En los últimos meses, la disputa generada por dos megaproyectos relacionados con el desarrollo de Punta Colonet –la mina para la obtención de titanio y hierro en el subsuelo marino y el puerto de altura, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende licitar en los próximos meses– pone al descubierto una supuesta red de corrupción.

Según los planes de la SCT, la Bahía Colonet se convertirá en un gigantesco desarrollo con 10 muelles de 400 metros cada uno, suficientes para aceptar embarcaciones de gran calado. Con éste se busca controlar el tráfico de carga de la costa Pacífico y el tránsito de mercancías y energéticos.

Sin embargo, el Congreso de Baja California no sólo canceló su apoyo al Desarrollo del Proyecto de Punta Colonet, sino que ya exige a la administración estatal que explique sus planes respecto del mismo. Bernardo Martínez, secretario de gobierno de Baja California, se limita a aclarar que la inversión en Colonet será superior a los 10 mil millones de dólares.

Mientras que, ante la prensa, Eugenio Elorduy asegura que se trata de un proyecto estratégico para el desarrollo de México. El gobernador indica que la inversión “busca beneficiar a las grandes mayorías y no a ciertos intereses que no están bien identificados”, en alusión al grupo Minero Lobos –encabezado por Gabriel Chávez–, que tras una investigación perdió la concesión de la mina.

Revocan concesión

El secretario general del gobierno estatal confirma que Gabriel Chávez Aguirre, Adolfo Rodríguez Haros y Sergio Saucedo Martínez perdieron las anuencias que habían obtenido para la extracción de metales en Punta Colonet, proyecto que se contraponía al del megapuerto de carga.

Bernardo Martínez precisa que el 9 de mayo pasado el gobierno federal inició los trámites de cancelación y dio un plazo de 60 días al Grupo Minero Lobos para que se inconformara contra dicho procedimiento.

Al no haber respuesta, las autoridades federales determinaron anular los permisos para la explotación de minerales en la zona sur del municipio de Ensenada. Con el título 225 mil 263, la concesión minera –que permitía la explotación de minerales metálicos (titanio)– fue la primera en su tipo, tras la reforma a la ley minera hecha en el sexenio de Vicente Fox.

Con ésta, el Grupo Minero Lobos podía explotar 32 mil hectáreas de costa, que coincidían con la zona donde se planificó un puerto del desarrollo de Punta Colonet, detenido éste durante dos años. En ese tiempo, la minera Lobos debió realizar estudios para confirmar el potencial del sitio concesionado, lo que, a decir del gobierno federal, nunca se hizo.

En 2005, la sociedad Baja California Puerto Enterprise (BCPE) –conformada por Grupo Minero Lobos y SSA Marine México– se dijo dispuesta a llegar a un acuerdo con la SCT, pero en agosto pasado dicha Secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que establece que la zona concesionada será puerto de altura y cabotaje.

Por la contraposición de sus planes, SSA Marine y Hutchison Ports se enfrentan. La primera de ellas está asociada con Grupo Minero Lobos, para la explotación de minerales en la costa de Baja California, la segunda promueve con la SCT la creación de un puerto.

El interés de ambas es el manejo portuario de contenedores, dado el potencial comercial e industrial que alcanzaría la zona, ya que millas al norte, los puertos de Los Ángeles y Long Beach están ya saturados y la mercancía procedente de Asia busca otro punto de entrada al continente.

Ruffo, detrás del proyecto

El exgobernador panista y excomisionado para Asuntos de la Frontera Norte, Ernesto Ruffo Appel, adquirió mil 315 hectáreas en Punta Colonet, por 3 millones de dólares, además de adquirir 10 mil hectáreas de terrenos planos a 270 kilómetros de Tijuana.

De acuerdo con una investigación del exdiputado priista, Jaime Martínez Veloz, los socios de Ruffo son el constructor Roberto Curiel Ortega, con quien fundó la empresa Puerto Colonet Infraestructura que busca controlar toda la construcción del nuevo embarcadero; Héctor Moisés Calderón, accionista de la inmobiliaria que vendió los terrenos, y Juan Manuel Chávez García. Con éstos creó la empresa Integradora Baja Aeropuerto, que adquirió 3 mil hectáreas para construir un aeropuerto internacional de carga.

