Cede Pemex operación de ductos a empresas privadas

Mediante el llamado proyecto Suma, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, lanzó la primera licitación para abrir a la iniciativa privada sectores que constitucionalmente son exclusivos de la paraestatal.

Aunque el Suma no ha sido enviado al Congreso, en septiembre próximo se entregará el primer contrato para que una empresa privada maneje los ductos de Pemex Exploración y Producción (PEP).

En abril de 2006 Contralínea (número 54) publicó que los directivos de Pemex aplicaban un esquema para que el sector privado participe en áreas de exploración y producción de petróleo, explotación de reservas y operación de ductos (la parte neurálgica para el transporte y distribución de hidrocarburos), sin importar que con ello se viole el artículo 27 constitucional y las leyes Orgánica de Pemex y de Hidrocarburos.

En mayo pasado PEP publicó las bases de la licitación 18575111-006-07 para la operación y mantenimiento, durante 10 años, de 66 ductos (de mil 281 kilómetros), ubicados en la central de rebombeo de Cárdenas, el centro de almacenamiento estratégico Tuzandepetl y el centro comercializador de crudo Palomas, ubicados en Veracruz y Tabasco.

La red incluye 93 tuberías de ductos en operación y 22 fuera de ella, las centrales de bombeo y almacenaje y los centros de venta de Ogarrio, Cuichapa, El Plan, Sánchez Magallanes y Cinco Presidentes.

La empresa que se beneficie con la adjudicación controlará toda la infraestructura y los procesos de transporte y distribución. Sus atribuciones incluyen la inspección con "diablo" instrumentado, geoposicionamiento, recubrimiento mecánico, rehabilitación del ducto, los análisis de integridad, certificación y riesgo integral.

Los ductos que se entregarán al sector privado son un segmento estratégico del manejo de petróleo en las regiones sur y marina, que son actualmente las zonas más productivas. Se trata de las líneas de salida de todo el petróleo del sureste hacia las terminales de Pajaritos y Dos Bocas.

La licitación fue diseñada por funcionarios de PEP, entre ellos: José Refugio Serrano Lozano, subdirector en la Región Sur; Carlos Hernández García, gerente de Transporte y Distribución de Hidrocarburos; Eloy Pérez Babucha y Heliodoro Cigarroa Citalán, de la Coordinación de Mantenimiento de Ductos; Rodolfo Velásquez López, coordinador de Seguridad Industrial; Víctor Hernández Herrera, especialista en Integridad de Ductos, todos al mando de Carlos Morales, titular de la subsidiaria.

Se trata del primer contrato del proyecto Suma que (desde 2005) se aplica en Pemex de forma discrecional para disfrazar la privatización de la petrolera, principalmente con un esquema financiero de Pidiregas (Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto) y a los que en Pemex se les llama Proyectos de Infraestructura Productiva de largo plazo y que actualmente se han convertido en el pasivo más oneroso que enfrenta el gobierno federal.

Como reveló Contralínea, el proyecto Suma “Por un solo Pemex”, fue impulsado por el exdirector general de la paraestatal Luis Ramírez Corzo y su director corporativo de Operaciones, Marcos Ramírez Silva, con la anuencia de Felipe Calderón para trazar lo que es su estrategia petrolera de gobierno.

El proceso

La licitación fue etiquetada bajo el rubro: “Aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto”. El 21 de mayo la Coordinación de Mantenimiento de Ductos de la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos de PEP, emitió la convocatoria y, extrañamente, dos semanas después ésta fue borrada del sistema Compranet y de la página de Internet de la subsidiaria.

La presentación de propuestas técnicas y económicas está programada para el 13 de septiembre próximo, y hacia finales de ese mes se hará la adjudicación. De acuerdo con las bases de licitación, el periodo inicial del contrato es de 3 mil 625 días, del 7 de enero de 2008 a enero de 2018.

