En la semana que concluyó, la derecha más recalcitrante, llevó hasta el
límite sus ataques contra el gobierno, los sectores populares y la misma
democracia.

Violencia desatada

Con absoluto desenfado, el Comité Cívico pro Santa Cruz que preside
Branco Marinkovic, absorbió a sus similares de otros departamentos e
impuso un paro que fue particularmente violento. Pandillas de la Unión
Juvenil Cruceñista –grupos de choque armados de palos, cadenas, etc.–
causaron destrozos en vehículos y comercios, además de herir a varias
personas. Marinkovic, protestando inocencia personal y de su comité,
ofreció pagar los daños causados.

Pero estas pandillas, tan conocidas en Santa Cruz por la brutalidad con
que imponen los paros decretados por el Comité, esta vez fueron llevados
a varias zonas. Estuvieron en Sucre, organizaron a sus pares en
Cochabamba y provocaron más violencia. Otras ciudades tampoco se
salvaron de su presencia.

Por supuesto, la sede de la Asamblea Constituyente, que es precisamente
la capital del país, Sucre, fue escenario de los peores desbordes y
también de los conciliábulos.

Argumentos fútiles

A lo largo de este tiempo, desde enero de 2006, los grupos de poder que
fueron desplazados por el empuje popular, han acudido a los más variados
recursos para oponerse a los cambios. Resulta ocioso referirse a todos,
ya cuando comenzaron la campaña electoral contra Evo Morales y el
Movimiento al Socialismo (MAS). Bastará recordar los últimos: falsos
rumores de inflación descontrolada, estruendosas acusaciones de
autoritarismo por el nombramiento de autoridades interinas, prepotentes
desplantes de los prefectos opositores, abusiva utilización de la
reivindicación capitalina.
Todo esto, y más, haciendo repercutir en forma constante sobre la
Asamblea Constituyente, a la que no han dejado trabajar en su tarea
esencial: dotar al país de una nueva Constitución Política del Estado.

Razones reales

El fondo sobre el cual actúan los personajes, agrupados tras los comités
llamados cívicos, es la defensa de los privilegios acumulados hasta
ahora. Se trata del acaparamiento de las tierras fértiles, el manejo
discrecional de los fondos públicos, el monopolio de las construcciones
de infraestructura, la tala indiscriminada de bosques, la reserva a
nombre propio o de terceros de las riquezas naturales y otros más.
Tan dueños eran de este país que, cuando la producción y los precios
eran buenos, se llevaban la ganancia. Si no había demanda o cuando había
inundaciones o sequía, el Estado los indemnizaba. Por supuesto, burlaban
los impuestos; el único que pagaban era el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), generalmente con mucho retraso.

Seguramente nada de esto es extraño. Ha sucedido en varios países, y
sigue sucediendo, cuando gobiernos populares llevan adelante programas
de cambio. Recurren a la especulación, al agio, al paro del transporte y
los servicios, a la difusión de rumores. Siendo dueños de los medios de
comunicación, los utilizan en campañas de desprestigio, usando sin
reparos distorsión, tergiversación, engaño y mentira; todo es válido
para defender sus mezquinos intereses.

Con estas armas declaran la guerra al gobierno y al pueblo, aunque esto
suponga la destrucción del país. ¿Acaso no aplauden a los bellacos que
proponen dividir Bolivia?

Debilidades y errores

De todo eso estamos y estábamos conscientes. Sabíamos que reaccionarían
así y lo comprobamos cada día. Es claro que la democracia no es propicia
para ellos; su terreno natural es un Estado con dictadura, con tiranía.
En 1978, el pueblo derrocó al dictador Bánzer y confirmó su vocación
tres años después, echando a García Meza y su asesino Arce Gómez. La
derecha, casi de in mediato, complotó contra Siles Zuazo, con el apoyo
de miristas y motetistas. Así, se apoderaron de la democracia para
imponer el modelo impuesto por el imperio.

Miristas y motetistas, junto a adenistas, movimientistas y sus
discípulos, están ahora cavando zanjas para dividirnos en regiones, en
ciudades, en barrios, en razas y hasta religiones. La estrategia es:
divide para reinar.

Pero nosotros tenemos una buena cuota de culpa. En un afán incluyente y
pacifista, hemos hecho concesiones, demasiadas concesiones. En el manejo
político del país, reconociendo atribuciones que no les competen,
manteniendo estructuras que responden a sus intereses, accediendo a la
imposición de minorías. En el plano económico se dispusieron fondos para
satisfacer sus reclamos y exigencias, permitimos que manejen recursos
sin establecer controles, mantenemos en suspenso la aplicación de
medidas que recortan sus prebendas.

Mientras tanto, los programas de mejoramiento del nivel de vida son
tímidos aún, no se concretan los planes de construcción de la
infraestructura nacional, servicios estratégicos que el Estado debe
recuperar siguen en manos de transnacionales y la generación de empleo,
no satisface todavía los mínimos requeridos.

El pueblo tiene confianza en un gobierno que está combatiendo la
corrupción, que muestra transparencia en sus acciones y que prestigia la
imagen internacional del país. Con ese respaldo, debemos enfrentar a una
derecha que traspasado los límites de la convivencia democrática y cree
que puede recuperar sus privilegios. No hay por qué seguir esperando.

Fuente: ALAI AMLATINA, 03/09/2007.