Es de aplaudirse que los senadores más democrática y republicanamente conscientes, asidos a los derechos y garantías constitucionales, detuvieron el voraz anteproyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que a toda costa pretendían imponer diputados federales y senadores del Partido Acción Nacional (PAN), con apoyo del Partido de la Revolución Democrática. Sobre todo los panistas –que dejan asomar el animal irracional que llevan dentro y que camina como nazi y vocifera como fascista– intentaban entregarle a Calderón, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde despacha Molinar Horcasitas (todavía impune por los 49 homicidios culposos de la guardería sonorense), facultades para controlar antidemocrática y antirrepublicanamente las radios y televisiones, si bien de servicio público, concesionadas a empresarios.
Al respecto, el análisis de Ernesto Villanueva, Regreso del Estado autoritario [1], es una de las más lúcidas explicaciones y crítica, sustentadas en los medios constitucionales y sus fines. Las cinco razones que detalla Villanueva van al fondo y forma de las propuestas panistas y cuestiona que el anteproyecto de Calderón y su grupo quiera desmantelar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y dejarla como apéndice de la SCT, para permitir los abusos presidenciales, y que busca “subordinar a los concesionarios a los vaivenes de la política gubernamental”.
Los panistas nazifascistas –pues su inspiración está en lo que Hitler-Goebbels impusieron en los medios de comunicación y el cine, al dar a la SCT la facultad discrecional para otorgar concesiones de radio y televisión– quieren controlar las nuevas frecuencias con requisitos autoritarios y que el gobierno designe los contenidos de la programación cuando se trate de informar y criticar a los actores de la vida pública, a los que no se tocará “ni con el pétalo de una rosa”. Y, lo mucho muy grave, quieren suprimir el derecho de amparo, pieza fundamental de la institucionalidad democrática para evitar la interrupción de la vigencia constitucional, al dejar en total estado de indefensión, cuando a concesionarios, permisionarios e incluso a periodistas se les prohíba ejercer derechos y garantías que constituyen al individuo mexicano como persona y ciudadano con sus medios jurídico-democráticos y republicanos para limitar los abusos de los gobernantes.
Los panistas quieren fortalecer, en lugar de un estado de derecho y fines republicanos con apoyo en el liberalismo político, un Estado nazi-fascista plenamente autocrático. Si avanzamos a duras penas (a pesar del calderonismo y del PAN) a más democracia, entonces el anteproyecto para una ley federal de telecomunicaciones que presentaron los del PAN debe rechazarse para evitar sus tentaciones autoritarias, pues no hallan cómo pasar del golpismo militar a olvidar las elecciones presidenciales de 2012, que ya tienen perdidas, para ser echados de la Presidencia de la República tras su fracaso como gobierno y administración fallidas.
El PAN, en los órganos legislativos del Estado federal, quiere establecer un Estado unitario-autoritario. Y con el camuflaje de impedir abusos en radio y televisión, como partido y grupo en el poder, arrasan derechos y garantías que apuntalan las libertades políticas conquistadas como fondo del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, y no como simples festividades con las que éstos buscan distraer a los mexicanos para interrumpir la observancia de los principios fundamentales de la Constitución.
[1] Proceso, 25 de mayo de 2010.
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