de validez” (Hans Kelsen: Centralización y descentralización).

El asunto es que nuestro Estado federal, el federalismo, no ha logrado hacer prevalecer sus fines descentralizadores, tanto dentro de cada Estado miembro del federalismo (los gobernadores centralizan el poder político y administrativo), como el mismo gobierno federal no logra tirar por la borda sus ambiciones centralizadores y constantemente trata (y hasta obtiene) de restarle funciones y facultades a los estados miembros de la unión en lugar de apuntalar los tres espacios de validez de vigencia legal municipal, estatal y federal.

Continúa un federalismo atado al centralismo y la reforma del Estado debe desatarlo para, si bien políticamente no puede desaparecer el estira y afloja entre ambas tendencias, al menos relativizar sus choques, precisando los fines en general del federalismo, los fines en general de las entidades y los fines en general municipales. Desatar el centralismo al que está todavía atado el federalismo como descentralización, para imprimirle a cada estado el espacio de validez de su orden juridicopolítico y cada estado delimite los espacios municipales para el logro de sus fines.

El único factor común de municipios, estados y federalismo es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a cuyos contenidos deben sujetarse las leyes orgánicas municipales y las constituciones de las entidades. La reforma del Estado está obligada a tocar ese andamiaje estatal para que, como Estado federal haga prevalecer esos tres órdenes jurídico-político-administrativos para normar la conducta de sus individuos como personas y ciudadanos. Se ha de buscar que impere la descentralización democrática y republicana y reducir al mínimo los intentos centralizadores del ejercicio político.

El presidencialismo mexicano, antes por el autoritarismo y ahora por favorecer electoralmente a la alternancia, mantiene un desequilibrio entre centralismo y descentralización. El titular de la presidencia busca centralizar contrario a lo que manda el federalismo de afianzar la descentralización de los estados y los municipios. Estos y los gobernadores también compiten porque los gobernadores buscan centralizar a partir del manejo financiero de la entidad y, para dispensar favores a los presidentes municipales, les exigen que cedan a la centralización política, con lo cual se pone constantemente en riesgo el que “los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de organización política y administrativa, el municipio libre”.

Si se fortalecen los tres órdenes de validez jurídica: los municipios, las entidades y el gobierno federal que constituyen el federalismo o sea al Estado federal como tal, entonces las instituciones acentuarán la descentralización por sobre la centralización, para la mejor organización del Estado mexicano que a veces se comporta como Estado unitario e irrumpen la concentración del poder y el autoritarismo. Presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República deberán buscar coordinar más y mejor sus obligaciones para cumplir con sus funciones y facultades.

La reforma del Estado en marcha, delimitando los espacios que ocupan los poderes del Estado federal en la capital del país, no puede pasar por alto constituir a la entidad número 32 de la federación, puesto que ya la ciudad de México avanzó con la creación de un jefe de gobierno electo, una asamblea de representantes y la elección de sus delegados políticos. Sería profundizar la descentralización democrática y republicana para desatar del todo al centralismo del federalismo.

Fecha de publicación: Julio 2a quincena de 2007

Álvaro Cepeda Neri