La policía en el IPN, onerosa y “represiva”

El presupuesto que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) destina a los servicios de seguridad y vigilancia, prestados por el 53 Agrupamiento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se incrementó más de 80 por ciento en un periodo de ocho años. Los 100 millones 198 mil 998 pesos del contrato de 2009 rebasan, por separado, los gastos institucionales de proyectos de investigación (45 millones de pesos) y modernización tecnológica (79 millones 286 mil pesos).

En 2001, según información publicada en la Gaceta Politécnica el 15 de febrero de ese año, se destinaron 1 millón 500 pesos mensuales a la contratación de 300 elementos de la Policía Auxiliar. Para 2009, el monto del contrato anual (IPN-PS-AD-002-2009) alcanzó los 100 millones 198 mil 998 pesos, como consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno Federal.

A dicha cantidad se suman los 774 mil 19 pesos que el Patronato de Obras e Instalaciones del IPN pagó por el servicio de vigilancia en los inmuebles de su propiedad: oficinas administrativas y almacén general; contratación realizada con la Policía Auxiliar desde 1997.

El contenido de estos contratos es de carácter “reservado” por un periodo de dos años a partir del 4 de agosto de 2008. Darlo a conocer “atenta contra la seguridad institucional y pone en riesgo a la comunidad politécnica y su patrimonio”, argumenta la Secretaría General del IPN en respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 1117100062809, presentada por Contralínea ante la Unidad de Enlace de la institución educativa.

Sin embargo, un anexo del contrato de 2004 (del que este medio posee copia), permite observar algunos detalles del gasto en este servicio, además del incremento en el número de elementos policiacos. Durante el primer trimestre del año, se gastaron 14 millones 403 mil 834 pesos en los 541 elementos contratados –241 más que en 2001.

El sueldo mensual del jefe de servicio osciló entre los 18 mil 540 y los 19 mil 819 pesos. “Más de lo que gana un profesor de tiempo completo”, apunta Samuel Sotelo, trabajador administrativo e integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Asimismo, de enero a agosto de 2004, se invirtieron casi 500 mil pesos en autopatrullas: el gasto mensual promedio por cada una fue de 15 mil 355 pesos. Se trata de vehículos con los colores del instituto y el logo “Auxilio IPN” que, tripulados por policías, recorren las instalaciones politécnicas a pesar de que la versión pública del contrato IPN-PS-AD-055-2001 expresa: “Quedando terminantemente prohibido que los elementos manejen vehículos de ‘El IPN’, excepto por autorización de ‘La PA’ a solicitud y responsabilidad expresa de aquél” (sic).

Duplicidad de funciones

“Hay una duplicidad de funciones”, aseguran trabajadores, integrantes de la Unión Sindical Democrática (USD) del IPN. Además de contar con el material para salvaguardar sus instalaciones, “lo que representa una cantidad de recursos también”, la institución tiene trabajadores de base asignados a estos servicios. Se trata de los “prefectos” y “supervisores de vigilancia” contemplados en su actual Tabulador del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.

Asimismo, en el interior de las escuelas, existen los comités de Seguridad Contra la Violencia, cuya finalidad es “propiciar un ambiente seguro, de armonía institucional”, comenta Sandra Marín, quien durante el periodo de José Enrique Villa Rivera como director general del IPN (2004-2009) asumió la jefatura de la División de Prevención de la Secretaría General.

En sus reuniones con instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, discuten los programas para “reforzar la vigilancia, el patrullaje y la presencia policial en beneficio del alumnado”, menciona el Informe anual 2009 de estos comités.

Subrogación de los servicios

El objetivo encubierto de la contratación de la Policía Auxiliar, considera el trabajador Samuel Sotelo, fue “concretar en la vía de los hechos un acuerdo que toca el asunto laboral entre Elba Esther Gordillo y la dirección del Politécnico, y que tiene un trasfondo de grandes negocios para los dueños de las empresas prestadoras de servicios: la entrega de las áreas de servicios que son materia de trabajo del personal sindicalizado”.

