Los difíciles tiempos que vienen

Nuevamente estaremos, en realidad, varados, ya que una cifra de esa magnitud hace que la economía sea mediocre, algo que al inicio de este sexenio se dijo que se resolvería ampliamente con el acuerdo en Los Pinos entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD): el trío maléfico que ha engañado a la población y que se reparte el poder con impudicia y sin freno.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 53 millones de nacionales están en riesgo de caer en la pobreza, lo que haría más amplio el espectro de quienes no tienen lo elemental para vivir.

Entre 2000 y 2012, dice el mencionado programa, 46 por ciento de la población tuvo movilidad ascendente; o sea, mejoró sus ingresos. Pero en la actualidad, por diversos factores, de 5 a 7 millones bajarán en sus percepciones.

Esto se debe a que millones no tienen protección social, no obtienen transferencias de recursos y no cuentan con seguro de desempleo. Más aún, únicamente el 36 por ciento tienen pensión; aunque en muchos casos es muy limitada, como observamos en un anuncio televisivo donde un adulto mayor tiene que vender su auto de toda la vida por 45 miles de pesos, supuestamente para guardar el dinero para su vejez (sic que se está a punto de morir).

Otra de las cuestiones que padecemos, lo sabemos hace tiempo, es que los jóvenes no tienen posibilidades de estudiar ni de trabajar. Se trata de 7 millones, en un país donde este tipo de personas son consideradas el bono demográfico, ya que si obtuvieran empleo estarían contribuyendo al presente y al futuro del país. Pero no es así.

Según el especialista Carlos Fernández Vega (La Jornada, 21 de noviembre), entre 2013 y 2017, el gobierno actual ejercerá la bonita suma de 25 billones de pesos, una cantidad nunca antes vista y mal repartida. Desgraciadamente, ya sabemos que la distribución es terriblemente desigual, pues el 1 por ciento rico se apropia de 47 veces más de lo que obtiene el 10 por ciento pobre.

Simplemente hay que ver los salarios de funcionarios, magistrados, gobernadores, legisladores y demás que son desmesurados en comparación con los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): Estados Unidos y Canadá. Claro, si además le agregamos lo que se roban los mandatarios, y la impunidad existente, la cosa es de pavor.

Un solo caso. Fidel Herrera, el exgobernador de Veracruz, hoy cónsul en Barcelona, y enriquecido por su relación con cárteles, entre ellos el de Los Zetas, al decir de agencias estadunidenses, percibe cerca de 9 mil euros mensuales. Además, su hijo es funcionario en Canadá, con un sueldo amplio pero no revelado (Carlos Fazio, La Jornada, 21 de noviembre).

Hace poco supimos que en 2015, Peña Nieto erogó 9 mil 619 millones de pesos en los medios de difusión: 248 veces más que lo utilizado para la defensa de los Derechos Humanos y nueve veces más que lo dedicado a las escuelas de calidad (Sin Embargo, 22 de noviembre).

La campaña gubernamental hace meses señala que lo bueno que hace el gobierno no se cuenta, pero cuenta mucho. Lo cual quiere decir que la propaganda a los medios es errónea, está mal dirigida o nadie la cree. Empero, mucho de lo que se dice en la propaganda oficial no es obra de una administración que ayude a la gente, sino parte de un compromiso que se debe llevar a cabo y no se hace correctamente, aunque se difunde como si fuera algo fuera de serie, un beneficio de ciertos personajes maravillosos (sic que descubre la impostura).

En el reciente presupuesto gubernamental que se aprobó para el siguiente año, hay recortes de actividades sustanciales por todos lados. Un caso: el Fondo de Cultura Económica tuvo que cerrar cuatro librerías por bajo presupuesto. Algo que ocurrirá en otras áreas como salud, educación, ciencia y tecnología y universidades.

Por eso, organizaciones no gubernamentales dicen, con razón, que no es posible atacar la obesidad si no hay presupuesto. Y hace mucho que estamos en espera que con el impuesto a los refrescos pongan bebederos de agua en las escuelas primarias y secundarias, y no ocurre así, algo que no explica para nada la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni Aurelio Nuño.

En un reportaje del semanario Proceso (número 2090), encontramos que la secretaría de Hacienda determina cómo gastar sin freno. Y para que aprueben su proyecto le da alrededor 20 millones de pesos a cada diputado para que lo invierta en lo que le plazca. Una distorsión más que hace de nuestro país una nación bananera.

Todo eso se agravará ahora que llegue Trump, ya que los políticos mexicanos siguen en las nubes o viajando para simplemente dilapidar nuestros impuestos.