El grupo de “jóvenes expertos con posgrados obtenidos en el extranjero”,
tal como lo ha dispuesto el Presidente de la República, apoderados de la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES, cumplió nuevamente su cometido de redactar una ley de universidades que no atiende el punto sustancial
para lo cual fue solicitada.

A pesar de las múltiples gestiones que han realizado los dirigentes estudiantiles y algunos rectores universitarios ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, a lo que se han sumado las reuniones del CONESUP y muchas
organizaciones de trabajadores, de docentes y estudiantes, no se ha conseguido que se atienda los aspectos con los que había desacuerdo.

El problema mayor es el de la vulnerabilidad que tendría el importante concepto de la autonomía, ya que al crear el Consejo de Educación
Superior con mayoría gobiernista, el Presidente de la República tendría poderes omnímodos para crear o suprimir carreras, afectar la estabilidad docente y determinar muchas de las más importante decisiones propias del desenvolvimiento de las universidades.

Adicionalmente, en el proyecto de ley se anuncia la creación de un tercer organismo que virtualmente gobernaría por encima del Consejo de Universidades y del Consejo de Acreditación. Este nuevo organismo, con el membrete de dedicación a la ciencia y a la tecnología, tendría también autoridad sobre las universidades.

Según la Senplades y ahora esa mayoría de Alianza País, tampoco el Consejo de Acreditación tendría autonomía, porque nuevamente el Presidente de la República va a nombrar a su principal autoridad, lo cual viola el espíritu que prevalece en la Constitución Política vigente.

Todavía resuena en nuestros oídos aquello de que el régimen no estaba de acuerdo con la creación de nuevas universidades, sean privadas o públicas. “Es imposible que cada cantón tenga una universidad”, dijo Rafael Correa, para ejemplificar sobre el alto número de instituciones de educación superior. Pero he aquí que la Asamblea, seguramente en acuerdo con el Presidente, se dispone a crear seis nuevas universidades públicas en evidente perjuicio de las
existentes. Nos preguntamos ¿de dónde va a financiar las nuevas universidades si las actuales apenas superviven con los magros recursos
que reciben, a veces con retraso? Con más universidades el horizonte
de la investigación y el desarrollo de la ciencia se torna más lejano e
inalcanzable.

Más bien queda claro que el proyecto del gobierno apunta a desarticular el movimiento universitario de carácter crítico. Así se comprueba una vez más cuando se conoce que crearán una universidad de pedagogía. Y otras más en otros campos del conocimiento, para abonar desde la academia un sólido respaldo a sus políticas. Hay que tomar en cuenta que está vigente una moratoria para la creación de nuevas instituciones universitarias.

Pero hay más. El gobierno desea cambiar a su manera el sistema de elección de autoridades, profesores y empleados, en algunos casos con procedimientos ilusorios o inaplicables. En este punto, a pesar de las continuas y públicas peticiones realizadas, la Comisión no las ha atendido, agravando el desencuentro entre las partes.

Aparte de declaraciones vacías y retóricas, la situación en la que quedan los profesores es precaria y confusa.Más aún si se habla de los sistemas de jubilaciones, donde a decir de la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana: “no se ofrece solución suficientemente digna para los profesores por jubilarse en el futuro, lo cual no alienta la rotación académica y el refrescamiento de los cuadros nuevos en beneficio del país”.

Otro aspecto medular en relación a los profesores es esa ambigüedad al referirse a si ellos pertenecerán o no a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que de así resolverlo se constituirá en un contundente golpe no solamente a la economía de los docentes, sino que redundará en un mayor deterioro de la calidad educativa. Considerar a un académico como empleados público, entre otras con la característica de libre remoción, es
destruir la base misma en la que se asienta la universidad y su plantel docente.

Como se ha visto en el país estas últimas semanas, los estudiantes, profesores y empleados de todas las universidades se han pronunciado en contra del proyecto de ley, y dado el empecinamiento del sector gubernamental en aceptar las propuestas, se esperan acciones más contundentes en todo el país. Un flanco más por donde el régimen hace agua.

Marco Villaruel Acosta