A finales de la década de 1980, el outsourcing (la subcontratación de servicios) se apostó paulatinamente en el Politécnico: comenzó con los servicios de limpieza, de jardinería y, luego, de mantenimiento; ahora de seguridad y vigilancia a particulares. “La tendencia es adelgazar la plantilla de trabajadores sindicalizados”, lo que además “es ilegal, pues pasa sobre nuestros derechos constitucionales como trabajadores”, asegura Sotelo.

La estrategia de la autoridad fue dejar que, con el paso del tiempo, estas plazas se extinguieran de manera natural: por muerte, por renuncia o por jubilación. Las vacantes que se generaron ya no se cubrieron; así, poco a poco, fueron contratando a empresas privadas, explica el también integrante de la USD.

De 1987 a 2009, la plantilla del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del IPN se redujo un 40 por ciento: de 16 mil 500 a 9 mil 396 trabajadores no docentes.

En la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administración (UPIICSA), hay sólo dos policías que generalmente se mantienen afuera de las instalaciones. Esto se logró, comenta Rosario Trejo, secretaria general del Sindicato Docente de esta escuela, a partir del periodo del director Jaime Martínez Ramos, cuando trabajadores y profesores expresaron “su rechazo a la presencia de la policía”.

“De todas maneras resulta un negocio”, se lamenta Trejo, pues los vigilantes contratados para resguardar el interior de esta unidad pertenecen también a un grupo privado. “Pero digamos que esto aminora un poco ese símbolo de agresión, de intimidación que significa la presencia de un uniformado”.

Criminalización de la protesta

Represión, intimidación y espionaje: los verdaderos objetivos de la presencia de la Policía Auxiliar del Distrito en el IPN, coinciden en señalar integrantes de la comunidad politécnica.

“Hay una criminalización de la protesta. Se usa a la policía para intimidarnos, pero también para colocarnos en una posición de violentos, agresivos, revoltosos”, afirma la profesora Rosario Trejo.

En septiembre de 2009, Trejo fue agredida por dos elementos de la Policía Auxiliar mientras pretendía realizar un trámite en la Secretaría Administrativa del IPN, como consta en una denuncia presentada en la delegación Gustavo A Madero.

“El combate al porrismo fue el pretexto” que, en 2001, las autoridades del Politécnico utilizaron para meter a la policía a las escuelas, asegura Marco Hernández, egresado de la carrera de ingeniería en comunicación y electrónica del IPN.

Nueve años después, los porros siguen ahí. Yoloxóchitl Bustamante Díez, actual directora general del IPN, reconoce en entrevista con La Jornada (publicada el 13 de enero pasado) que, aunque por el momento el porrismo “es un fenómeno que se mantiene tranquilo”, el riesgo de penetraciones es latente, “pues ante un escenario de crisis”, éste puede agudizarse.

Cuando el presidente Vicente Fox nombra a Correa Jasso como director general del IPN, le encarga cambiar la Ley Orgánica y dotar de autonomía a la institución, explica Víctor Moreno, profesor de la Escuela Superior de Cómputo e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. “En realidad lo que pretendía era el desmantelamiento, la destrucción del Politécnico”.

“La institución educativa de nivel superior cuya existencia es absolutamente incompatible con el neoliberalismo es el Politécnico”, agrega. Fue creado y orientado para dotar al país de profesionales altamente capacitados para trabajar en la industria estratégica. “En el momento en que se está vendiendo esta industria, en ese momento deja de tener razón de ser, razón de existir, el Politécnico”.

Con estas pretensiones, el nuevo gobierno encabezado por el Partido Acción Nacional “necesita otro cuerpo que reprima, que controle, que contenga la protesta; entonces mete la policía”. Esto no significa que los grupos porriles (de tradición priisita) desaparezcan; simplemente se les reduce el presupuesto, comenta Marco Hernández.