El operador del puerto será Hutchinson Port Holdings, que opera actualmente los cuatro puertos más importantes de México: Veracruz, Manzanillo, Ensenada y Lázaro Cárdenas. Esta empresa pertenece a Li Ka Shing, uno de los hombres más ricos del mundo que comenzó con la especulación bursátil en Hong Kong.

El círculo de socios se cierra con Union Pacific, una de las empresas ferroviarias más importantes de Estados Unidos, que no sólo operaría toda la carga por tierra de Punta Colonet a Estados Unidos, sino que realizaría el trazo y colocación de vías ferroviarias en dos sentidos entre ese puerto y San Isidro, California.

Union Pacific tiene entre sus miembros del Consejo de Administración al expresidente Ernesto Zedillo, quien durante su administración privatizó el sistema ferroviario y puso en venta los derechos de vía.

El nuevo proyecto portuario busca sacar provecho de la saturación de los puertos californianos y del Tratado de Libre Comercio. Mientras que Long Beach y San Pedro tienen 27 terminales principales de carga y accesos ferroviarios fáciles, en Punta Colonet se instalarán 17, cifra que supera todos los puertos mexicanos.

Los dos puertos californianos manejan 40 por ciento de toda la carga que llega a Estados Unidos. El 80 por ciento de productos que llegan de Asia a América entran al mercado estadunidense por sus terminales. Pero están a su capacidad máxima.

Martínez Veloz asegura que 70 por ciento de todos los contenedores descargados en California llegan de acuerdo con las disposiciones del Programa de Seguridad de Contenedores, que es un puerto estadounidense creado para que la revisión de la carga sea en los países de embarque, facilitando así un comercio más expedito.

El puerto, casi un hecho

El Grupo Minero Lobos ha perdido los seis amparos que promovió para defender su concesión, asegura Bernardo Martínez. De acuerdo con el secretario de gobierno, la Consejería Jurídica de Presidencia ya emitió un dictamen que garantiza al municipio y al estado la viabilidad del proyecto portuario.

En conferencia de prensa, el presidente municipal de Ensenada, César Mancillas, indicó que los intereses del Grupo Minero Lobos no se pueden anteponer al proyecto más importante de los últimos 50 años. Agregó que en torno a Colonet hay muchos intereses y se trata de proteger que en el proceso no haya quienes antepongan estos intereses sobre los del bien público.

Ante estos hechos, BCPE propuso conceder dos terceras partes del espacio solicitado (2 mil 400 hectáreas) para que ahí se desarrolle el puerto de la SCT. Gabriel Chávez Aguilar, su director, dijo en conferencia de prensa que “nos interesa poder crear un polo de desarrollo integral. La zona puede ser explotada en lo mineral y en lo portuario”.

Agregó que “si hay otro proyecto como el que pretende la SCT podemos ceder las hectáreas para realizarlo, pero nosotros queremos contar con el derecho de operar un espigón, donde se puedan atracar hasta nueve barcos”.

Conflicto de intereses

Ernesto Ruffo Appel advierte que ante la falta de claridad en el megaproyecto de Punta Colonet, varios puertos de la costa oeste de Estados Unidos y Canadá han empezado a ampliar sus instalaciones.

Los costos seguramente serán más altos, pero si no hay alternativas, los barcos irán a descargar ahí en enero de 2011, señala. Agrega que el tema de Colonet tiene su propio dinamismo, basado en la congestión de contenedores en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, donde para diciembre de 2010 será imposible mover más contenedores, tras un crecimiento anual sostenido de 8 por ciento.

Ruffo Appel reconoce que promueve, “con mucho entusiasmo”, el proyecto de Punta Colonet, pero no por sus propios intereses, sino “porque es un lugar de características ideales: aunque hay otros lugares con profundidad en el lecho marino, no tienen los espacios para crecer ni la posibilidad de una conexión por ferrocarril”.

El pasado 8 de agosto Bahía Colonet se habilitó con carácter de puerto en navegación de altura y cabotaje y se espera que su licitación se dé en los próximos días.

Asunto bilateral

Estados Unidos ya nombró un representante para iniciar las negociaciones entre ese gobierno y la Unidad Jurídica de la administración de México.

La administración estadunidense presentó una propuesta para desarrollar el puerto. Se trata de numerosas puntualizaciones de carácter jurídico y técnico, dijo el alcalde de Ensenada, que involucran recursos, participaciones e inversión pública y privada.

