Más de 5 mil personas han perdido la vida en hechos relacionados con el combate al narcotráfico. Alrededor de 500 estaban adscritas al Ejército Mexicano, la Marina Armada de México o las policías federales, estatales y municipales.

Las muertes, como toda la ola de violencia en el país desatada con la “guerra al narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón desde que se hizo de la Presidencia de la República, han servido de poco: la erradicación de cultivos de marihuana y amapola disminuyó y la incautación de drogas se mantiene en el 10 por ciento del total de la que circula en el país.

Infiltradas por el crimen organizado y la corrupción, las instituciones del Estado mexicano que supuestamente combaten el narcotráfico no logran coordinar un embate frontal. A decir del especialista Guillermo Garduño, “pareciera que el Ejército combate solo, porque jueces y funcionarios de Hacienda no están en la misma línea; hay esferas del propio gobierno que defienden a los delincuentes”. Y es que la “saturación militar” del país tendría como principal objetivo el “control social” y no el combate al trasiego de enervantes, completa el investigador Jorge Luis Sierra.

Los saldos de la supuesta guerra contra el narcotráfico han dejado de ser publicitados por los funcionarios. En Hidalgo, el 5 de julio pasado, el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño dijo que en el combate al crimen organizado “no se trata de quién gana o pierde, sino de ver que se ha reducido el poder de los grupos de delincuentes”.

Enseguida, vertió los “logros” de la administración calderonista: 23 mil personas detenidas, 55 toneladas de cocaína decomisadas y aseguramiento de 4 mil 500 millones de dólares.

Ejército, reprobado por la DEA

Sin embargo, la Drug Enforcement Administration o Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) descalifica el papel del Ejército Mexicano en la lucha contra el cultivo de drogas.

De acuerdo con el International narcotics control strategy report 2008, informe de la DEA elaborado con datos de 2007, la eficiencia de las autoridades mexicanas en la erradicación de cultivos de marihuana y amapola descendió desde la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República en diciembre de 2006.

Según la DEA, luego de que el Ejército Mexicano asumiera la responsabilidad exclusiva de erradicar los cultivos de drogas, “los niveles de erradicación de marihuana se redujeron en 21 mil 357 hectáreas”; y los de amapola, en “11 mil 46 hectáreas respecto de los niveles de 2006”.

En el documento se asienta que “la disminución en las tasas de erradicación se debe, en parte, a la realineación de las responsabilidades de erradicación aérea. La PGR (Procuraduría General de la República) dejó sus vuelos de erradicación en diciembre de 2006, y la posterior tasa de erradicación de los militares ha sido lenta”.

La oficina estadunidense de combate al trasiego de drogas también advierte que, “pese a los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano para restringir la entrada ilícita de precursores de droga a Estados Unidos, la fabricación y el tráfico de metanfetaminas en México sigue siendo significativa en 2007”. Reporta un aumento de apenas 278 kilos en las incautaciones respecto a 2006.

De acuerdo con el especialista Jorge Luis Sierra, posgraduado en política y economía de la defensa por la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, “el flujo general de drogas persiste en las mismas características de siempre. El nivel de decomiso no ha cambiado: sigue siendo del 10 por ciento de la cantidad de droga que se estima que pasa por México y llega a Estados Unidos”.

En la evaluación del gobierno mexicano, la DEA celebra el “récord” de extradiciones del gobierno de Calderón a Estados Unidos en 2007 (83); las detenciones de Zhenli Ye Gon, dos hermanos Beltrán Leyva, y la Reina del Pacífico, Sandra Ávila; así como la aceptación de cursos de capacitación impartidos por estadunidenses: “El gobierno de Estados Unidos capacitó a miles de mexicanos en 2007”.

El “personal capacitado” depende de la Administración General de Aduanas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. Entre los cursos impartidos se encuentra el de “aplicación de la ley”.

Enemigo desconocido

El Ejército Mexicano dice desconocer al enemigo que combate. En respuesta a la solicitud de información de 0000700070908 presentada por Contralínea, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señala que la información relacionada con las bandas del narcotráfico “queda fuera del ámbito de la competencia de esta secretaría”.

La información requerida: estados de la república donde operan las bandas del narcotráfico, nombres con los que se les identifica, líderes, número aproximado de integrantes, droga que trafican. La Sedena sólo atina a decir: “Sobre el operativo vigente para el combate al narcotráfico, esta secretaría se encuentra aplicando actualmente la ‘directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012’ y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

A este respecto, Jorge Luis Sierra, quien ha sido consultor de The Washington Office on Latin America, señala que “no existe una política integral de Estado para combatir al narcotráfico y sus causas; parece que lo único que importa es la imagen”.