Trejo, también integrante de la USD, no puede contener la carcajada cuando se le pregunta qué hacen los policías cuando se encuentran con los porros: “No solamente la policía no combate a los porros, sino que se coordinan cuando se trata de intimidar o reprimir; obviamente coordinados, a su vez, por las autoridades del Instituto”. Aparecen, por ejemplo, cuando hay una situación “que no le gusta a la autoridad o que implica que nosotros hagamos una acción de protesta”.

“Normalmente los policías no están armados”. Sin embargo, en algunas movilizaciones, “ingresan policías armados; las exhiben en una actitud intimidatoria cuando llegamos más de 10”, afirma Samuel Sotelo.

“No están armados; de hecho dentro de las instalaciones no está permitido”, contradice tajante Sandra Marín, quien fuera jefa de la División de Prevención de la Secretaría General. “Entran con tolete, con su uniforme normal, sus chalecos; algo que les permita estar seguros, porque cuando hay una situación en la calle, no dejan de ser policías”.

La incorporación de los policías en el IPN fue paulatina, relata Marco Hernández, activista estudiantil. Al principio, sus funciones se limitaban “y eso nos lo dijeron las autoridades: ‘La policía está aquí para erradicar al porrismo, y su única función va a ser revisar las credenciales, evitar que entren los porros’. Paulatinamente, eso ha ido avanzando, ahora son ellos los que se pasean por las escuelas; los que tienen a cargo esas labores evidentes de intimidación, de espionaje”. En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad Culhuacán, por ejemplo, “iban a copiar el periódico mural que poníamos”, y después pasaban el reporte.

Moisés Ramírez Tapia, integrante del Comité Delegacional Sindical de UPIICSA, cuenta que en un mitin en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas, uno de los policías lo indagó directamente: quién eres, qué haces aquí, por qué lo haces… le preguntó. “Ésa es una labor de espionaje directa”, asegura.

El hecho de que los policías revisen la credencial es ilegal, explica el estudiante Alejandro Hernández, aludiendo a la normatividad de la institución. “Portar la credencial de estudiante y utilizarla de forma personalísima como identificación a solicitud del personal y autoridades del Instituto”, dice el artículo 107, fracción VII, del Capítulo VI del Reglamento Interno del IPN, respecto de las obligaciones de los alumnos. Y los policías “no son ni personal ni autoridad del Instituto”, asegura Hernández. Cita entonces el artículo 8 del capítulo III de la Ley Orgánica, que especifica quiénes son las autoridades del IPN. No están contemplados los policías.

En enero de 2009, Alejandro Hernández y Josué Martínez, estudiantes de la ESIME, unidad Azcapotzalco, presentaron una queja ante la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, en la que denuncian “abuso de autoridad de parte de la Policía Auxiliar”.

“Los estudiantes mencionados se han estado organizando en un colectivo estudiantil dentro del IPN para defender el derecho a la educación y evitar los abusos de autoridad y la cobranza de cuotas de inscripción a estudiantes de escasos recursos. Por lo mismo, se sospecha que es por su participación dentro de su colectivo que se está implementando una represión académica en contra de ellos”, se lee en la Acción Urgente 004-2009-IPN-DF.

A pesar de desconocer el número actual de policías contratados, así como las funciones que desempeñan (datos considerados “confidenciales” en la versión pública de los contratos proporcionada por la Policía Auxiliar), estudiantes, trabajadores y académicos observan que el número de policías se ha incrementado y que su presencia varía, según las condiciones de cada plantel: “Donde se han ido identificando focos rojos (activismo estudiantil), meten a la policía”, asegura Alejandro Hernández.

Combate a la delincuencia

“Vigilar, cuidar, proteger, dar seguridad, dar apoyo y orientación a nuestra comunidad” son las funciones que desempeña la Policía Auxiliar, menciona Sandra Marín. Asegura que la comisión de delitos “bajó y se redujo de manera sustancial” a partir de la contratación de estos policías. “El hecho de que vean elementos de seguridad resguardando nuestras instalaciones inhibe la comisión de delitos”.

