En sus últimas páginas aparece el relato de las agresiones a la prensa escrita durante la década del presidencialismo panista, en que aumentó el caldo de cultivo que trata de reducir a su mínima expresión las libertades de prensa, particularmente contra la documental que sobrevive en los medios impresos.
Permanece la embestida directa de Calderón, seguida de la orden de Max Cortázar, su director de comunicación, para negar publicidad oficial a la prensa que critica e informa; llegando a convocar a los empresarios para que nieguen publicidad privada.
Y, con su formación política neofascista y religiosamente fundamentalista, acusó a los periodistas de sabotear su estrategia de manu militari contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Su fobia, cólera, desprecio y falta de un mínimo de entendederas le impiden ver que sin las libertades de prensa ya estuviéramos más allá de las vísperas de un golpe militar y una expansión de la razón de Estado panista-calderonista.
Son más de 26 homicidios contra periodistas durante esos 10 años, y cientos de agresiones contra la prensa que informa y critica los abusos de los poderes públicos. En Sonora, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, por citar algunos; pero en todo el país no cesan las acciones represivas contra las libertades de prensa, pues la conducta del gobierno calderonista, de enemigo de los periodistas, cundió; (des)gobernadores como Bours, Herrera, Sabines, Torreblanca, Reyes Baeza, Moreira, etcétera, completan el autoritarismo. En Ciudad Juárez, durante un homenaje a Manuel Buendía, asesinado el 30 de mayo de 1984 (en el sexenio delamadridista), reportó Rubén Villalpando (La Jornada, 31 de mayo de 2008), los periodistas recordaron los homicidios de Víctor Manuel Oropeza, Jessica Lizalde, José Ramírez Puente y la desaparición de Valentín Dávila.
Durante otro acto en memoria de Buendía, en la capital del país, varias organizaciones externaron sus reclamos al calderonismo, porque “no existen respuestas efectivas de las autoridades federales y estatales ante los crímenes cometidos contra periodistas”, escribió en su nota Emir Olivares (La Jornada, 31 de mayo de 2008).
Ciertamente, nadie hace algo para atender las denuncias formales. La Fiscalía para Delitos contra Periodistas, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, a duras penas hace como si tomara cartas en el asunto. Mientras, los tribunales, complacientes y a tono con la política, niegan órdenes de aprehensión solicitadas por esa Fiscalía. No hay voluntad jurídica ni decisión política para actuar, ya no preventivamente contra las amenazas, sino ni siquiera para iniciar investigaciones, encauzar a los presuntos responsables ante los jueces y mucho menos fincarles responsabilidades penales.
Calderón, Cortázar y Mouriño también son enemigos de los derechos humanos, como lo prueban las recientes censuras a organismos internacionales que han cuestionado al calderonismo que, para justificar sus fines de combate a la inseguridad, pasa por encima de esos derechos y mantiene impunes los homicidios imprudenciales de las fuerzas armadas contra ciudadanos inocentes e indefensos que nada tienen que ver con la delincuencia.

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Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 01 de Noviembre de 2008

Álvaro Cepeda Neri