Las deficiencias administrativas con las que opera la paraestatal tocaron fondo. En julio pasado, el director de Pemex (Petróleos Mexicanos) Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Roberto Ramírez Soberón, prendió los focos rojos y notificó a gerentes, administrativos y personal de confianza que la subsidiaria “se quedó sin recursos para operar a partir de septiembre y lo que resta del año”, por lo que ordenó “tomar medidas emergentes de austeridad”, entre ellas:

“Cancelar la totalidad de solicitudes de pedido y compras en proceso. En los contratos abiertos, operar al mínimo indispensable. Reducir compras vía ITS (Integrated Trade Systems). Disminuir comisiones administrativas, ya que no se cuenta con recursos para viáticos y boletos de avión. Cancelar cursos de capacitación, consultorías y otros que generen pago de honorarios.

“Cancelar compromisos de asesoría con el IMP. Reducir el uso de multifuncionales (copias e impresión). Disminuir el uso del teléfono fijo, y la cuenta telefonía celular 10 por ciento, así como el uso de energía eléctrica. Reducir a un mes la revolvencia de las cajas chicas y fondos para fines específicos. Suspender compra de muebles y equipos de oficinas y cartuchos para impresoras a color”.

Las medidas fueron notificadas por la Subdirección de Administración y Finanzas, en el oficio SAF-272-2009, del 31 de julio de 2009, cuya copia posee Contralínea.

De acuerdo con las instrucciones de Ramírez Soberón, las suspensiones debían ser ejecutadas desde el pasado 3 de agosto por los subdirectores de Producción, Armando Arenas Briones; de Gas Natural, Salvador Ortíz Vértiz; de Ductos, Víctor Domínguez Cuéllar; de Planeación, Arturo Arregui García; de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos, Fernando Amor Castillo; los gerentes de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Francisco Ricardo Manzo García; de Control de Gestión y Desempeño, Gabriel Moctezuma Muñoz; el coordinador ejecutivo de la Dirección General, Álvaro Galindo Blanco, y el titular del Órgano Interno de Control, Francisco García Agraz. A las áreas operativas se les notificó el mismo 3 de agosto, con la orden de aplicación inmediata.

Contralínea solicitó una entrevista con Ramírez Soberón para hablar de las implicaciones que tendrá para la subsidiaria la cancelación de proyectos y contratos, y la suspensión de compromisos contractuales por lo menos en los próximos cuatro meses –según indica el oficio–; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Gastos onerosos

El oneroso gasto de los directivos de PGPB es incompatible con su productividad. En diferentes informes expuestos ante el Consejo de Administración de Pemex, el entonces director general, Jesús Reyes Heroles, ventiló que la productividad de la subsidiaria había decrecido impactando sus ingresos. En julio de 2008, cuantificó que Pemex Gas tenía pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos derivadas de la caída drástica del rendimiento de sus procesos, de 2 mil 700 millones de pesos a 1 mil millones.

Pero a la par que descendían sus ingresos, Ramírez Soberón destinaba más recursos al gasto corriente para viáticos y boletos de avión de los directivos, adquisición de autos, servicio de comedor, compra de hielos y agua, pantallas del LSD, artículos de papelería, mantenimiento de áreas verdes y autos, entre otros.

Los servicios y adquisiciones pagados por PGPB entre enero y agosto pasado revelan onerosos gastos en prebendas de los directivos, tanto en las oficinas del piso 17 de la torre ejecutiva (en Marina Nacional), donde despacha Ramírez Soberón, como en cada una de las gerencias, superintendencias, complejos procesadores, terminales de almacenamiento y áreas de ductos.

La erogación más alta se registró en el pago de transporte de los directivos: 58 millones 519 mil pesos en boletos de avión. Para los directivos del Complejo Procesador de Gas (PG) Burgos se remodeló un camión de pasajeros por 167 mil pesos, y luego se contrató el servicio de transporte de personal por 345 mil pesos.

La oficina central, en la torre de Pemex, invirtió 1 millón 200 mil pesos en modernizar la puerta en el edificio B1 (contrato 4900008559); adquirió equipos de cómputo por 23 millones de pesos. Contrató el servicio de impresión y fotocopiado por 15 millones 900 mil pesos y el servicio de mensajería por 372 mil pesos. Compró artículos de limpieza y aseo por 884 mil pesos; y 155 mil pesos en solicitudes de empleo.

Compró 300 mil pesos en botellas de agua para las oficinas centrales y 1 millón 181 mil pesos para el Sector Reynosa y el Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex, y 1 millón 950 mil pesos por compra de cubitos de hielo para esos mismos centros de trabajo.

