GDF patrón déspota

Al reverso de un cartel que ostenta una convocatoria para escoger la mascota y el logotipo para el deporte en la ciudad de México, Guadalupe, coordinadora de módulo en la delegación Azcapotzalco, escribe: “Te invitamos a la carrera que se llevará a cabo este próximo sábado a las 11 de la mañana”. Dice que las medallas y el agua correrán a cuenta del Instituto del Deporte del Distrito Federal, mientras que ella dibujará los números para los corredores en hojas de papel y usará mecates como límites de la pista.

“No tenemos para más”, se lamenta. Guadalupe improvisa y recicla para promover actividades en la colonia, y paga por el material de papelería que la Subsecretaría de Participación Ciudadana –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal– debería proveer.

Como convenio entre la Secretaría de Seguridad Pública y el organismo, los módulos de seguridad se usan para fortalecer la integración de la ciudadanía con el gobierno. Aquí también se pueden presentar denuncias vecinales, como parte del programa de Coordinación Territorial de Seguridad Pública, y acuden representantes de otras dependencias para entrevistarse con los capitalinos.

Sin embargo, este inmueble está casi olvidado. Afuera, el grafiti opaca los anuncios y avisos. Adentro, pedazos de techo se han caído por la humedad, hay goteras y grietas, y el mobiliario es prestado. El alumbrado no sirve y su rededor es tiradero para cascajo. En el resto de los 377 módulos de seguridad la situación no es distinta. En algunos ni siquiera gozan de sillas, teléfono o agua.

Son los vecinos quienes regalan enseres, materiales y recursos para dar lecciones de danza, pintura, inglés, bordado o acondicionamiento físico. También han colocado láminas para cubrir el enrejado del módulo e impedir el paso del frío. Bruno Hernández Camacho, promotor vecinal en la misma delegación, señala que “si no fuera por la ayuda de la comunidad, esto se vendría abajo”.

Aunque la tarea de coordinadores y promotores es la difusión de los programas del gobierno del Distrito Federal, Guadalupe obtuvo por su cuenta la mayoría de los folletos sobre protección civil, atención a personas discapacitadas, microcréditos, servicios médicos, educación y violencia intrafamiliar, pues el gobierno del Distrito Federal no se los entrega.

Para las próximas 66 asambleas ciudadanas –para revisar y dar seguimiento a las políticas públicas– en El Rosario, Bruno asegura que falta infraestructura y material. Y si en la administración anterior les daban de 2 mil a 6 mil volantes, ahora contarán sólo con 500, cuando están obligados a convocar como mínimo a 66 personas por asamblea.

Aún así, la promotora debe realizar, mínimo, tres actividades diarias y reunir a 10 personas por cada una. De lo contrario, se expone a ser amonestada.

La divulgación del trabajo en módulos es mermado por el apremio del gobierno del Distrito Federal. En vez de dedicarse a su difusión, los promotores vecinales deben entregar vales y apoyos, tarea en la que se pueden llevar hasta 13 horas diarias.

Por lo demás, su situación laboral no es ideal: los promotores y coordinadores vecinales de la Subsecretaría de Participación Ciudadana están contratados por honorarios y no tienen ninguna prestación. Su seguridad está en constante riesgo debido a la suplantación en los puestos y los despidos injustificados. Y si protestan, son reprimidos.

Los promotores y coordinadores son utilizados también para hacer vallas, repartir propaganda y rellenar espacios en los eventos del gobierno del Distrito Federal.

Maltrato laboral

Andrés Manuel López Obrador promovió la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito –figuras propuestas desde 1999 en la Ley de Participación Ciudadana– durante su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal. Esto originó la creación y posterior desarrollo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana.

Quienes fueron brigadistas en su campaña serían basificados como promotores vecinales. Ésa fue la promesa, hasta hoy no cumplida. Ni la ayuda brindada a las candidaturas de López Obrador o Marcelo Ebrard en 2006 es garantía para la permanencia de los trabajadores.

A Sergio Vargas, expromotor vecinal de la delegación Gustavo A. Madero, despedido después de seis años de trabajo por “necesidades de la institución”, nunca le dieron una razón justificada, inclusive se evaluó su trabajo y le aseguraron que lo iban a recontratar, pero no ha sido el caso.

Él se lo atribuye a que expuso sus inconformidades: “Si tienes una opinión contraria, entonces te llaman antinstitucional. Desde el sexenio pasado, no podemos hablar por el riesgo de quedar fuera”.