El presupuesto destinado a este contrato es de 46 mil 500 millones de dólares, tan sólo durante el primer año (2008); sin embargo, de acuerdo con un especialista que participó en el diseño de la licitación, en la ejecución de los trabajos el oneroso monto podría triplicarse, porque de forma amañada tiene graves vacíos, como el que la contratista decida si Pemex debe invertir en reparar o cambiar todo el sistema de ductos.

Documentos internos de Pemex revelan que las empresas que se disputan el contrato son: Grupo Protexa, propiedad de los hermanos Humberto y Javier Lobo Morales; Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna (vinculada a la corrupción de los hermanos Bribiesca y Raúl Muños Leos, ex director de la paraestatal); Gutsa Infraestructura, propiedad de Juan Diego Gutiérrez Cortina.

También OPC Ingeniería y Construcción, de Cornelius Versteg Zebadua; Sensa Control Digital, propiedad de Maurice Lechevalier, ex funcionario de CFE; Tradeco Industrial, propiedad de Federico Martínez, hijo de Federico Martínez Salas, ex director del Proyecto Cantarell; Constructora Subacuática Díavaz, propiedad de Luis Vázquez Sentíes.

Además, también se encuentran Servicios Marinos y Terrestres, Speman Consulting, Veco-pias, Security Neworks Systems, Busines Development Manager, Binsmar, EMS Energy Services, Wood Group, Itochu Corporation, Termotecnica Industrial, Petrofac, Tejas Gas de Toluca, Proa Energy Service, Hannover Compresion Limited.

Y las empresas Mexssub, Dica Desarrollos de Ingeniería y Construcción, ARB Arenal, Rotork Servocontroles de México, Equipomex, Rosen de México, Emerson Process, Siemens Oil & Gas Services, Bisnmak, GE Oil & Gas, Cobra Instalaciones.

La mayoría de ellas son contratistas de la paraestatal con historias de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés con funcionarios y ex funcionarios en Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y Caminos y Puentes Federales de Ingresos.

El proyecto interno de PEP plantea que si la empresa ganadora incumple el contrato, como “acción de contingencia”, éste se otorgará a la contratista que quede en segundo lugar durante la licitación.

Fuentes de la DCO que participan en el proyecto Suma señalan que ésta es una de las cuatro licitaciones que la paraestatal otorgará este año, para que a partir de enero de 2008 la IP se haga cargo de cuatro sistemas de ductos de zonas terrestres y marinas en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. Además de la licitación 18575111-006-07, se entregarán otros tres contratos, todos a diez años, para las instalaciones de Cayo Arcas, Dos Bocas, Atasta, Ciudad Pemex.

De acuerdo con las fuentes, este mismo esquema se aplicará a las subsidiarias Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica. En cada caso, la estrategia para la privatización estaría simulada con la asignación inicial durante una década, para la posterior desincorporación de los activos.

Incluso, el titular de Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, designó a José Jaime Armendáriz Martínez, de la Subgerencia y Transporte de Distribución para participar como testigo en la licitación 18575111-006-07, a fin de que aplique el mismo esquema a Refinación.

Privatización maquillada

El Atlas de Riesgos de Ductos, elaborado por la DCO, indica que para mantener la infraestructura en un nivel completo de seguridad operativa, actualmente la paraestatal requiere una inversión de 300 mil millones de pesos. Con este argumento, la administración de Reyes Heroles justifica la necesidad de que la IP se encargue de los ductos.

Informes elaborados dentro del Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) indican que actualmente los ductos que enfrentan mayor deterioro y nivel de riesgo son los de Refinación, lo que explica los frecuentes accidentes. Ello evidencia, además, los malos manejos de los funcionarios de Pemex que no han aplicado los recursos etiquetados para la reparación y mantenimiento de ductos.

En enero de 2005, tras el desastre en Nanchital, Veracruz (cuando la ruptura de un ducto provocó el derrame de 5 mil barriles de petróleo), el Legislativo aprobó a Refinación casi 4 mil millones de pesos para el mantenimiento de sus ductos. En el último año de la administración de Juan Bueno Torio, oficialmente la subsidiaria ejerció 3 mil 500 millones de pesos; pese a la millonaria erogación, los accidentes continuaron.