Se pagaron 12 millones 632 mil pesos para la conservación de las áreas verdes en el CPG Cactus, y 900 mil pesos por el barrido de calles y banquetas. En el CPG Reynosa Burgos se pagaron 300 mil pesos por mantenimiento de las áreas verdes y 261 mil pesos por recolección de basura. Se pagó 300 mil pesos por la plomería en los baños del CPG Poza Rica.

La gestión de Ramírez Soberón en Pemex Gas –a la que llegó como director en abril de 2006– no se caracteriza precisamente por el ahorro. Los millones de pesos del gasto corriente evidencian el caudal de recursos que los funcionarios públicos gastan sin rendir cuentas ni transparentar las adquisiciones, pues se hacen por adjudicación directa.

En 2007, los directivos de la subsidiaria gastaron 36 millones de pesos en boletos de avión, compraron vehículos por 8 millones 300 mil pesos e invirtieron 12 millones 305 mil pesos en su mantenimiento, además de su lavado y engrasado que costó 660 mil pesos. A sus choferes se les compraron uniformes cuyo monto ascendió a 150 mil pesos. Luego, se pagaron 56 mil pesos por un avalúo de autos improductivos.

Se compraron radios Motorola por 2 millones 500 mil pesos y otros 800 mil pesos en refacciones para los radios.

A sus oficinas se les dotó de botes, sillas y objetos diversos que sumaron 250 mil pesos. El mantenimiento de su mobiliario requirió de 920 mil pesos. Gastaron 270 mil pesos en fotocopiadoras. Gastaron 3 millones de pesos en papel para impresión y 1 millón 868 mil pesos en cartuchos de impresión. Gastaron 5 millones 800 mil pesos en artículos de papelería y 750 mil pesos en consumibles de cómputo.

Compraron 187 mil pesos de papel bond; 68 mil pesos de solicitudes de trabajo y 55 mil pesos en fólderes, 2 millones 774 mil pesos en artículos de limpieza y pagaron 390 mil pesos por la recolección de basura. El servicio de mensajería facturó 4 millones 144 mil pesos. Además de hornos de microondas por 190 mil pesos.

Al mantenimiento de sus áreas verdes destinaron 1 millón 790 mil pesos, aunque también compraron equipo de jardinería que les costó 1 millón 100 mil pesos. El deshierbe se pagó por separado: 996 mil pesos, y la cortadura del césped también: 139 mil pesos.

Se contrató un servicio para movilización de los directivos en los CPG, por 1 millón 480 mil pesos.

Ramírez Soberón gastó 7 millones a cuenta de la rehabilitación de baños en el sector Veracruz; 1 millón 900 mil pesos en mantenimiento oficinas PGPB Región Sur; al complejo de gas de Ciudad Pemex se le destinó 1 millón de pesos para mantenimiento. La remodelación de su sala de juntas costó 320 mil pesos. Se gastó 1 millón de pesos en loseta vinílica.

Se pagaron 5 millones de pesos para el mantenimiento de bardas y 600 mil pesos para diseñar externamente las bases de una licitación. Se gastaron 300 mil pesos en artículos promocionales y 86 mil en material didáctico.

Un servicio de mudanza costó 270 mil pesos y el servicio “veterinario”, 450 mil pesos. Se desfogó una fosa séptica por 50 mil pesos. La cena de navidad de los directivos de cuatro complejos de gas costó 400 mil pesos.

En 2008, el año de la reforma petrolera, cuando los directivos de la subsidiaria desfilaron en el Senado de la República para pedir más recursos para Pemex, los gastos fueron más dispendiosos:

El que los directivos que administran la producción, compra y venta de gas viajaran en avión costó 25 millones de pesos a los contribuyentes mexicanos, quienes, por cierto, también pagan las tarifas más altas del mundo por el consumo de gas natural y gas licuado de petróleo.

A esos mismos funcionarios se les compraron vehículos por 101 millones de pesos. La afinación y mantenimiento de esos mismos vehículos costó 14 millones 775 mil pesos; y su lavado y engrasado, 775 mil pesos.

Para las oficinas centrales y regionales se adquirieron 5 millones 490 mil pesos en productos de limpieza; 3 millones 112 mil en artículos de oficina, y 1 millón y medio en artículos de papelería. Se compraron 2 millones 400 mil pesos en papel bond, 188 mil pesos en fólderes; la dirección adquirió también solicitudes de empleo por 70 mil pesos.

Se les entregaron marcos de madera que costaron 309 mil pesos, agendas por 27 mil pesos, portatrajes de 214 mil pesos, y unidades USB por 61 mil pesos.

Gastaron 402 mil pesos en consumibles de cómputo, 643 mil en mensajería y 37 mil en servicios de impresión. Se compraron pantallas LSD por 1 millón 346 mil pesos, y cafeteras y hornos de microondas por 90 mil pesos.

