Mientras la fuerza policial reprimía el miércoles a los jóvenes que intentaban tomarse la principal arteria de Santiago, los camioneros completaban dos días obstruyendo impunemente las principales autopistas del país. Los estudiantes reciben palos, en tanto algunos policías colaboraban con los dueños del transporte para mantener el “orden vial”, mientras estos apedreaban, detenían y, en un gesto típicamente facistoide, obligaban a plegarse a su manifestación a las máquinas que se atrevieron a movilizar carga.

Las Fuerzas Especiales de Carabineros actuaron automáticamente en la Av. Alameda de Santiago, bajo una intensa lluvia, contra una manifestación convocada por el Colegio de Profesores, con participación de estudiantes secundarios y universitarios, deudores hipotecarios de Andha Chile y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Simultáneamente, cientos de vehículos de gran tonelaje permanecen amontonados en las autopistas, permitiendo la circulación por un solo canal, con tráfico lento y colas interminables a lo largo del país. Los dueños de camiones exigen que el gobierno rebaje el precio de los combustibles, mientras los estudiantes y profesores manifiestan contra una nueva Ley General de Educación que estiman no mejorará la calidad de la cuestionada educación pública.

Todo esto ocurre a escasas horas del entierro del director de Carabineros, general Alejandro Bernales, fallecido el jueves 29 de mayo junto a otras 11 personas en un accidente de helicóptero en Panamá. El gobierno y los medios de comunicación convirtieron al difunto Bernales en una suerte de mártir del deber y el patriotismo, en un exagerado show mediático de casi una semana. Uno de los pocos sectores que no enviaron condolencias por este deceso fueron las organizaciones mapuches que viven como en Palestina, con su territorio ancestral prácticamente ocupado por fuerzas de Carabineros.

Debilidad gubernamental

El gobierno intentó aplacar a los camioneros anunciando una inyección de mil millones de dólares a un fondo de estabilización del precio de los combustibles, pero los empresarios no levantaron su manifestación iniciada a la medianoche del lunes. Los camioneros presionan por la eliminación de un impuesto que grava en Chile a los combustibles derivados del petróleo.

El líder de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, decidió extender indefinidamente el paro más allá de la medianoche de este miércoles, que era el plazo inicial de 48 horas, acatando la presión de los enardecidos camioneros. El paro está contribuyendo al aumento de los precios de los alimentos, los mercados de Santiago comienzan a exhibir escasez de abastecimientos y en algunos sectores de, país comienza a acabarse la gasolina, que tampoco puede transportarse. La prepopotencia de los camioneros deja en evidencia la debilidad del gobierno de Michelle Bachelet respecto al lumpen empresarial de los transportistas, en contraste con la mano dura contra los estudiantes que reclaman reformas, los mapuches que aspiran a sus tierras e incluso los cinematografistas que registran estas luchas, como le ocurre a la documentalista Elena Varela, quien se encuentra presa desde el 7 de mayo.

La prensa local informó que "los dirigentes de asociaciones gremiales de la Región de Coquimbo a Los Lagos, decidieron mantener de manera indefinida la movilización en protesta por el alza en los precios del petróleo”, citando al portavoz de los dueños de camiones, Javier Lazcano. "Las razones es que no tenemos ningún comunicado oficial, algo que sea concreto y claro, para que nosotros podamos desistir del paro", dijo un desafiante Lazcano.

La Ley General de Educación

Según el Colegio de Profesores, el paro contra la Ley General de Educación (LGE) tuvo un 90% de adhesión. La nueva ley es una iniciativa del gobierno que modificaría la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), una creación de última hora de la dictadura de Pinochet antes de abandonar el poder en marzo de 1990, pero dejaría intacto “el fin de lucro”, que fue la piedra angular de la llamada “revolución pingüina”, un prolongado conflicto estudiantil contra la LOCE que puso en jaque al gobierno de Bachelet a mediados de 2006. Para Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, los manifestantes buscan que el sistema educativo garantice “que cualquier niño tenga una educación de calidad y gratuita".

La nueva ley está siendo aprobada aceleradamente en el parlamento, donde el martes avanzó en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. "Nosotros hablamos de más de un 90% de adhesión al paro (...) hay una gran convocatoria, un gran respaldo y podemos decir que éxito total es esta convocatoria del magisterio", dijo Gajardo a La Segunda. La intensa lluvia que cae sobre Santiago no impidió que los estudiantes salieran a las calles a apoyar a los profesores.

"El gran propósito es tener mejor educación de calidad para los niños y jóvenes del país. Hay un gran espíritu de entrega de este magisterio de ponerse en la cabeza de un movimiento de defensa de la educación pública", agregó Gajardo a una radio emisora. Respecto a los “desórdenes públicos”, donde la represión del Estado contrastó con la impunidad del paro de camioneros que obstruye las principales carreteras públicas del país, el dirigente dijo que "no tendría que haber dificultades, nosotros nos haremos responsables de nuestros actos; nos vamos a centrar en nuestras demandas".

El último paro de camioneros en Chile, financiado notoriamente por EEUU, contribuyó de manera decisiva a la desestabilización del gobierno de Salvador Allende en los meses previos al golpe militar de 1973. La desfachatez de esta nueva versión del paro de los camioneros, resulta demasiado parecida a la movilización patronal de agricultores, con la reciente adhesión de los dueños de camiones, que afecta al gobierno de Cristina Kirchner en Argentina y a otras manifestaciones de subversión empresarial en América Latina.

Ernesto Carmona