Dos grupos se disputan el control de la onceava petrolera más importante en el mundo y la principal empresa estatal del país, Petróleos Mexicanos (Pemex). Uno está comandado por su director general, Jesús Reyes Heroles; el otro, por su director corporativo de Administración, Rosendo Villarreal Dávila.

Estar al mando de la paraestatal implica controlar sus activos totales, por 1 billón 320 mil 500 millones de pesos; los bienes más preciados de la nación –hidrocarburos y sus derivados–, y los principales y más onerosos contratos del gobierno federal.

Tan sólo en el primer trimestre de 2009 y en plena crisis económica, Pemex y sus subsidiarias emitieron 29 fallos relevantes por más de 60 mil millones de pesos, que equivalen a 2.5 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México en todo 2009.

La pugna –iniciada en diciembre de 2006 cuando Reyes Heroles fue nombrado sucesor de Luis Ramírez Corzo– se recrudeció tras los comicios del pasado 5 de julio. De acuerdo con fuentes consultadas, el director general cuenta con el respaldo del Partido Revolucionario Institucional, mientras que Villarreal Dávila, con el de la Presidencia de la República.

Robo de combustibles

En el contexto de esa disputa por el poder económico y político que representa Pemex, el pasado 29 de julio se realizó el operativo contra el robo de combustibles, que llevó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública a asegurar equipos de cómputo y documentos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física.

Además, desde la Presidencia de la República se habría ordenado al Centro de Investigación y Seguridad Nacional integrar una indagatoria paralela de carácter político. Ésta no sólo se enfocaría en documentar movimientos políticos y financieros de los responsables de la gerencia de seguridad, sino de todos los funcionarios de alto nivel de Pemex, incluidos Reyes Heroles y sus aliados, aseguran fuentes consultadas por Contralínea.

La Gerencia de Servicios de Seguridad Física depende directamente de Villarreal Dávila y, según informaciones de la propia paraestatal, podría estar implicada no sólo en la ordeña de ductos sino en una red de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Las ganancias generadas por este negocio paralelo podrían superar los 20 mil millones de pesos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón. Información dada a conocer por Pemex tras el singular operativo revela que, “en 2008, el robo de combustibles ascendió a 9 mil 300 millones de pesos”.

El boletín 149/2009 indica que, de esa cifra, “3 mil 500 millones correspondieron a condensados, que se obtienen con la extracción de gas natural no asociado, y 5 mil 800 millones al robo de petrolíferos (gasolinas, diésel y turbosina), mediante tomas ilícitas en la red nacional de ductos”.

Fuentes de primer nivel de la petrolera, consultadas por Contralínea, afirman que desde 2004 se conocen los nombres de altos funcionarios implicados en el mercado ilícito de combustibles. Dicen, además, que el robo de energéticos involucra a militares encargados de custodiar ductos, quienes también han sido identificados, y a miembros de la delincuencia organizada.

La investigación

De acuerdo con datos filtrados por la PGR a la prensa nacional, el administrador corporativo Villarreal Dávila estaría entre los altos funcionarios que ahora se investigan por su supuesta complicidad en ese ilícito.

El 29 de agosto de 2007, durante la 780 sesión ordinaria del Consejo de Administración de Pemex, el panista cercano al presidente Calderón se refirió al mercado ilegal de combustibles. Entonces aseguró a los consejeros, entre ellos la secretaria de Energía Georgina Kessel, que el combate a este ilícito es muy difícil: “Incluso, se han dado amenazas de muerte al grupo de trabajadores y al área de Seguridad Física” (Contralínea 120).

Esa misma Gerencia de Seguridad Física debería resguardar los expedientes íntegros que identifican desde 2004 a algunos responsables de estos delitos, conforme al dicho de las fuentes consultadas por esta revista. Esos mismos documentos, entre otras pruebas, son los que habrían ido a asegurar las autoridades federales en el operativo del pasado 29 de julio.

Falla seguridad industrial

El robo de combustibles en la paraestatal más importante de México es considerado una de las más importantes fallas en seguridad industrial, según se desprende del acta de sesión 780.