El mantenimiento de áreas verdes se hizo por 7 millones 830 mil pesos, aunque también se compró equipo para el mantenimiento de esas mismas áreas verdes, el cual costó 1 millón de pesos. El barrido de calles y avenidas de algunos centros procesadores de gas costaron 2 millones 800 mil pesos más otros 890 mil pesos el material para barrer esas calles; 200 mil pesos para el corte de maleza, y 150 mil pesos para recolección de basura.

Que los directivos de PGPB consumieran agua embotellada ese año costó 2 millones 700 mil pesos y que tuvieran cubitos de hielo, 2 millones 97 mil pesos. El servicio de comedor en el complejo Nuevo Pemex: 1 millón y medio de pesos; y algunos alimentos en el complejo Reynosa, 65 mil pesos.

Al edificio sede se le dio mantenimiento por 4 millones de pesos; se remodeló el comedor por 9 millones de pesos. Se compraron muebles de baño por 1 millón 100 mil pesos.

Las oficinas de Villahermosa se reacondicionaron por 2 millones de pesos. El remozamiento de cuatro bardas costó 8 millones de pesos; y el alambre de púas para las instalaciones de las oficinas en la región sur, 8 millones.

Se rehabilitó la casa de visitas del complejo Ciudad Pemex por 5 millones de pesos; las oficinas del complejo Cactus por otros 5 millones de pesos. Se remozaron los techos de lámina de Cactus por 6 millones de pesos; y los de Coatzacoalcos, por otros 6 millones de pesos.

En Ciudad Pemex se gastó 3 millones 200 mil pesos por remodelar las oficinas, 6 millones 500 mil pesos por impermeabilizarlas, 7 millones por rehabilitar los baños, la zona de talleres por 2 millones 500 mil pesos. El servicio de limpieza en la sala de juntas y comedor se facturó en 1 millón de pesos.

La limpieza de las fosas sépticas en la terminal de gas de Salina Cruz costó 387 mil pesos, y la remodelación de los sanitarios de los directivos en las oficinas de la región norte costó 60 mil pesos. En el mantenimiento de las oficinas de la Unidad de Administración y Finanzas zona Norte se gastaron 340 mil pesos.

El servicio de transporte escolar para los hijos de los directivos de Agua Dulce, Veracruz, costó 550 mil pesos. El de los directivos en los sectores de ductos Torreón y Monterrey, 602 mil pesos.

Se pagaron también 350 mil pesos en servicios veterinarios a cuenta de la oficina de ductos de Minatitlán. Aparte, el deshierbe en la terminal de gas en Ciudad Juárez costó 156 mil pesos, y el servicio de comedor en el CPG Matapionche, 208 mil pesos.

Se gastaron 990 mil pesos en la renta de un estand para dos exposiciones y 130 mil pesos en el café. Se compraron dos videos sobre la historia del CPG Cactus y el CPG Matapionche por 430 mil pesos. Se pagaron 50 mil pesos por una encuesta de satisfacción.

Para cerrar el año, en diciembre, la cena de navidad de los directivos de los complejos procesadores de gas Cactus, Coatzacoalcos, la Venta, Ciudad Pemex y Nuevo Pemex, costó 568 mil pesos.

La subsidiaria PGPB es, además, una de las principales compradoras vía ITS. Pese a ser una filial de Pemex, según ha comprobado la Auditoría Superior de la Federación, las adquisiciones que se hacen mediante ésta resultan mucho más onerosas para Pemex que si se compraran directamente a los proveedores. Entre 2007 y 2009, Ramírez Soberón ha comprado vía ITS servicios de proveeduría por 19 millones de pesos.

Otro gasto duplicado es el de servicios jurídicos. Aunque la subsidiaria tiene su propia área jurídica, contrataron servicio de privados para consultas de contratos específicos. Uno de ellos, el despacho Baker & McKenzie, facturó recientemente 7 millones de pesos por las asesorías que, se supone, debe dar el jurídico de la petrolera.

De la bancarrota a la privatización

El colapso en el gasto corriente de PGPB se da en un periodo en que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pemex ha subejercido 9 mil 701 millones de pesos, lo que provocó que se suspendieran 60 proyectos autorizados.

El subejercicio en Pemex, que mantiene paralizados diversos proyectos en todas las subsidiarias, se registró durante los casi tres años de Jesús Reyes Heroles al frente de la petrolera.

En julio pasado este semanario (Contralínea 140) publicó un informe interno donde Reyes Heroles explica al Consejo de Administración –presidido por Georgina Kessel– el no ejercicio de considerables porcentajes del presupuesto autorizado, así como el detalle de la subutilización de instalaciones de diversa índole, en el marco de las gestorías oficiales para que el Congreso de la Unión aprobara la reforma energética de Felipe Calderón, con la urgencia de la entrada de capital privado como eje medular.

