La Amedi ha cumplido con su tarea estatutaria y se ha consolidado en el actual tiempo político: la marcha hacia las urnas, con las complicaciones sociales por las precauciones antiepidémicas. Durante el lapso coordinado por Javier Corral, la institución mantuvo encendido el foco rojo de la discusión y peticiones al Congreso de la Unión referentes al anteproyecto, proyecto y legislación mutilada sobre los límites de la libertad constitucional, para impedir abusos por el poderoso caballero don Dinero en cuestiones político-electorales, a cuyos excesos son tan proclives la radio y la televisión privadas.

Los legisladores y servidores públicos necesitan de los medios de comunicación para promover sus propuestas, trabajo e imagen. Y no pocos de ellos, que hacen de los dineros públicos un botín, amparados en la atmósfera de impunidad, invierten millonadas en comprar espacios en televisión y radio, a través de información que enmascara fines propagandísticos; y en los noticieros sobornan a sus locutores con contratos y dinero por debajo de la mesa, para que la promoción parezca inocente.

Por eso es que senadores y diputados federales han titubeado y sus pocas aprobaciones legales no penetran lo fundamental del problema. Y si desde varios puntos de la sociedad pendiente de que estas libertades no se perviertan por corrupción y abuso de los particulares al usar los medios de comunicación privados para fines públicos, organizaciones como la Amedi cooperan en la construcción de soluciones.

El periodista Trejo Delarbre tiene los arrestos como investigador sobre la teoría y práctica de los medios de comunicación, para desempeñar con racional ímpetu, probada energía y valor perseverante los fines encomendados, coordinando un comité con miras plurales en el continente de la ley fundamental y su principal asidero para la discusión crítica: su artículo 6, cuyos medios y fines jurídico-políticos norman la conducta de servidores públicos y ciudadanos consolidando su nexo como vasos comunicantes de la información.

A su vez, coadyuva la vinculación entre democracia representativa e indirecta con democracia directa, para cada vez más hacer posible el principio constitucional de una democracia que sea, además de una estructura jurídica y un régimen político, “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento social y cultural del pueblo”, en la medida que “todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.

Saludamos, pues, la responsabilidad jurídica, políticamente democrática y republicana que asume una vez más Raúl Trejo Delarbre, para dirigir la Amedi, en la búsqueda de consolidarla como una institución no gubernamental, comprometida en afianzar el derecho a la información, como un contrapeso exigente a la obligación gubernamental de proporcionar, a través del derecho de petición, la información requerida y reclamada por los integrantes de la sociedad civil mexicana.

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Álvaro Cepeda Neri