El golpe a la Normal Rural de Ayotzinapa

Sin tomar en cuenta esta historia de agravios, la nueva clase política montada en la estructura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha impuesto una forma de gobierno a la usanza de un despotismo ilustrado que quiere reeditar los tiempos del extinto gobernador, José Francisco Ruiz Massieu, combinado con el sello bronco y represivo del cacicazgo de los Figueroa. En Guerrero, a través del Ejecutivo estatal, el PRD se ha alineado a la derecha del gobierno federal, con la coartada de que un gobernador debe mantener una relación institucional, sin que importen los principios políticos y las posiciones ideológicas.

Esta tabula raza de la historia explica el pragmatismo craso y el recurso de la fuerza de este nuevo gobierno para congraciarse con los lineamientos políticos de la federación, sin redimensionar el costo social, ni valorar los riesgos de una crisis de ingobernabilidad. Las autoridades estatales se empeñan en imponer por la fuerza el proyecto hidroeléctrico La Parota que implica mil millones de dólares y se obstinan en negarles 75 plazas a normalistas de familias pobres, con el argumento de que no hay recursos financieros para contratar a nuevos maestros.

El gobierno perredista quiere vender la idea de que el nuevo paraíso de los guerrerenses llegará con la inversión extranjera; por ello, la inversión en el Acapulco rural y en la Costa Grande se ha vuelto la principal prioridad para sacar al estado de los últimos lugares del rezago social en que se encuentra sumergido. Lo paradójico es que esta visión no se articula como un proyecto que se nutre del clamor profundo de los pueblos que se encuentran en el fango del analfabetismo, la desnutrición y el hambre. Esta tragedia no se asume de manera frontal con los actores del Guerrero de abajo, que siguen siendo discriminados y vilipendiados.

El caso de los normalistas de Ayotzinapa es un ejemplo claro de cómo un gobierno perredista criminaliza la protesta con tal de mantener la línea del gobierno federal de no abrir más plazas para la población estudiantil, ubicada en regiones pauperizadas. La consigna nacional es cancelar las plazas para maestros y cerrar las normales rurales, para apagar los focos rojos del pensamiento crítico y de la lucha digna de los estudiantes que puedan hacer realidad el derecho a la educación y al trabajo. En este marco de confrontación política contra los sectores marginales se explica la represión que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa apoyados por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que en menos de 20 días fueron agredidos por la policía estatal y federal.

Ante la falta de interlocución con el Ejecutivo estatal, los estudiantes emprendieron varias acciones para hacer patente su reclamo legítimo, ante la opinión pública, sobre el otorgamiento de 75 plazas y el respeto a la licenciatura en educación primaria, que en diferentes ocasiones las autoridades educativas han pretendido cancelar, como el primer paso para cerrar el internado y la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Esta amenaza anunciada por las autoridades del estado ha tenido como respuesta por parte de los normalistas de Ayotzinapa diferentes formas de resistencia, apelando a la acción directa para presionar al poder Legislativo como un interlocutor con peso político que tuviera la sensibilidad y la capacidad de convocar al Ejecutivo para sentarse a dialogar con los normalistas.

Con esta intención, el 14 de noviembre más de mil estudiantes normalistas se apostaron en los accesos del Congreso del estado para ejercer presión a los diputados y obligarlos a asumir su responsabilidad de representantes populares. El presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Reyes Torres, en lugar de asumir el reto de los estudiantes de poder dialogar de manera abierta y franca, se supeditó a la posición del Ejecutivo estatal y pidió la intervención de los granaderos, que llegaron accionando sus toletes y disparando bombas de gases lacrimógenos para dispersar a los normalistas que exigían la presencia de los diputados. El saldo fue de 250 jóvenes detenidos y un estudiante de primer año lesionado gravemente.

Esta acción concertada entre el poder Ejecutivo y Legislativo de reprimir a los estudiantes fue reforzada con una campaña de linchamiento en los medios de comunicación oficiosos que se encargaron de denostar el movimiento de resistencia que han mantenido por más de tres meses los normalistas rurales.

El 30 de noviembre, más de 100 estudiantes que realizaban una acción de propaganda y boteo en la caseta de cobro La Venta sufrieron la agresión de la Policía Federal Preventiva. Nuevamente se trató de un operativo planeado y concertado con las autoridades estatales para poder fincarles delitos de índole federal a los manifestantes y colocarlos fuera de la legalidad.

La intención de golpear a los normalistas es debilitar su movimiento, diezmar el ánimo y generar un ambiente de derrota y conformismo. Lo lamentable ha sido la posición de los diputados federales y locales, mayoritariamente perredistas, que se han supeditado a la posición del Ejecutivo con la idea mezquina de no ver afectados sus intereses para aspirar a un cargo popular en las próximas elecciones. A la clase política no le interesa tanto defender y reivindicar el derecho a la educación y al trabajo de los estudiantes, sino consolidar su poder para lucrar con los dividendos que da el vivir en un estado pobre. Se niegan a abrir la puerta a los estudiantes porque no quieren correr el riesgo de echar a perder sus proyectos políticos y que los grandes negocios se vengan abajo a causa de que haya más educación y más empleo en las regiones más deprimidas del país.