Uno de los factores que favorecen las condiciones para más homicidios, agresiones y amenazas contra los periodistas, es la atmósfera conservadora del presidencialismo derechista. El calderonismo, que tanto habla del futuro para escaparse del presente y ataca indiscriminadamente las conquistas históricas a las que confunde con el pasado (cuando hay “una distinción precisa entre pasado e historia”, como en memorable análisis hace J.H. Plumb, en su ensayo La muerte del pasado) ha regresado a las tácticas, por otros medios pero con los mismos fines, del viejo autoritarismo que hunde sus raíces en el odio, desprecio, para santurronamente combatir el ejercicio de las libertades constitucionales.

No ha habido un pronunciamiento de Calderón de sometimiento a esas libertades, para garantizar su cumplimiento como servidor público. En su primer año y pico, la prensa tiene un saldo sangriento con más de seis homicidios, varios secuestros, desaparecidos, cierre de periódicos y amenazas de funcionarios de todos los niveles, que aprovechan la atmósfera de impunidad de las delincuencias y el narcotráfico para poner en su mira a los periodistas.

Es casi nula la voluntad jurídica para investigar y ejercer acción judicial, atendiendo las denuncias contra los gobernadores, los nuevos caciques, tras el desplome del antiguo presidencialismo y a cobijo del foxismo-calderonista. En este lapso se han cometido 39 asesinatos de periodistas, con la emboscada a dos reporteras, Teresa Bautista y Felicitas Martínez, en el contexto de todo lo que se pudre en Oaxaca.

Está la amenaza a la reportera Silvia Otero, del periódico El Universal, apenas hace unos días, hecha por el sedicente abogado de un narcotraficante. Tenemos las constantes agresiones y veladas amenazas al periodista de Veracruz Martín Serrano Herrera, por personeros del desgobernador Fidel Herrera; la desaparición de Alfredo Jiménez, porque sabía demasiado e iba a continuar publicando los nexos del narcotráfico presuntamente con un hermano del desgobernador Robinson-Bours, de Sonora; la amenaza a Joaquín López Dóriga; el crimen del corresponsal de televisión Amado Ramírez; el homicidio de Saúl Noé Martínez, en Agua Prieta; la desaparición de Rodolfo Rincón, en Tabasco; las amenazas a Sanjuana Martínez y Misael Habana de los Santos y Milo Vela, reporteros de la información veraz. Y qué decir del caso de Lydia Cacho, todavía en la total impunidad porque la mafia de los pederastas cuenta con la protección del “góber precioso”.

La lista de homicidios es larga y aumenta. Calderón y su director de Comunicación, Max Cortázar, después de fijar su línea de conducta con la advertencia-amenaza a Gutiérrez Vivó de que “está castigado”, favorecen la impunidad federal y consienten las embestidas y los baños de sangre de los desgobernadores contra los periodistas y los medios de comunicación. Y más porque ahora tratan de encubrir, con desinformaciones y declaraciones ambiguas hechas por Calderón, de “no meteré las manos al fuego por nadie”, seguidas de una defensa velada, de su todavía secretario de Gobernación.

Están los calderonistas más entretenidos en cómo controlar la información, desaparecer la crítica y manipular las asignaciones de la publicidad con dinero público, que en atender la trágica situación de periodistas y medios de comunicación que están siendo víctimas de la intolerancia política traducida en homicidios, agresiones y amenazas para impedir el ejercicio de las libertades de prensa.

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Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 01 de julio de 2008

Álvaro Cepeda Neri