Con su periodismo de investigación sin concesiones de ninguna especie, estos medios de comunicación han estado contribuyendo a ventilar, con la máxima libertad constitucional de manifestación de las ideas a través de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, lo que consideran sus reporteros y su dirección editorial que, además de ser temas públicos, deben ser conocidos por la opinión pública nacional.

Empero, los hombres del dinero no están dispuestos –protagonistas por sus actividades y conductas de lo público– a ser objeto de las libertades de prensa. Y, echando mano de su poder, contratan abogados para convencer, con sus interpretaciones, a los jueces de los tribunales civiles y penales de que las informaciones de las revistas Contralínea y Fortuna –no obstante estar sustentadas en la veracidad y contrastadas con los hechos– los “desprestigiaron” (en el caso del Grupo Zeta). Por ello, el tribunal sentenció que las revistas se extralimitaron en el derecho a la información.

Oceanografía mantiene la inquisición judicial por daño moral. Se trata de dos ataques viles, desafiantes y provocadores para tratar de hacer prosperar amenazas cumplidas judicialmente contra las libertades de investigación, examen y discusión pública de quienes, con sus actos públicos, ni pueden ni deben escudarse en la privacidad.

Son un grupo empresarial multimillonario, con recursos de sobra, para hacer valer su intolerancia contra la información que no les permite seguir escondiéndose tras su poder económico, para impedir que se hagan del conocimiento público sus actos de tráfico de influencias, sus abusos y demás acciones que, al menos, deben ser expuestas a la luz del interés público.

En cuanto los integrantes del llamado sector privado cruzan la frontera del mercado y más cuando sus intereses se enlazan con los públicos (y Grupo Zeta y Oceanografía tienen muchísimo que ver con la industria pública) no tienen escapatoria para la publicidad de sus conductas. Es así como Contralínea y Fortuna –asidas al principio de la máxima publicidad, otorgado como un derecho constitucional de las libertades de prensa para investigar e informar– han penetrado los hechos de ambas empresas para exhibir sus incursiones públicas.

El asunto de esas inquisiciones judiciales, interpuestas ante las instancias del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, radica en que el poder del dinero logre obtener sentencias favorables, con interpretaciones contrarias a los principios democráticos y republicanos sancionados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Uno de éstos: el de administrar justicia imparcial, democrática y republicana. En el caso de Fortuna y Contralínea, ministerios públicos y tribunales están ejecutando inquisiciones judiciales.

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Álvaro Cepeda Neri