A decir del investigador, la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón se resume en “un gasto de dinero de manera irracional que la gente está pagando con sus impuestos”. La consecuencia “de que se estén utilizando los recursos militares en un guerra que aparentemente no tiene fin y que carece de sentido de victoria, será la desmoralización de las fuerzas armadas. Además, el otro gran costo que se está pagando es la vida de los propios soldados, a quienes se les está dando la orden de combatir a un enemigo que está protegido por otras partes del propio gobierno”.

El especialista en fuerzas armadas, Guillermo Garduño, explica que en México se ha desatado una guerra que se libra en cinco frentes: entre las mismas bandas del narcotráfico; entre el Ejército y los cárteles de la droga; entre las policías y los narcotraficantes; en las calles de distribución menudista y en las esferas políticas.

Para Garduño, la única institución que combate frontalmente al narcotráfico “y con estrategia” es el Ejército Mexicano. Sin embargo, se trata de una guerra que de antemano está perdida.

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y catedrático invitado del Colegio de la Defensa Nacional –institución de la Sedena encargada de formar a los altos mandos del Ejército– señala que el primero de los seis ejes de la estrategia castrense es la captura de los jefes de las organizaciones delincuenciales.

“Pero cada vez que se captura a un capo importante, éste es sustituido inmediatamente en la estructura de la mafia. Así, resulta muy poco significativa cualquier detención.”

El segundo eje es penetrar los territorios ocupados por el narcotráfico para recuperar espacios. “Sin embargo, con la salida de las tropas, los narcotraficantes vuelven a ocupar el territorio; además, casi siempre el Ejército termina por tener roces con la población civil de los lugares que ocupa”.

El tercer eje, a decir de Garduño, es la afectación a la capacidad de aprovisionamiento del narcotráfico. “Pero un kilogramo de heroína tiene un valor en el mercado de aproximadamente 32 mil 850 dólares; el de cocaína, 7 mil 280 dólares. Y el costo real de la heroína es de 500 dólares y el de la cocaína 300 dólares: el nivel de utilidad es monstruoso y no hay ningún producto que pueda tener esa ganancia. Para un campesino, una cosecha de amapola equivale a 10 años de buenas cosechas de maíz. Poco realmente se puede hacer en este eje”.

El cuarto eje es el ámbito financiero de lavado de dinero. “Sin embargo éste casi no se ataca. Mientras el narcotráfico tenga estos recursos, seguirá reproduciéndose”.

El quinto eje de la estrategia del Ejército es doblegar con la capacidad de fuego. “Pero las bandas del narcotráfico ya demostraron también una capacidad de fuego equiparable al de su oponente: armamento moderno y personal capacitado en su uso”.

El último eje de la estrategia contra el narcotráfico señalado por Garduño es la infiltración del narcotráfico a través de la inteligencia. “Sin embargo, vemos que ha ocurrido lo contrario: es realmente el narcotráfico el que ha tenido una capacidad impresionante para infiltrar al Ejército, a las policías, al Poder Judicial y a la clase política”.

Por todo ello, el especialista dice que “se está librando una guerra en la que hay muy poco que hacer; así como está planteada, no conduce a otro lado que al fracaso”.

Los muertos y la violencia en vano

La PGR reconoce que, desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón hasta el 4 de junio de 2008, han sido ejecutados 472 elementos policiales y militares y 4 mil 313 civiles.

Aún no ocurría el “récord” de asesinatos en un día: 38 personas fueron ultimadas tan sólo el 23 de junio pasado. De entonces a la fecha, al menos 10 personas mueren diariamente en hechos relacionados con la “guerra contra el narcotráfico”. Los policías y militares asesinados ascenderían a alrededor de 500 y los civiles a 4 mil 500 desde el 1 de diciembre de 2006.

En el oficio DGPDSC/UEAI/2631/2008 –elaborado por la Unidad de Enlace de la PGR en respuesta a la solicitud de acceso a la información 0001700083108 presentada por Contralínea, a través de la LFTAPG– se establece que las cifras proporcionadas por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR “no sólo son validadas periódicamente con otras áreas sustantivas de esta procuraduría, sino que (…) provienen de las dependencias involucradas en el Esfuerzo Nacional (…)”.

