Esa narcopolítica, que no está siendo atacada, ha puesto en la mira de sus sicarios a los periodistas, casi siempre reporteros, atemorizándolos para que ni ellos ni sus editores se ocupen de la información. Así, buscan evitar que los narcotraficantes, protegidos por los funcionarios (ya que no prosperan las denuncias ante los ministerios públicos ni ante las fiscalías especiales, y las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos son el papel higiénico de los gobernadores), cumplan sus amenazas.

Y hasta los militares –que cometiendo excesos no son llamados a cuentas por sus tribunales– tienen que ver con hechos represivos contra las libertades de expresión (en Veracruz ultrajaron a reporteros de televisión, con el beneplácito del desgobernador Herrera).

En Nayarit, el subdirector regional del periódico Noticias de la bahía, Luis Guardado Negrete (nos dice Javier Santos en La Jornada, 23 de junio de 2008), “fue víctima de una golpiza a manos de dos sujetos que le reclamaron” por la publicación de un abuso sexual. Ninguna autoridad en la entidad fue más allá de la reprobación del acto.

Y en medio del constante baño de sangre que sufren en Ciudad Juárez, Chihuahua (entidad con más de 1 mil feminicidios y donde desde hace más de 15 años los homicidios son la bárbara realidad cotidiana), el periodista Emilio Gutiérrez Soto solicitó asilo político estadunidense, porque los militares enviados a combatir la delincuencia organizada se molestaron por la información sobre sus actos de abuso.

En Sonora, como se publica en la revista hermana Contralínea Sonora, aparece una crónica de Othoniel Ramírez, editor del Dossier –que ha dejado de publicarse por la censura y presiones del desgobernador Robinson Bours–, que detalla los hechos contra las libertades de prensa y los dos o tres espacios que a duras penas siguen defendiéndolas. Y es que el Chapo Bours (en una entidad donde el otro Chapo, Joaquín Guzmán Loera, completa el terrorismo desde el narcotráfico) se ha dedicado a suprimir la crítica en los medios de comunicación.

En esas tres entidades de nuestro descompuesto federalismo (porque cada desgobernador se ha independizado en sus islas sanchopancistas), los periodistas, y en especial la prensa escrita, sufren las embestidas del caciquismo municipal y estatal.

Sigue la promesa (“de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”) de que las denuncias de los periodistas y los delitos que tengan que ver con la libertad de expresión sean de competencia federal. Primero lo dijo el fiscal de la PGR para delitos contra los periodistas, Juan de Dios Castro; luego lo repitió el señor Calderón. Pero son puros cuentos, y ya no chinos, sino panistas.

Álvaro Cepeda Neri