El derecho a tener una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa es uno de los derechos fundamentales de todos los ecuatorianos garantizado en la Constitución (Art. 16). Sin embargo, este derecho no ha sido tratado como tal, pues se ha limitado la participación de los sectores populares y de los movimientos sociales en los grandes medios de comunicación.
Es deber de la Asamblea Nacional, hasta el 20 de octubre, traducir todas las garantías y derechos de la Constitución con respecto a la comunicación en la nueva Ley Orgánica de Comunicación, como son: el acceso a las tecnologías de la información, utilización de frecuencias y creación de medios de comunicación, el acceder a una información veraz, la garantía de la libertad de expresión, entre otros.

Por ello, el cómo debe plantearse la Ley de Comunicación se ha convertido en el debate actual de organizaciones dedicadas a la comunicación como la Coordinadora Social de la Comunicación e incluso de movimientos políticos como Concertación Nacional Democrática, que, hasta aquí, han presentado sus propuestas de Ley ante la Asamblea Nacional.

La Coordinadora Social de la Comunicación es un colectivo integrado por alrededor de 40 organizaciones y redes de comunicación, gremios periodísticos, Facultades y Escuelas de Comunicación por lo que su propuesta recoge varias visiones de diversos grupos comunicacionales. Aunque recogen propuestas democráticas como una urgente re- distribución de frecuencias, la reversión en caso de que hayan sido obtenidas ilegalmente, etc., se olvidan que los principales creadores de la comunicación son los pueblos y que la Ley debe garantizar los mecanismos para que estos participen activamente; el error es creer que la comunicación es un asunto de periodistas alejados de su entorno social.

Por otro lado, César Montúfar ha mencionado en medios locales que la propuesta emprendida por su movimiento, Concertación Nacional, es para defender la libertad de prensa y expresión “en un contexto en que tenemos un Gobierno que quiere controlar lo que los ciudadanos pensamos, lo que los ciudadanos decimos y cómo los ciudadanos nos informamos”.

En esta propuesta se le da una amplia importancia al tema de la libertad de expresión, se lo plantea como un derecho de todos, pero si tomamos en cuenta que históricamente se ha discriminado la participación de sectores populares organizados en los medios de comunicación y se ha restringido la concesión de frecuencias para la creación de medios comunitarios, es importante preguntarse ¿la libertad de expresión de quién es la que se defiende?

Se defiende la libertad de expresión de los grandes medios de comunicación, que corresponden a los intereses de grandes grupos económicos y familiares propietarios como Eljuri, Vivanco, Egas, Mantilla.

Solamente se puede hablar de una verdadera libertad de expresión cuando se democratice la propiedad de los medios de comunicación; garantizando un libre y equitativo acceso a los verdaderos forjadores de la historia del país: los obreros, los estudiantes, los indígenas, las organizaciones de mujeres, los sindicatos, etc. Es necesario trastocar el sistema de propiedad de los medios, porque hasta el momento solo han servido para defender los intereses ideológicos y económicos de 15 familias en el país.

Otro tema que tiene que estar contemplado en la nueva Ley es el Sistema Nacional de Comunicación, en el que la regulación no esté en manos de unos pocos tecnócratas, sino de las organizaciones sociales, de los jóvenes organizados y comprometidos con la transformación social, a fin de no permitir los negociados a través de los cuales se entregaron las frecuencias en el Ecuador.

Carolina Recalde