Sin embargo, la dependencia se niega a especificar en qué entidades federativas perdieron la vida las casi 5 mil personas; tampoco detalla cuántas pertenecían al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México y a las policías federales, estatales y municipales. Reserva por seis años esos datos.
La Sedena reporta 54 militares asesinados en hechos relacionados con la lucha contra el narcotráfico entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de abril de 2008. Se trata de “cuatro jefes, 13 oficiales y 37 de tropa”.

Según la información proporcionada por la Unidad de Enlace de la Sedena –en respuesta a la solicitud de información 0000700071508–, dos militares perdieron la vida en diciembre de 2006: uno el día 12 en Michoacán y otro el 16 en Oaxaca.

Durante 2007 resultaron muertos 34 efectivos militares: uno el 10 de enero en Tamaulipas; uno el 31 de enero en Baja California; dos el 2 de febrero en Sinaloa; tres el 27 de febrero en Tamaulipas; uno el 7 de marzo en Guerrero; tres el 30 de marzo en Oaxaca; dos el 23 de abril en Guerrero; cinco el 1 de mayo en Michoacán; tres el 17 de mayo en Sinaloa; uno el 31 de mayo en Sinaloa; tres el 31 de mayo en Chihuahua; tres el 24 de junio en Sonora; uno el 29 de julio en Baja California; uno el 3 de agosto en Michoacán; uno el 22 de agosto en Sinaloa; uno el 11 de septiembre en Sinaloa; uno el 28 de octubre en Sonora, y uno el 1 de diciembre en Sonora.

Respecto a los militares asesinados de enero a abril de 2008, la Sedena informa que se trató de uno el 6 de febrero en Michoacán; uno el 7 de marzo en Chihuahua; uno el 39 de marzo en Veracruz; dos el 26 de marzo en Sinaloa; 11 el 18 de abril en Michoacán; uno el 19 de abril en Michoacán, y uno el 30 de abril en Tamaulipas.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informa a Contralínea que el número de policías federales, estatales y municipales “fallecidos en cumplimiento de su deber” desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta octubre de 2007 ascendía a 57.

En su mayoría, los policías asesinados estaban adscritos a la Policía Federal Preventiva (31) o eran parte de la policía judicial (11). Además, los estados del norte de la república fueron los más inseguros para los policías: Nuevo León, Sonora y Durango.

Para el especialista en seguridad nacional, José Luis Piñeyro, “con el despliegue militar lo único que se puede lograr es el control de ciertos espacios territoriales y ahí dictar las reglas del juego. Eliminar el tráfico de drogas es imposible”.

De acuerdo con el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, lo único que las autoridades intentan hacer es “restablecer acuerdos implícitos o explícitos de lo que se puede y no se puede permitir”.

Contralínea solicitó entrevista con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Sin embargo, la dependencia gubernamental declinó otorgar la entrevista porque “lo que se tiene que decir está en la página electrónica de la secretaría”.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de julio de 2008

Zósimo Camacho
Yenise Tinoco

Improvisada, la “estrategia contra el narcotráfico”

La desorganización entre las corporaciones policiacas y militares que combaten al crimen organizado profundiza la ingobernabilidad, consideran legisladores. Según el sitio de internet de la Presidencia de la República, en el operativo conjunto intervienen las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, dice que la ausencia de resultados de la estrategia nacional contra el narcotráfico se debe a que ésta es producto de una “decisión atolondrada y apresurada”, que sólo ha provocado el desgaste del Ejército Mexicano.

La estrategia no es integral, en gran medida, por la desconfianza que el Ejecutivo tiene a sus corporaciones policiacas, dice. Agrega que ésa es la razón por la cual todo el operativo recae en las fuerzas armadas. Los errores de varios operativos que han costado vidas de civiles y militares, detalla, se dan por desinformación entre las dependencias del Estado.

El operativo conjunto instrumentado por el gobierno de Calderón desencadenó fuerzas de reacción, advierte Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados. El priista reconoce que las corporaciones policiacas no tienen la preparación ni el armamento para enfrentar a los narcotraficantes: los policías están en desventaja.

Añade que, desde administraciones pasadas, las bandas delictivas fueron tomando control de diversas “plazas”, sin que el gobierno interviniera o lo evitara. Ése es el origen de la inseguridad que se vive actualmente en México, asegura.