Refinación concentra el 30 por ciento de los ductos de Pemex; la Subdirección de Almacenamiento y Distribución asegura que para su mantenimiento y seguridad, se requiere una inversión de mil 682 millones de pesos.

El proyecto Suma contempla entregar a empresas privadas la red nacional de ductos con una longitud de 50 mil kilómetros en zonas terrestres y marinas; de ellos, 8 mil 768 son poliductos y 5 mil 125 oleoductos.

Durante sus últimas semanas en Pemex, Luis Ramírez Corzo señaló públicamente que en 2009 quedaría restructurada la paraestatal, y que el proyecto se discutía en el Legislativo; sin embargo, Contralínea consultó con los diputados y senadores que integran la Comisión de Energía en ambas Cámaras, y ninguno de ellos conoce el proyecto.

Se solicitó a Pemex una entrevista con Jesús Reyes Heroles para hablar del esquema y el área de prensa informó que “la implantación del Modelo Suma no se ha enviado a la Cámara de Diputados porque no representa ningún cambio constitucional que deba ser aprobado por dicha instancia”.

Y se confirmó que el proyecto reorganiza a la paraestatal, sus sistemas de “Producción, transformación, comercialización, soportados en una serie de procesos comunes, recursos humanos, finanzas, suministros”.

Sobre el primer contrato de este nuevo esquema, en el que se adjudicará la operación de los ductos, la Gerencia de Comunicación señaló que: “esta nueva administración aún no puede hacer comentarios sobre el proyecto Suma”.

La implantación total del proyecto inicialmente estaba calendarizada de octubre de 2005 a enero de 2007, luego extendida hasta mediados de 2009. Así que será a mediados del sexenio de Felipe Calderón cuando toda la petrolera opere bajo este esquema.

De acuerdo con fuentes internas que participan en su ejecución, hasta ahora PEP es el área con mayores “cambios”. Como parte de esta estrategia, la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas, aplica un programa de infraestructura que este año ejercerá 12 mil 742 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera: 4 mil 831 millones para el área de plataformas marinas; 3 mil 982 millones a ductos; 3 mil 737 millones a obras marinas y 192 millones para obra de ingeniería.

El Suma contempla otorgar contratos bajo esquemas Pidiregas para exploración y explotación de crudo, en los que las petroleras estadunidenses Halliburton y Schlumberger son las principales interesadas. Por ello, personajes como Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, han urgido a que México cambie el marco regulatorio para permitir la inversión privada en ese sector.

El pasado 13 de junio, durante la Expo Managment 2007, Greenspan justificó que si Pemex no se abre a la inversión privada, ante la caída de los precios de crudo en Estados Unidos, México “enfrentará una crisis fiscal enorme”.

Como parte del Suma, en PEP las áreas de mayor importancia hicieron ya su planeación para justificar la privatización de los trabajos que son exclusivos del Estado. Una de ellas es la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, que diseñó un programa a quince años (de 2007 a 2021) en el que se requiere una inversión total de 16 billones de pesos en perforación de pozos y 1.9 billones de pesos en exploración y producción.

El esquema contempla que la mayor parte de la inversión privada entre vía Pidiregas. Lo más riesgoso es que, de acuerdo con las revisiones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación a estos proyectos, la paraestatal no tiene control financiero de sus Pidiregas, ni “suficiente claridad sobre su manejo”.

Los Pidiregas de la paraestatal los controla actualmente Luis Sergio Guaso Montoya, funcionario a quien en 2005 Luis Ramírez Corzo entregó el control de los amañados Contratos de Servicios Múltiples.

El riesgo de un modelo como el Suma, señalan abogados de área jurídica de Pemex, es que los proyectos privados serán a criterio de un reducido grupo de funcionarios, liderados por Reyes Heroles y Guaso Montoya, restando atribuciones a los comisarios y funcionarios de los órganos internos de control que por ley, deben participar en la vigilancia de los procesos de licitación, pero que en el Suma, quedan relegados.