La microeconomía o su manipulación sesgada

La Microeconomía clásica enseña que en cierto tipo de empresas, como las de Telecomunicaciones, se presentan economías de escala, es decir, que los costos medios totales se vuelven decrecientes conforme crece la producción, por lo que resulta menos caro para los consumidores que la oferta esté a cargo de un operador y no de varios. Entonces, aparece en forma “natural” un Monopolio, pudiendo ser público o privado. Para el caso que nos ocupa, la tónica a nivel mundial, hasta el siglo anterior, era la existencia de “monopolios naturales” estatales de Telecomunicaciones.

Sin embargo, el auge neoliberal de los años 80 y 90 formuló teorías que aparentemente demostraban que la maximización del beneficio para la sociedad era bajo un régimen de “libre competencia”, en un mercado “libre” y, de ser posible, hasta desregulado. Por lo tanto, la “naturalidad” de estos monopolios quedaba descartada. Con esta premisa se implementaron políticas liberalizadoras en todo el orbe, lo que entre otros aspectos significó la privatización de muchas empresas estatales de telecomunicaciones.

Lo paradójico es que, años después, los hechos demuestran que la competencia no ha sido tan “libre” ni tampoco el mercado, a tal punto que en este 2007 asistimos absortos a un fenómeno: las fusiones.

Lo que pasa es que, volviendo a la microeconomía, resulta que sí funcionan las “economías de escala” y aún más, gracias al desarrollo tecnológico y a la ya comentada convergencia, es posible producir más de un bien (telefonía fija, móvil, etc.) generando “economías de alcance”, es decir, el hecho de compartir instalaciones, costos, etc., hace que la producción de estos bienes sea menos cara que hacerlos en forma separada. Esto en la práctica significa la reaparición “natural” de los monopolios en el sector de las telecomunicaciones, solo que, a diferencia del siglo anterior, esta vez son monopolios privados.

En el Ecuador, si bien no se privatizaron las empresas estatales de telecomunicaciones, las políticas neoliberales se aseguraron de garantizar la “libre competencia”, para que dentro de una “economía social de mercado” actúen quienes así lo deseen (y puedan). Al respecto, la página web oficial del CONATEL dice textualmente: “El impulso a la libre competencia, la modernización de la legislación de telecomunicaciones, la consolidación de normas para la interconexión y la compartición de infraestructura y la permanente actualización de la regulación frente a las nuevas tecnologías y servicios, constituyen los retos que el CONATEL y la SNT han asumido en el nuevo milenio.” (www.conatel.gov.ec)

Solamente tengamos presente que el Sr. Carlos Slim, es decir, el dueño de PORTA, compró a una operadora pequeñita (ECUTEL) en unos módicos US$ 23’000.000, la licencia para prestar telefonía fija. El resultado, al final, es que estamos a las puertas de un monopolio privado y transnacional que brindará telefonía fija y móvil. Puesto que MOVISTAR está en la misma jugada, es posible la presencia quizá de un DUOPOLIO, resaltando que por su carácter privado, sus utilidades no serán jamás para los ecuatorianos.

La Asamblea Constituyente o la apuesta por la soberanía y la dignidad

El gobierno del Presidente Correa, ha dicho alinearse con lo que él denomina “socialismo del siglo XXI”. Más allá de cuestionar el carácter de este “socialismo” o sus variantes: “light”, “andino”, “moderno”, etc. (personalmente considero que existe uno solo: el socialismo científico o marxista) creo que un aspecto básico constituye definir el rol del Estado en el mercado y sus instituciones.

Entonces, si la línea del gobierno es “socialista”, existe una franca contradicción con la “economía social de mercado”, tan defendida por el neoliberalismo. Que es un tema de la Asamblea Constituyente, de acuerdo, pero urge definir y transparentar posiciones. En este contexto, llama la atención que dentro de los organismos de regulación y control de las telecomunicaciones se haya colocado en determinados puestos estratégicos a tecnócratas de vieja data, formados bajo premisas neoliberales, con concepciones para nada socialistas y que son corresponsables directos o indirectos de la situación actual del sector.

Es la hora, entonces, de proyectarnos al futuro. Si estamos de acuerdo en que las telecomunicaciones son estratégicas para un país, que a más de ser consideradas como servicio pueden ser un negocio, o viceversa, que es una Industria que mueve millones de dólares después del petróleo, que el acceso a las TIC’s coadyuva al desarrollo de los pueblos, etc., entonces, las telecomunicaciones deben ser estatales.

Esta propuesta desafiante implica:

• Redefinir el actual marco constitucional, fundamentado en el neoliberalismo, que en nombre del “libre mercado” ha esquilmado los recursos de los ecuatorianos. Esto significa establecer el carácter estratégico de las telecomunicaciones y la soberanía que sobre las mismas (mercado incluido) debe tener el Estado.

• Establecer el Servicio Universal y el acceso a las TIC’s como políticas de Estado, con objetivos cuantificables a largo plazo, lo que implica contar con reglamentos ejecutables en la práctica, proyectados al bienestar social y bajo la premisa de inversión social.

• Reorganizar y replantear el rol de los entes de control y regulación (CONATEL, SUPTEL, SENATEL y CONARTEL) acorde a las premisas de soberanía planteadas.

• Recuperar los jugosos beneficios que a lo largo de los años han recibido las Empresas de Telefonía Celular, ya sea por las prebendas estatales o por sus abusos tarifarios.

• Cerrar el paso al surgimiento de monopolios privados tipo TELMEX.

• Fortalecer a las Empresas Estatales PACIFICTEL, ANDINATEL y TELECSA, para que converjan y amplíen su cartera de servicios. Esto desde luego obliga a rediseñar su arquitectura organizacional, desconcentrar sus actividades, revisar sus procesos internos, calificar y seleccionar a sus directivos en un proceso público, dotarles de autonomía (no atadas al Fondo de Solidaridad), castigar en forma ejemplar a los corruptos, evaluar rigurosamente su calidad de servicio y, sobre todo, transparentar su gestión. En esta misma línea se deberá apoyar a la Empresa Municipal ETAPA.

• Revisar y auditar las frecuencias otorgadas de radio y TV, revertiendo (de ser el caso) las mismas al Estado ecuatoriano.

Entonces, ¿apostamos por la soberanía, la rentabilidad social y el beneficio económico, pero para todos los ecuatorianos?

¡RETOS DE LA ASAMBLEA!