Los cambios de adscripción también son una medida para quien se opone. Vargas fue enviado de la delegación Cuauhtémoc a la Gustavo A. Madero, donde laboró hasta marzo pasado. Meses atrás se le ordenó dejar su puesto.

La urgencia del gobierno del Distrito Federal por entregar leche Liconsa, al inicio de este año, requería de todos los promotores y Vargas fue de nuevo emplazado. Una vez terminada la contingencia, el expromotor perdió su puesto.

Vargas indica que, durante el sexenio anterior, los contratos eran firmados cada año, siempre benéficos para el empleador. Con la llegada de Ebrard, eso sucede cada tres meses.

El 2 de octubre pasado, promotores de la delegación Miguel Hidalgo cerraron las oficinas de Participación Ciudadana en la demarcación porque una decena de compañeros también fueron cesados sin motivo aparente. El argumento de las autoridades es que el promotor debe ser joven y con estudios.

María Magdalena Valladores, expromotora vecinal de Miguel Hidalgo, no encaja con esa imagen, aunque sí le antecede su trabajo comunitario. La despidieron en junio porque no estaba “rindiendo el tiempo suficiente”, cuando laboró jornadas de 12 horas, sin descansos ni fines de semana. Además fue obligada a firmar su renuncia. Le dijeron que de no hacerlo, no le pagarían a sus compañeros.

“Siempre sacamos el trabajo: si había que comprar volantes, alquilar sillas y carpa, lo hacíamos. Dicen que es por el cambio en este país, cuando la prioridad es repartir volantes y pegar carteles, en vez del trabajo comunitario”, reclama.

Al respecto, Gloria, de la delegación Iztapalapa, expone que se formó un grupo llamado Brigada Especial, formado por los 100 mejores promotores y cuya tarea es aplaudirle al jefe de gobierno en sus eventos.

También afirma que el Programa de Mejoramiento Barrial sólo está privilegiando a grupos aliados a la clase política. Los señalamientos hechos –explica– derivaron en despidos. “Defenderemos este espacio que construimos. No vamos a dejar que caiga en manos de quienes no lo respetan ni valoran”, asegura.

Los trabajadores señalan que los nuevos promotores no están comprometidos y tampoco preparados, pero tienen la plaza por amiguismos y lealtades. Bruno Hernández declara que “hay personas que cobran y están en la nómina, pero jamás se les ha visto en la oficina ni en las reuniones”.

Despojo al salario de promotores

En relación con las condiciones salariales, Carlos Escalante Cortés, promotor en la delegación Cuauhtémoc, expresa que aunque el programa de módulos entró en febrero, hasta abril les comenzaron a pagar.

La denuncia también viene de Carmen Hernández Tapia, de la delegación Álvaro Obregón, quien indica que en enero les redujeron 100 pesos en el salario y hace un mes les quitaron 10 pesos más. Se enteró que dicha rebaja fue para ayudar a los damnificados del terremoto en Perú. Efrén Cano Garrido, de la delegación Miguel Hidalgo, agrega que el salario de promotores es depositado de manera mensual, a destiempo, hasta con prórrogas por seis días.

Exponen que desde el comienzo de la administración de Ebrard la carga de trabajo ha aumentado, pero los materiales e insumos han disminuido. Escalante Cortés denuncia que el presupuesto se aplica para otras causas, como sucedió con la Consulta Verde. En cada módulo los promotores debían repartir de 50 a 60 playeras con gorras.

Asimismo, califican el trato hacia promotoras y promotores como “denigrante”. Se les habla con groserías y se les humilla, y mientras exponen su seguridad personal en colonias populares y con altos índices de delincuencia, no gozan de seguro médico o de vida.

“A través de la actividad de los compañeros se posiciona bien o mal el gobierno mismo. Se debe valorar y dimensionar en su justa medida este trabajo”, reflexiona Sergio Vargas.

Organización y represalias

Después del paro laboral en octubre, promotores de Miguel Hidalgo afirman que aunque prometieron basificarlos, aún no han firmado contrato.

Karina Martínez, quien participó en la protesta, denuncia que en respuesta a sus inconformidades no les firman el informe de trabajo y les cambian las líneas de trabajo para demeritarlos. Además, los días que organizan sus reuniones para resolver qué acciones van a tomar, se les programan actividades a las que están obligados a asistir.

Al respecto, Cano Garrido alerta que como represalía, en la delegación Miguel Hidalgo planean cambiar a los promotores de zona. Al tiempo, Bruno Hernández apunta que “quieren fastidiarnos y fraccionarnos, y la presión es mucha”.