“Yo digo que no sirven para nada, pues no tienen capacidad ni posibilidad”, considera René Torres Bejarano, catedrático en el IPN durante casi 40 años. La Policía Auxiliar no tiene la capacidad de actuar, por ejemplo, en caso de delitos, consta en los contratos de prestación de servicios: “El Poli-IPN se compromete a no incluir disposiciones que impliquen delitos” (contrato 01-2009-CSV). Tampoco tiene responsabilidad sobre las pérdidas o daños que puedan sufrir las propiedades a su cuidado (contrato IPN-PS-AD-055-2001).

Es más, los robos han continuado, “y a lo mejor un poquito más organizados”, pues ha habido saqueos en almacenes, en cubículos y en laboratorios; “y supuestamente hay vigilancia. Entonces uno no puede más que pensar que son ellos mismos”, agrega Torres.

Integrantes de la USD, asienten con la cabeza, y en ocasiones interrumpen para precisar un dato mientras Alejandro Torrecillas, secretario general del Sindicato Docente de la ESIME Culhuacán, relata: “En la ESIME Culhuacán se perdieron 16 computadoras…”

—Aquí también se pierden muchas cosas –interviene Rosario Trejo.

—Aquí también robaron el cajero (refriéndose a uno que está en las instalaciones de UPIICSA) –complementa Gregorio Díaz, trabajador de apoyo a los laboratorios pesados de este plantel.

—Lo más grave es que cuando uno va con los directivos de las escuelas a decirles. Responden que ellos no pueden hacer nada, porque todo viene de área central y todo es disponibilidad del secretario general del Politécnico –concluye Torrecillas.

Policías, incompatibles con una institución educativa

“La policía por su propia naturaleza es incompatible con las instalaciones de cualquier escuela de educación superior”, señala Víctor Moreno, físico matemático de formación. Cual demostración matemática, explica que la crítica y el análisis científico –característicos de las instituciones de educación superior–, cuyo principio de verdad es la praxis, “son incompatibles con el principio de autoridad y más con un principio de autoridad autoritario”.

Indignado, Torres Bejarano manifiesta su inconformidad con que los uniformados funjan como la “oficina de relaciones públicas” de la institución. “No me cabe en la cabeza que nosotros como académicos o que el público en general tenga que estar tratando con policías en una institución educativa”.

A partir de su experiencia como director de tres escuelas del IPN, se pronuncia porque la vigilancia esté conformada por personal del Instituto: “Sería mejor que fuera gente que trabaja de planta, como el policía de barrio, y que en cada escuela se integrara a la comunidad para que la conociera y que de alguna manera lograra efectivamente esa seguridad”.

Ellos no son los únicos inconformes. En una carta, con 940 firmas, publicada en La Jornada el 3 de enero de 2005, integrantes de la comunidad de la ESIME, unidad Culhuacán, se manifiestaron en contra del ingreso de elementos de la Policía Auxiliar a su escuela. Uno de los argumentos era que “esta decisión fue tomada sin consultar a la comunidad”.

“Le solicitamos dejar sin efecto el convenio para la prestación del ‘servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del IPN’ a cargo de la Policía Auxiliar”, dice un documento (con copia para José Enrique Villa, exdirector general del IPN), firmado por alrededor de 1 mil 500 representantes sindicales de las secciones 10 y 11 del SNTE y demás miembros de la comunidad politécnica, entregado a Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, en octubre de 2009.

Marín, en representación de la Secretaría General, afirma desconocer estas inconformidades. Además, asegura que los policías contratados “son insuficientes”, por lo que “las comunidades escolares (estudiantes y académicos) solicitan a la Secretaría General un mayor número de elementos de seguridad”.

Se solicitó entrevista con Yoloxóchitl Bustamente, directora general del IPN; asimismo con Efrén Parada, ahora secretario Académico, quien desde 2004 es el “requirente y responsable” de los contratos celebrados con la Secretaría General del Instituto. En ambos casos, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.