Para mediados de 2007, el Consejo de Administración de Pemex tenía como principal preocupación la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas no asociado más grande de México que se ubica entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y que se divide en bloques concesionados a las trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum.

De acuerdo con lo dicho por Reyes Heroles en aquella sesión del consejo, el robo de combustibles en esa zona es un “fenómeno de mucha preocupación para el consejo”, pues a diario se extraían ilícitamente 8 mil barriles de condensado de gas, con un valor anual estimado entonces en 1 mil 600 millones de pesos.

De acuerdo con la copia del acta 780, obtenida por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Georgina Kessel solicitó al director de la paraestaral le explicara por qué “no había ninguna persona o auto particular involucrados”.

Reyes Heroles le respondió: “Se debe a que no se ha encontrado a las personas en flagrancia. Sólo se han detectado los lugares en donde se depositan los tanques llenos con los productos sustraídos de Petróleos Mexicanos”.

Unidad de inteligencia

La información de los autores materiales e intelectuales, sin embargo, sí debería existir. Durante el gobierno de Vicente Fox, cuando se agudizó el robo de combustibles a gran escala, no sólo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la PGR y la Segunda Sección de la Secretaría de la Defensa Nacional investigaron el ilícito; también se creó una unidad de inteligencia civil al interior de la petrolera.

Al frente de ésta quedó la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, comandada entonces por Octavio Aguilar Valenzuela, que documentó a inicios de septiembre de 2008 el periodista Miguel Badillo en su columna Oficio de Papel.

Aguilar Valenzuela y su pequeña unidad de investigación lograron integrar varios archivos con nombres y apellidos de servidores públicos involucrados en el robo de combustibles, sus nexos con el crimen organizado y las regiones del país en donde operaban las bandas delincuenciales.

Los expedientes fueron entregados a Los Pinos, a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública, sin que a la fecha se haya sabido de sanciones, procesos judiciales o amonestaciones relacionadas con los resultados de esas indagatorias.

En esos archivos “aparecían como presuntos involucrados los nombres de algunos integrantes del Ejército Mexicano que eran también los responsables de vigilar instalaciones petroleras, ductos, refinerías y centros de operación de la paraestatal petrolera”.

Agrega que las últimas pruebas sólidas en contra de militares que se amafiaron con la delincuencia organizada o crearon sus propias redes delincuenciales, coludidos con funcionarios de la petrolera, se encontraron en la administración de Vicente Fox.

En 2004 fueron desmanteladas al menos 10 bandas en las que participaban militares encargados del resguardo y protección de instalaciones petroleras. No obstante, las evidencias que involucran a miembros del Ejército habrían sido desaparecidas no sólo por Pemex, sino por las secretarías de la Defensa Nacional, la Función Pública y por la Policía Federal.

Los expedientes generados por la desaparecida unidad de inteligencia de la Dirección Corporativa de Administración darían cuenta de redes completas en las que, además de militares, participan trabajadores sindicalizados y de confianza de Pemex, de bajo, mediano y alto nivel.

Funcionarios de la paraestatal explicaron que sólo las complicidades posibilitan el robo de combustibles. En la actualidad, Pemex cuenta con equipos altamente sofisticados que identifican en dónde hay robo de combustibles por baja de presión. Dicen que la detección sólo se complica cuando la cantidad que se sustrae es mínima, porque el monitoreo se basa en la presión de las líneas.

El centro de control de ductos que está en la torre de Pemex, ubicada en Marina Nacional, da seguimiento no sólo a la presión de los oleoductos y gasoductos, sino también a los camiones de Pemex, cuyo monitoreo es por tecnología GPS.

Información de Pemex indica que en noviembre de 2008 se firmó el contrato con el que se inició el restablecimiento de la señal de rastreo satelital de autotanques, lo que implica la sustitución individual y progresiva de los SIM’s (sic) instalados en cada unidad. “En enero de 2009 continuará la instalación y configuración de estos SIMS’s y se estima que el proceso se concluya en el primer semestre de este año”.

Aunado a los esfuerzos por combatir el ilícito a través del centro de control y la alta tecnología de los autotanques, desde abril de 2004 se instrumentó el programa transexenal para Combatir el Mercado Ilícito de Combustibles, cuya vigencia termina en diciembre de 2011. Con clave 0418T4M0002, este programa tendrá un presupuesto total en sus ocho años de operación de 988 millones 474 mil pesos, apenas el 10.6 por ciento de lo ordeñado sólo en 2008.

