Detener la impunidad

Mientras esto ocurre, las autoridades, cuando más, dan explicaciones y señalan culpables. Pero en 10 años, sólo un caso se ha resuelto, el del fotógrafo de El Debate de Mazatlán, Gregorio Rodríguez, ultimado el 28 de noviembre de 2004; aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que hubo irregularidades en la investigación (Ana Lilia Pérez dixit).

De la ascensión de Vicente Fox a la fecha, han caído 64 periodistas y otros 10 están desaparecidos. Los reclamos de varias organizaciones y compañeros son incesantes. La respuesta oficial, sin ninguna precisión, es: los culpables son los narcotraficantes. Pero, curioso, no obstante los miles de detenidos, que aparecen muy fieros y domesticados en fotografías de primera plana y ampliamente en televisión, ninguno ha aceptado que en su feudo se liquide a comunicadores.

En un desplegado aparecido el 3 de mayo (La Jornada), Día Mundial de la Libertad de Prensa, firmado por diversas organizaciones sindicales, entre ellas Radio Educación, Contralínea, La Federación Interamericana de Prensa y un centro de información para mujeres, se dice:

“Los últimos tres años en nuestro país han sido el lapso de mayor hostilidad contra el ejercicio periodístico en el continente. En ese periodo, han ocurrido 34 asesinatos y ocho desapariciones, además de los atentados contra instalaciones de varios medios de difusión.”

En 2010 han matado a cinco comunicadores, existido 244 agravios, según la organización el Centro Nacional de Comunicación Social. De ellos, el 66 por ciento ha sido cometido por funcionarios públicos y elementos uniformados y ocho por ciento, por partidos políticos. Además, existe la negativa oficial para otorgar publicidad equitativa, lo que impide la pluralidad informativa.

Le piden a Felipe Calderón, en el documento mencionado, que gire instrucciones claras al gabinete de seguridad nacional para que responda a las peticiones de la CNDH acerca de los agravios a periodistas y el respeto a la libertad de expresión.

Al procurador federal, Arturo Chávez, que investigue los crímenes y se castigue a los culpables porque hasta ahora ha fracasado estrepitosamente la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra Periodistas.

Y en el señalado texto, le solicitan al Senado explique cuándo y cómo dictaminará la iniciativa de federalizar los delitos contra periodistas, que recibió hace tiempo de la Cámara de Diputados.

Otra vez se demuestra que únicamente vivimos de promesas y nos enredan en una palabrería oficial sin límites. Se trate del Ejecutivo o el Legislativo, pero en el Judicial poco y mal se ha hecho al respecto. Claro, los tres poderes que antaño eran lo máximo –desplazados por las televisoras y los financieros, más los que ganan a manos llenas con actividades ilícitas– hoy no atinan a resolver cuestiones fundamentales. Están impedidos porque el Estado delegó su fuerza en las corporaciones que supuestamente nos llevarían al paraíso.

Vale la pena regresar a San Juan Copala. En esta región, parafraseando al profesor Luis González, exponente máximo de la microhistoria, encontramos las debilidades máximas y el neocaciquismo en su esplendor.

Según cuenta Érika Ramírez en una entrevista (Milenio televisión), estuvieron ella y su compañero 60 horas sin recibir apoyo, ni del gobierno estatal (Ulises Ruiz) ni del federal. El cacique de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui, Rufino Juárez –en combinación con Ulises– ha impuesto su ley a sangre y fuego. Imitando a los cárteles de la droga, nadie entra en su territorio si él no da su venia; claro, apoyado por los uniformados estatales.

En la acción realizada contra una misión de paz, asesinaron a Beatriz Cariño y al finlandés Jyri Jaakola. Ella, por cierto, había fundado en 2008 la estación de radio para mixtecos La Rabiosa, la cual fue clausurada inopinadamente en agosto de ese año por agentes federales. No obstante ello, todavía promovió la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano.

Una de las tareas encomendadas por Contralínea a David Cilia y Érika Ramírez en su viaje a Copala, era investigar el asesinato ocurrido hace dos años en aquellas tierras de las comunicadoras Teresa Bautista y Felícitas Martínez, que hacían de la estación La voz que rompe el silencio un vínculo con los habitantes triquis para múltiples actividades: desde las productivas hasta las de derechos humanos, pasando por las de cuidado del medio ambiente. Lo cual muestra que los matones están en contra de todo progreso, ya que las fuerzas oscuras insisten en la pasividad como norma.

Otro caso terrible es el de Roberto Marcos García. En un reportaje del semanario Contralínea (número 180), encontramos cómo fue asesinado el 21 de noviembre del 2006. El reportero trabajaba para el periódico local Testimonio y era corresponsal de la revista Alarma.

Se le liquidó con saña, pues luego de atropellarlo, le dieron 12 disparos a corta distancia. Desde entonces, la Procuraduría General de la República, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la justicia veracruzana han estado, prácticamente, ausentes, no obstante que una y otra se echan la bolita. No se diga el mandatario Fidel Herrera, quien prometió a la viuda, María García, apoyo y no ha dado nada. Incluso, Fidel estableció una comisión de defensa del periodista que únicamente ha sido utilizada para gastar a manos llenas.

Historias entre muchas que ilustran lo que sucede. Por eso tienen razón los firmantes del manifiesto citado extensamente: es necesario salir a las calles en todo el país, el domingo 30 de mayo, para conmemorar un aniversario más del asesinato de Manuel Buendía y exigir protección real y apoyo al periodismo, ya que sin información abierta, real, verdadera no hay democracia. Ah, y formar una red de apoyo entre ciudadanos y reporteros, algo indispensable en tiempos aciagos.