Luego de meses de solicitar una junta con Jesús Valdez, subsecretario de Participación Ciudadana, los promotores se atrincheraron el 5 de noviembre en las instalaciones del organismo para exigir que se les recibiera.

Finalmente, Valdez se reunió con ellos y prometió que se reinstalarían a los trabajadores despedidos, que se evaluaría la labor de cada empleado en la subsecretaría y se dotaría con el material necesario a cada promotor.

Educadoras en lucha

Como los promotores vecinales, las educadoras en salud –integrantes del Instituto para la Atención al Adulto Mayor del Distrito Federal– también sufren transgresiones a sus derechos laborales. Cualquier motivo es suficiente para ser despedidas.

Alma Miranda Ríos, de la delegación Cuauhtémoc, describe que eran obligadas a firmar su renuncia a puerta cerrada, sin que se les permitiera salir hasta cumplir con la orden. Además tienen jornadas de más de ocho horas sin pago de tiempo extra ni seguro social.

Una vez organizadas, el propio Marcelo Ebrard les prometió otorgarles la base, oferta que, según la educadora, generó más incertidumbre porque a discreción se quedaban quienes eran más cercanas a los jefes inmediatos. Alma explica que el gobernante no ha cumplido con su palabra, pero sí las contrataron bajo Código Funcional, régimen que les quita prestaciones.

“Buscamos que nos den uniformes, zapatos y servicio de guardería. Somos mil 200 trabajadores de entre 25 y 45 años y queremos que se nos respete la antigüedad, se nos asigne un seguro de riesgo y un aumento salarial”.

Asimismo, la libertad de expresión y de asociación siguen siendo consignas para el acoso y el despido. Además, como los promotores, las educadoras deben pagar materiales y transporte. Ello, a pesar de ganar 2 mil 800 pesos al mes.

“Tratamos de mantener la organización porque es la única forma de exigirle al gobierno que nos vea. Sólo requerimos lo que es nuestro derecho”.

“Austeridad”, la razón

Los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal están sujetos a tres tipos de contrataciones: de base, eventuales y por honorarios, quienes no tienen prestaciones. El motivo para no contratar empleados por nómina –según el diputado Humberto Morgan, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa– es la austeridad, “pero este gobierno de izquierda y democrático siempre ha cuidado el respeto a los derechos laborales”.

Por el contrario, el asambleísta Miguel Ángel Errasti afirma que los promotores viven en la orfandad jurídica y laboral y están expuestos al capricho de su jefe inmediato. “Ni siquiera caen en el apartado B, como los burócratas, amparados por las condiciones generales de trabajo”.

El secretario de la Comisión de Participación Ciudadana reitera que el objetivo de los promotores es que se escuche la voz de la gente, pero “el gobierno está más interesado en fomentar programas que le son más rentables, y los promotores son el apoyo cuando vienen marchas, mítines o hay que pararse en un semáforo”.

Errasti se muestra escéptico en el tema de la austeridad. A su parecer, hay discordancia entre lo que ganan los altos funcionarios y el trabajador común. Mientras los coordinadores regionales ganan 50 mil pesos, los promotores vecinales perciben 4 mil 700 pesos; y los coordinadores de módulo, 5 mil 900.

Rezagos en Participación Ciudadana

Tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa presentaron iniciativas para reformar la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal que fortalecerán la inclusión y la desvinculación proselitista.

El diputado Humberto Morgan apunta que se ampliaría la participación a organizaciones sociales, liderazgos populares e instituciones: “Se trata de orientar la ley hacia los grandes temas que afectan a la ciudadanía, y darle certidumbre a los ciudadanos para que tomen decisiones junto con el gobierno”.

Sin embargo, el perredista admite que hay reticencia política para hacer cumplir la Ley de Participación Ciudadana, y la clase política sólo la incita en época electoral. Una vez terminada, reclama, no se acuerdan de los ciudadanos.

También recuerda que en ocho años no se han consumado las elecciones vecinales, pues “no hay disposición de las fracciones parlamentarias para que haya una representación ciudadana”.

Al respecto, Errasti Arango califica de obsoleta la actual legislación. Por ello, ve necesaria una evaluación del trabajo al interior de la Subsecretaría de Participación Ciudadana. De lo contrario, “en las consultas seguirá participando poco menos del 2 por ciento de los 9 millones de habitantes de la ciudad”.

Se solicitó entrevista con el subsecretario de Participación Ciudadana, Jesús Valdez; sin embargo, en la oficina del funcionario se disculparon porque el servidor público tenía una “agenda saturada”.

Revista Contralínea
México
Fecha de publicación: Enero de 2008