El objetivo, indica Pemex Refinación en sus informes de las cuentas públicas 2007 y 2008, es dotar a la “Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación de la infraestructura propia y/o rentada y los productos necesarios para combatir el robo, adulteración y el contrabando de combustibles”.

Al cierre del ejercicio 2008, Pemex Refinación asegura haber gastado en cuatro años 679 millones 388 mil 394 pesos, que representan el 81 por ciento del presupuesto total del programa.

Rentable negocio (cifras del ejercicio 2008)

Pérdidas estimadas por robo de combustibles: 9 mil 300 millones de pesos

– Sustracción ilegal de condensados: 3 mil 500 millones de pesos

– Hurto de petrolíferos (gasolinas, diésel y turbosina): 5 mil 800 millones de pesos

Fuente: Petróleos Mexicanos

Espionaje en Pemex

El pasado 27 de julio, la columna Oficio de Papel reveló que, en su calidad de administrador corporativo, Rosendo Villarreal Dávila controla los aparatos de inteligencia al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que éstos los utiliza supuestamente a favor del Partido Acción Nacional.

A través de la Gerencia de Telecomunicaciones, Villarreal Dávila tendría la capacidad técnica para intervenir los teléfonos y correos electrónicos de todo Pemex, con el objetivo de espiar por vía satélite a funcionarios y directivos del grupo que comanda Jesús Reyes Heroles. El administrador corporativo buscaría la destitución de este último.

Uno de los factores que habrían acelerado la disputa por Pemex es un estatuto orgánico para consolidar funciones de la Dirección Corporativa de Operaciones, que recientemente presentó el director general al nuevo Consejo de Administración de Pemex, en el contexto de la reforma energética aprobada por el Congreso en octubre de 2008. Dicha propuesta favorece las labores de Raúl Livas, incondicional de Reyes Heroles, en detrimento del poderío que encabeza Villarreal Dávila. (NF)

Contrabando técnico

El mercado ilícito de combustibles no sólo involucra el robo, sino también el contrabando técnico de gasolina y diésel y la importación de productos utilizados en su adulteración.

De acuerdo con el más reciente informe hecho por Petróleos Mexicanos (Pemex) y entregado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en 2005, el contrabando técnico y la importación de productos “promueven el surgimiento de prácticas comerciales ilícitas que afectan al erario federal, violan diversas leyes fiscales, constituyen un fraude a los consumidores y representan problemas de seguridad y daño a la salud de la población, ya que estos combustibles se venden en locales clandestinos y sin la calidad ambiental requerida”.

El reporte –hecho en el marco de la discusión del “Acuerdo que modifica el similar por el que se establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía” y los “Criterios de dictamen para solicitudes de permisos previos de importación de ciertos productos derivados del petróleo”– indica que el mercado negro derivado de prácticas ilícitas como robo, contrabando técnico y bronco, adulteración de combustibles y desvío de productos llegó a reducir las ventas internas de gasolina y diésel en 20 mil y 40 mil barriles diarios (MBD) de 1999 a mediados de 2002.

Agrega que la estrategia integral emprendida para combatir estas actividades, por medio de permisos, contribuyó a que las ventas de estos combustibles crecieran 27.2 MBD en 2003 y 29.9 MBD en 2004; de éstos, el 21 por ciento de la recuperación de gasolina Pemex Magna y el 56 por ciento del diésel se debió a esta medida, asegura.

“Sólo por efecto de los permisos previos se estima un ingreso bruto adicional de 15 mil 454 millones de pesos; de este total, cerca de 7 mil 700 millones de pesos correspondieron a ingresos fiscales.”

El permiso previo regula la importación de aceites del petróleo, lo cual permite a las secretarías de Economía y de Energía allegarse de la información necesaria para autorizar únicamente la entrada de volúmenes acordes a las necesidades del mercado, principalmente de aquellos productos susceptibles de utilizarse para adulterar gasolina o diésel. (NF)

Nancy Flores