De acuerdo con Mancillas, se analiza cómo será el desarrollo urbano del poblado y se pretende llegar a acuerdos para no afectar a terceros, en especial a los propietarios de la tierra, por lo que está en diálogos con los ejidatarios, quienes llamaron la atención de los funcionarios cuando brindaron su apoyo a la postura asumida por la Legislatura de Baja California, que negó la anuencia al megaproyecto para la construcción de un puerto de altura.

Los ejidatarios

Jesús Lara Aguirre, representante de alrededor de 650 ejidatarios de las comunidades que forman parte del núcleo urbano de Punta Colonet, asegura que, al igual que el Congreso del estado, tampoco conocen el proyecto. Denuncia que, incluso, han sido ignorados hasta por las autoridades del gobierno estatal en sus demandas de información de primera mano sobre lo que se pretende hacer en esa región del municipio de Ensenada.

“Tuvimos que llevar nuestra gente hasta Mexicali. Los representantes de los ejidos fuimos a visitar al presidente de la mesa directiva del Congreso local, Ricardo Magaña Mosqueda. Nosotros somos los dueños de la tierra, miembros de esas cuatro comunidades, por eso el diputado Magaña, que es panista, se enojó. Él vio la injusticia de que nos quieran jugar, la manera en que nos quieren agandallar, especulando con nuestras tierras, sin saber nosotros qué van a hacer, ni cómo nos van a pagar lo justo. ¿Nos van a desplazar, qué van a hacer con nosotros? Nos ofrecen mucho progreso, pero nos tienen a oscuras. Tuvimos que hacernos presentes en el Congreso para que se acuerden que existimos”, dice.

Los frentes de playa que involucran al puerto Colonet son propiedad de los ejidos 27 de Enero, Villa Morelos, Gustavo Díaz Ordaz y Héroes de Chapultepec, que tienen propiedad desde el farallón, donde se ubica la primera señal de la SCT.

Los ejidatarios, acostumbrados a vivir sin intervención gubernamental, acuden ahora a las autoridades, porque algunos promotores, mediante engaños, han intentado por distintas vías, apropiarse de sus predios.

Según se prevé, el ejido Villa Morelos podría ser el más afectado, ya que se ubica al centro y a los lados de la desembocadura del arroyo San Rafael, y es posible que parte de los terrenos se excaven e inunden durante la construcción. Cabe la posibilidad, incluso, de que por sus tierras circule el ferrocarril que deberá integrarse al puerto para llevar la mercancía hasta Yuma, Arizona.

Los ejidatarios han recibido a distintos emisarios, quienes buscan comprarles terrenos. Algunos se vendieron, por desconocimiento, en cinco dólares el metro cuadrado. Ahora, los corredores de bienes raíces de México y Estados Unidos ofrecen hasta 25 dólares por metro cuadrado.

Según Lara Aguirre, los ejidatarios están a favor de un proyecto como el que se habla, ya que representaría una oportunidad para propiciar el desarrollo de la economía de esa zona.

Indica que aquí aumenta el problema de rentabilidad en la actividad agrícola; sin embargo, advierte que “estamos exigiendo que también haya transparencia en todo esto y sería muy lamentable que por falta de coordinación entre autoridades y de comunicación con la comunidad, vaya a frustrarse la realización de un proyecto de esa naturaleza”.

“No entendemos –añade– por qué las autoridades tienen tanto trabajo en transparentar las cosas”. Ni siquiera el gobernador ha atendido sus solicitudes de audiencia, en lugar de ello envió al secretario de Desarrollo Económico, Sergio Tagliapietra a entrevistarse con ellos, “pero ésta fue sólo una visita de cortesía, porque el funcionario no dio explicación alguna”.

Lara Aguirre dice que, “como dueños de la tierra, queremos saber lo que está ocurriendo”. Advierte que las cuatro comunidades ejidales rechazarán el plan maestro de Desarrollo Urbano de Punta Colonet, que supuestamente está en elaboración, en caso de que no sean tomados en cuenta.

Los ejidatarios temen un intento de expropiación por parte del gobierno federal para beneficiar a los concesionarios, por lo que han establecido un frente común para evitar ser despojados. Ellos desean formar parte del desarrollo que por décadas les ha sido vedado, y piden a los gobiernos estatal, municipal y federal transparentar el proceso del Puerto de Colonet.

Lorena Rosas