Para esas fechas (julio de 2008), Pemex Gas tenía un subejercicio del 15 por ciento de su presupuesto, con lo que se colocaba como la tercera subsidiaria en tal situación presupuestal. Pemex Petroquímica registraba el subejercicio más alto: 32 por ciento de su presupuesto; seguida de Pemex Refinación, con el 29 por ciento; y Pemex Exploración y Producción, con el 4 por ciento.

En términos monetarios, el subejercicio más alto correspondía a la subsidiaria Refinación, con 300 millones de dólares.

Ante el Consejo de Administración, Reyes Heroles ventiló que la subsidiaria a cargo de Ramírez Soberón presenta graves deficiencias operativas, y que incumplió sus metas en la producción de gas licuado de petróleo, lo que incrementó la importación.

“Asunto de corrupción”

Juan Carlos Lavín Murcio, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, dice que “el problema central de los recursos en Pemex es un asunto de corrupción”. Enumera los casos de supuestos malos manejos de recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación, la cual ha integrado los expedientes para que la Procuraduría General de la República (PGR) finque responsabilidades penales.

Sin embargo, agrega Lavín, “ni las autoridades de la PGR fincan responsabilidades ni en Pemex hay condiciones de transparencia para garantizar que los recursos se manejan de forma adecuada y responsable. Es decir, la PGR está encubriendo los casos de corrupción flagrante ya detectados y comprobados en Pemex”.

Para el Comité Nacional de Estudios de la Energía, el subejercicio en los proyectos productivos de PGPB y la dilapidación en el gasto corriente son parte de la privatización que en el actual sexenio ha avanzado en esta subsidiaria como en ninguna otra.

El proyecto de Felipe Calderón plantea que los particulares produzcan, almacenen, transporten y distribuyan gas natural, gas licuado de petróleo y petroquímicos básicos, azufre y sus derivados, y que la subsidiaria se dedique únicamente a asignar y administrar contratos. Cabe señalar que la subsidiaria es la séptima empresa más grande de México y la onceava más lucrativa de América Latina.

Lo anterior está plasmado en un documento elaborado por Ramírez Soberón, con perspectiva a 2017. En éste se argumenta que el Sistema Nacional de Gasoductos ha tenido un crecimiento limitado, como resultado de las restricciones presupuestales, y que “el requerimiento inminente del servicio de transporte ha hecho necesario que Pemex Gas construya gasoductos en asociación con terceros”. Detalla que en los últimos años la inversión privada “comenzó a complementar” la de PGPB, “sin embargo, se requiere aún más la participación de terceros”.

En 2008, un funcionario de alto nivel de Pemex reveló que entre 2007 y 2008, a través de Gerardo Ruiz Mateos, el presidente Felipe Calderón operó las licitaciones y contratos mediante los cuales, a partir de 2010, las empresas privadas operen la producción, almacenamiento, distribución y comercialización de gas, y la explotación comercial de gasoductos.

En sus últimos días de gestión al frente de Pemex, Reyes Heroles anunció un esquema para ampliar la infraestructura de transporte de gas natural, proyecto que, según anunció, se licitaría en los próximos meses. El primer proyecto: un ducto de 230 kilómetros de Luis de la Paz-Guanajuato, el ducto de Naranjos-Tamazuchale, y la ampliación de 56 kilómetros del ducto de San José Iturbide, que implicarían una inversión de 600 millones de dólares.

Dieciocho consorcios constructores, transportistas y distribuidores de gas acudieron a las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía para conocer los detalles de la licitación. Reyes Heroles anunció que la licitación se efectuaría durante septiembre.

Un diagnóstico interno de la subsidiaria indica que actualmente se utiliza el 85.9 por ciento de la capacidad de ductos y el 98.4 por ciento del transporte. Pero el proyecto de Felipe Calderón argumenta la necesidad de ampliar la infraestructura de distribución de gas natural y gas licuado de petróleo y su procesamiento, almacenamiento, transporte y distribución en manos privadas.

El plan es que en 2015 operen ocho estaciones de compresión privadas y tres nuevos ductos de gas natural; cuatro terminales de almacenamiento y cinco nuevos gasoductos, todo privado. La licitación se da a la par que Felipe Calderón pone de nuevo en la mesa “la necesidad” de una nueva reforma energética que permita la entrada de privados en todos los procesos de la industria del gas y del petróleo.

Mala planeación o privatización, dice Juan Carlos Lavín: “En términos de responsabilidad, la mala administración es corrupción, especialmente cuando la responsabilidad de esa mala administración genera consecuencias graves para los grupos de población que debían verse beneficiados por el ejercicio de los recursos públicos. Por ello, es necesario que para eficientar el gasto, también se finquen responsabilidades contra quienes se encargan del inadecuado ejercicio o subejercicio de recursos”.

Ana Lilia Pérez