Defender el derecho humano al agua fue la bandera principal que levantó el movimiento indígena en todo el país, organizando la revuelta en las carreteras y soportando la represión policial que terminó con el asesinato del maestro shuar, Bosco Wisuma, que motivó a que el Gobierno dialogue. Gerónimo Yantalema, asambleísta de Pachakutik por la provincia de Chimborazo, dialogó con OPCIÓN acerca de los resultados de esta corta, pero intensa movilización.

– La paralización fue calificada por Correa como un fracaso. El movimiento indígena ¿cómo la califica y qué lograron con el levantamiento?
– Definitivamente, este proceso fue exitoso, porque la movilización permitió profundizar el debate del tema de la Ley de Aguas y sacar a la luz pública un tema que el Gobierno intentaba invisibilizar. El movimiento indígena cuestionó el acaparamiento y la privatización del agua en el país, temas que han sido un gran problema, no en estos momentos, sino desde siempre, y la lucha para defenderse de la privatización tampoco es de ahora sino que viene de años atrás.

– El Ejecutivo ha repetido en cadenas y enlaces ciudadanos que su propuesta no es privatizadora. ¿Cuáles son los argumentos para que los indígenas conserven su postura?
– Con todo el aparataje gubernamental, Correa solamente socializó el Art. 3 de su proyecto, que, en efecto, prohíbe la privatización, pero no mostró los otros artículos que no prohíben el acaparamiento ni la contaminación del agua y , por sobre todo, permiten formas encubiertas de privatización. Por ejemplo el Art. 14, que permite que los propietarios que tengan en sus predios fuentes de agua pueden ser dueños de esos recursos.

- ¿En qué momento se opta por la paralización como mecanismo de lucha y de hacer escuchar las aspiraciones populares?
– En la Asamblea, el bloque de izquierda planteó un proceso de socialización y dimos nuestras observaciones de los dos proyectos de Ley presentados (uno de la CONAIE y otro oficialista); lamentablemente, la mayoría de la comisión es de Alianza País y decidieron realizar sólos tres socializaciones, y sólo del proyecto del Ejecutivo; y, además, no tomaron en cuenta las observaciones de otros asambleístas, por lo que no fue un proceso democrático sino de desiguales. Ese fue uno de los causales de la movilización, porque se agotaron todos los mecanismos de diálogo.

- ¿Es legítima todavía la lucha en las calles y en las carreteras para que los pueblos reclamen por sus derechos?
– Con la nueva Constitución estamos saliendo de un modelo de Estado colonial, uninacional, a uno plurinacional. Dimensión de Estado que fue propuesta por los movimientos indígenas desde 1990, cuando se plantea la democracia participativa, que se recoge en la Constitución aprobada en el 2008, y esto quiere decir que el mayor poder no está en la autoridad sino en los pueblos, las comunidades y los barrios. Consecuentemente, la movilización se produce en pleno ejercicio de la plurinacionalidad y por eso no entra en ninguna contradicción con las normas, sino que es parte de un nuevo Estado participativo y democrático.

- Entonces, ¿la mejor opción fue levantarse?
– Cuando este Gobierno, que se suponía ejerce la plurinacionalidad, resulta reproducir el mismo modelo uninacional, representativo, colonialista y de ejercicio vertical del poder, la peor opción era quedarse callado. Lo que los pueblos y nacionalidades hicieron fue levantarse cuando el mayor bien y el mayor derecho, que es el agua, estaba en riesgo, manifestando que no permitiremos la privatización ni el acaparamiento del agua.

Carolina Recalde