Nada estuvo bien durante el proceso de debate y aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior, dirigida a través de algunas instancias relacionadas siempre al régimen de Rafael Correa, o sea de Alianza País.
En primer lugar estuvo la incorporación de una serie de disposiciones o mandatos en la Constitución Política del Ecuador, instrumento jurídico tan desproporcionado y complejo, que a duras penas se la comprende y aplica. Una de ellas fue justamente los plazos que se le dio a la Asamblea Nacional para la expedición de algunas leyes, la de Comunicación por ejemplo, y la de Educación Universitaria precisamente. Es decir, no hubo el tiempo ni el método necesario para auscultar el criterio de todos los involucrados.
Esa fue la razón principal para que el proyecto de ley fuese elaborado en la Secretaría Nacional de Desarrollo, SENPLADES, por una serie de burócratas que poco o nada conocían de la problemática universitaria del país. Algunos de ellos tenían posgrados pero sin ninguna experiencia docente significativa. No se conoce de las investigaciones que sobre calidad, sistemas de ingreso, evaluación universitaria hayan sido elaboradas por esos funcionarios y que por ese mérito hayan recibido el encargo de elaborar el pre proyecto que se emitió para el debate.

Existe otro aspecto que en fin de cuentas pesó también para configurar esta suigéneris ley. Se trata de ese prurito extranjerizante y neocolonialista de utilizar sin beneficio de inventario los grados, categorías, sistemas de educación superior, especialmente del mundo anglosajón par aplicarlos a la fuerza en los articulados de la ley. Así lo sentimos cuando aplican a rajatabla ese mecanismo antipedagógico del culto a la mal llamada meritocracia, que también lo han aplicado a mala hora y con fatales resultados en la educación general ecuatoriana.

Veamos unos ejemplos: para ser autoridad o profesor principal a tiempo completo se requiere tener un título de PhD, es decir de doctor en filosofía, categoría académica propia del mundo europeo o norteamericano, cuya ocupación fundamental no es ni será la de dar clases ni de dirigir universidades, sino de realizar investigaciones en el orden que haya sino formado. ¿Ganan algo evidente las universidades ecuatorianas con esta exigencia sui géneris? Tanto más que para la formación de centenares o miles de PhD que se necesitan se requiere mucho dinero, algo que el señor Correa dijo que no quería dar, porque más le interesaba invertir en la educación básica.

La gratuidad de la educación superior parece hasta ahora un mal chiste, porque los recursos llegan tarde, mal o nunca. ¿Qué haremos con los fondos que se necesitan para formar a los PhD? Aquí queda en evidencia ese culto obsceno a la meritocracia, ese calculado y malintencionado hábito de creer que solamente las buenas o buenísimas notas o el brillo de los títulos te habilitan para hacerlo todo. Pues han de saber estos noveles aspirantes a forjadores de la patria que siempre hay algo más que el título y la buena nota, y eso, eso que tiene que ver con la práctica, con lo mismo que ellos llaman “pertinencia”, el conocimiento científico del entorno y algo fundamental que desgraciadamente la ley ignora, es decir, el espíritu crítico con que se mira y actúa sobre la realidad, son cosas que desgraciadamente no vienen necesariamente con el más alto título académico.

Hay muchas cosas que hay que acotar sobre la ley. Las más importantes son la abolición del libre ingreso y por tanto la institucionalización del sistema de ingreso siempre con ese tufillo meritocrático que esconde los verdaderos objetivos del poder, que es continuar con el carácter elitista de la educación superior, así como la construcción de un sistema profesionalizante, poco o nada crítico.

La conformación de los organismos de dirección de las universidades es otro tema de importancia. Tal como propone la ley Correa aparte de insistir en la meritocracia, agrega de manera enfermiza a los delegados gubernamentales siempre con el fin de copar el control y someterlos a los designios de la famosa Senplades.

¿Cómo puede llamarse revolucionario un gobierno que de manera palmaria reconoce ese arcaísmo aberrante que es el Concordato con lo cual eterniza ese sistema paralelo de las universidades religiosas católicas? ¿Cómo poder creer en un gobierno que jura por siempre que no creará nuevas universidades y sin embargo de manera graciosa crea o autoriza a la Universidad Santa María de Chile, Nueva Jerusalén, Universidad Regional de Santo Domingo de los Tsáchilas, Amawtaw Wasy, Universidad Pedagógica de Azogues, de las Artes en Guayaquil, y da un tratamiento especial a la ESPE, a la Universidad Naval Comandante Rafael Morán Valverde, Instituto Superior Tecnológico Aeronáutico y a la llamada Universidad del Gobierno IAEN?

Hay verborrea tecnocrática en el lenguaje de esta ley, lo que le hace inaplicable en muchos puntos. Ya habrá tiempo de insistir sobre algunos aspectos, pero vale la pena reiterar el carácter profesionalizante, cientificista, burocrático, gobiernista que obviamente esconde o minimiza los pocos aciertos que puede contener.
Ahora la pugna no hace más que comenzar, porque al anunciar el veto el Presidente, los asambleístas que vendieron su voto se levantarán y se podrá conocer los entretelones de las negociaciones que dieron lugar a este mamotreto que terminó disgustando a todos.

Marco Villaruel Acosta