El diputado Roberto Badillo, secretario de la Comisión de Defensa, identifica otros factores: la injusticia social que priva en México, donde más de la mitad de la población es pobre, potencia la inseguridad pública. También inciden la ineficiencia, lentitud y corrupción en la procuración de justicia.

No obstante, el diputado Jorge González Betancourt, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, dice que los operativos son exitosos, pues cuando se detectan las células dirigentes del crimen organizado es por el trabajo de las dependencias.

De acuerdo con la Sedena, de diciembre de 2006 a abril de 2007 los narcotraficantes dejaron de percibir ganancias por 4 mil 669 millones 717 mil 293 dólares. Además, se incautaron 2 millones 942 mil 493 pesos; 473 mil 423 dólares; 811 quetzales y 350 euros. (YT)

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Solicitan más recursos para la Sedena

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados suscribió un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, por 7 mil 770 millones de pesos para los siguientes rubros:
• 2 mil 362 millones 103 mil 895 pesos a la compensación técnica al servicio. Los aumentos de 1 mil pesos son únicamente para la tropa
• 395 millones de pesos adicionales para la atención médica integral de calidad
• 356 millones de pesos para incrementar un 30 por ciento los gastos de operación en alimentación, combustible, lubricantes, refacciones y mantenimiento de instalaciones
• 612 millones 288 mil 848 pesos para la fabricación de vestuario y equipo de campaña
• Mil automotores para iniciar la sustitución de 3 mil 294 vehículos Humvee que ya cumplieron su tiempo de vida útil, con un costo total de 1 mil 240 millones de pesos
• Tres aviones Casa 295 de fabricación española, para reponer tres aviones Hércules C130 que causaron baja por tener más de 50 años de servicio, con un costo de 1 mil 35 millones de pesos
• Dos helicópteros UH60L con un costo de 368 millones de pesos, para incrementar la flota aérea en el combate al narcotráfico
• Mil 517 radios Falcón II, con un costo de 685 millones 753 mil 817 pesos, para sustituir el sistema de comunicación con radios Harris, cuya tecnología está descontinuada
• Tres radares de largo alcance fijos, ubicados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Emiliano Zapata, Tabasco, y Ciudad Ixtepec, Oaxaca, para complementar el sistema de detección y control del espacio aéreo en el sureste del país. Los actuales radares están fuera de servicio desde hace 15 años y su repotencialización es incosteable, por ser de tecnología obsoleta. Su costo es de 672 millones de pesos

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Militares asesinados, por estado

Michoacán: 20
Sinaloa: 9
Sonora: 6
Tamaulipas: 5
Chihuahua: 4
Oaxaca: 4
Guerrero: 3
Baja California: 2
Veracruz: 1

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Carta al embajador Garza

A través de una misiva enviada el 3 de junio, el diputado Roberto Badillo, secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, pidió al embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, que su gobierno explique el permanente y fluido tráfico de armas que existe del vecino país del norte a México.

En la carta, de la cual Contralínea posee copia, Badillo pone a consideración del diplomático que las armas no podrían entrar a México “sin la anuencia, complicidad o la vista gorda de las dependencias de la aduana de Estados Unidos”.

El también militar de carrera dice que mucho del armamento incautado por las fuerzas armadas mexicanas, a la delincuencia organizada, es de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos. Por ello, pone a consideración del embajador Garza la necesidad de certificar el trabajo de la oficina de aduanas del gobierno estadunidense: “Es ineficiente al permitir el paso de armas a México”.
En entrevista, el legislador asegura que la relación entre México y Estados Unidos es perversa, porque el vecino del norte no sólo necesita la droga para abastecer a sus consumidores sino que permite el trasiego de armas a los narcotraficantes mexicanos.

Roberto Badillo explica que a través de las imágenes transmitidas por los medios de comunicación, luego de los diferentes decomisos que realizó el Ejército Mexicano, él ha identificado armas de uso exclusivo del ejército estadunidense.

Armamento identificado por el militar:
• Fusiles Barret, calibre 12.7 milímetros y 0.50 de pulgada
• Lanzacohetes antitanque Law 72
• Lanzagranadas m-79, de 40 milímetros
• Granadas de fragmentación
• Ametralladoras M-60 calibre 7.62 milímetros
• Ametralladoras Brownig calibre 7.62 milímetros.
• Chalecos blindados de Kevlar, así como equipos de comunicación satelital (YT)

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Estado y delincuencia luchan por espacios

La tarde del 24 de junio –ante un auditorio al que asistían expertos, académicos y autoridades latinoamericanas en materia de seguridad– Facundo Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, explica el “marco conceptual” con el que trabaja esa dependencia para combatir al crimen organizado.

