La violencia de todos los días en las calles y en los domicilios de los ecuatorianos no tiene freno. La característica de estos días es el aparecimiento del denominado “sicariato” y para combatirlo se crean nuevas unidades policiales, se convoca a llenar las vacantes de miles de plazas policiales, se anuncia que se endurecerán las penas, se nulita la visa que han obtenido varios extranjeros, se invita a “prestantes asesores” franceses, y por otro lado se afinan las técnicas de persecución a los jóvenes colegiales.

Por lo pronto se han “regularizado” los horarios de expendio de licor y se anuncian nuevas medidas con el fin de frenar la violencia. Las motos deberán estar bien identificadas así como también quienes las conducen.

Pero la violencia civil, la de los ciudadanos, crece sin parar.

No obstante, desde el gobierno la violencia física y verbal tampoco tiene límite. Con el más grande desparpajo un grupo de “Fiscales”, en representación de algo que se hace llamar “Seguridad del Estado”, han llamado a declarar y están prontos a juzgar y condenar a los dirigentes de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador por haberse manifestado en la ciudad de Otavalo en contra de un acto gobiernista, al que asistieron delegaciones internacionales, dos presidentes latinoamericanos y algunos indígenas empleados en las oficinas del gobierno. Los acusan de manera gravísima de haberse sustraído un par de esposas, por lo cual esperan los agenciosos tinterillos colocar las máximas penas a los dirigentes de la CONAIE.

En otra región del país las fuerzas policiales desalojan de manera violenta a los pobladores de La Esperanza, en la provincia del Guayas. La razón debe ser la de siempre: ocuparon las tierras ajenas, cuando históricamente son ellos los únicos y legítimos propietarios.

En Quito permanece siete meses en prisión el Presidente Nacional de la FEUE, Marcelo Rivera, acusado de lo mismo que quieren endilgarles a los dirigentes de la CONAIE: terrorismo. Al parecer se le quiere dar la misma dosis que a la dirigente Guadalupe Llory a quien se le mantuvo un año en la cárcel, hasta que el juez la absolvió.

Están frescos los recuerdos de la muerte del dirigente shuara Bosco Wisuma y las violentas respuestas de la policía a las marchas de los maestros y de los estudiantes cuando se desarrollaba el paro nacional del magisterio.

Todo lo cual configura la postura oficial del gobierno de ir por la vía de la violencia y ya no del diálogo para acallar a la cada vez más numerosa y radical oposición.

Marco Villaruel Acosta