Rosas asegura que, en México, el problema del crimen organizado “no se administra sino se enfrenta”. Advierte que, al asumir esa posición, habrá consecuencias. El ingeniero y funcionario expresa lo anterior dos días antes de que el comandante Igor Labastida Calderón –coordinador de la división contra el contrabando y la piratería de la Policía Federal– sea asesinado.
El desafío del crimen organizado “no nació ayer y no se puede resolver de un día a otro”, explica. Dice que esa amenaza inició con el cierre de las fronteras el 11 de septiembre de 2001, cuando aumentó la presión contra los narcotraficantes para evitar que comercializaran su producto en Estados Unidos. “Ahora, ellos dejan una cantidad de droga aquí que requiere distribuirse; por eso tratan de buscar nuevas rutas”.

Informa que lo que genera más violencia es la distribución de droga en el territorio mexicano. En opinión del funcionario, los recursos que obtiene la delincuencia por la venta ilícita de drogas “se usan en parte para tratar de lograr una cierta protección de las autoridades locales, aprovechando que la policía tiene bajos salarios; en otros casos, recurren a vendedores de mercancía que usan motocicletas y a los ambulantes”.

Agrega que la autoridad ha delineado una estrategia para prevenir y combatir al delito en dos ejes: el combate a la estructura, en términos de inteligencia, y a través de un “combate frontal” en el territorio nacional.

“Encontramos que los delincuentes se mueven aprovechando que hay zonas con amplia infraestructura, con nodos de interconexión que utilizan, y ahí instalamos logística con el objetivo de interrumpir los flujos de mercancía.”
De las formas que adopta la delincuencia organizada para allegarse recursos, Facundo Rosas dice que van en declive la extorsión telefónica y los secuestros.

“En 2005 se pagaban seis de cada 10 extorsiones; en 2006, cuatro, y entre 2007 y 2008, se paga menos de una. Hoy en día la autoridad se acerca al ciudadano para que juntos encuentren la mejor solución.”

—¿Existe una estrategia para combatir sus finanzas?
—Los delincuentes no usan el sistema financiero para mover el capital; no lo usan forzosamente lavando dinero, sino que usan cantidades grandes, como en el trabajo exitoso con Casa Puebla (casa de cambio supuestamente usada para la adquisición de aeronaves para el transporte de mercancía). En la policía contamos con el personal capacitado para hacer frente a las finanzas de este fenómeno.

El desafío
El sociólogo Raúl Benitez Manaut –integrante del proyecto Paz y Seguridad en Las Américas, del Centro Woodrow Wilson y Flacso-Chile– asegura que entre la gobernabilidad y el crimen organizado hay una relación mutuamente excluyente: “El Estado se debilita y la nación se desgobierna cuando crece el crimen organizado, cuando hay actores privados ilegales que imponen sus reglas y leyes por la vía de la violencia”.

Agrega que para combatir al crimen organizado trasnacional se requiere la cooperación entre gobiernos: “Aunque se dice que nuestra región es América Latina, se debe reconocer que aquí hay muchos gobiernos que están peor que nosotros; sí hay que mantener buena relación con ellos, pero, para ser eficientes, es mejor tener buena relación con Estados Unidos”.

Problema inédito
John Bailey, profesor de gobierno y servicio exterior y director del proyecto México en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, dice que el hecho de que grupos armados “anden en pleno día con armas largas por las calles es una situación intolerable”.

—¿Se combate a la delincuencia sacando al Ejército a la calle?
—Me llama mucho la atención que el gobierno no ha puesto más énfasis en la administración o en el sistema fiscal de administración de impuestos, el control de los bancos o de las casas de cambio y la compra-venta de bienes raíces. Si estudiamos cómo se luchó contra la mafia en Sicilia, vemos que usaron más las herramientas fiscales que la confrontación con grupos armados. Desde luego que ellos no andaban en pleno día con sus armas largas como ahora en México. Ésta es una situación inédita.

Bailey insiste en que es necesario “hacer la antropología social” de las redes que compran terrenos en zonas residenciales y de la corrupción oficial. “Puede ser que al gobierno le hagan falta las herramientas legales, pero debe investigarse ese tipo de transacciones, porque los grupos delictivos lavan su dinero en la compra de bienes raíces”. (Nydia Egremy)